Presidente de la Corte Suprema superpone DDHH a la Ley chilena

Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema

Presidente de la Corte Suprema superpone DDHH a la Ley chilena

Según consigna El Mercurio en su edición de hoy, el Presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva entre otros temas indica que a pesar que la gente pide mayor dureza en los fallos por violencia, aplicarlo se hace complicado porque se debe llegar “a un justo equilibrio” con los procesos que involucran a los “manifestantes”, para quienes se debe velar primero por sus derechos humanos.

Al mismo tiempo el magistrado critica la idea de aplicar mayores penas a personas que pertenezcan a grupos de choque que atacan a la fuerza pública, saquean o destruyan la propiedad, como la primera línea.

“He escuchado que se está pensando tipificar como delito el integrar una primera línea” agrega, llamando a tener cautela en estos aspectos pues en primera instancia hay que imponer lo que dictan los tratados de DDHH antes que nuestras propias leyes. No se refiere a las figuras legales que sí aplican para grupos violentistas que se coluden para saquear, destruir y quemar además de atacar a Carabineros con bombas incendiarias, balines, palos, piedras e incluso con armas de fuego.

En el marco de la apertura del año judicial, Silva manifiesta su preocupación por “la alta tensión entre los manifestantes y los agentes de Estado a cargo de la seguridad de la población”, pero no critica a la Fiscalía por su desinterés en perseguir a estos grupos de encapuchados que transforman cualquier manifestación en un escenario de violencia que afecta directamente los derechos fundamentales de todo el resto de la población en diferentes ciudades del país.

Cámara aprueba Paridad de Género para Convención Constituyente

Aunque aun se encuentra en duda la factibilidad técnica de la “Convención Mixta” en caso de aprobarse la elaboración de una nueva Constitución el 26 de Abril, la Cámara se apresuró para aprobar la Paridad de Género para el proceso, aunque los propios Diputados han declarado en múltiples oportunidades que no se encuentran disponibles para dicho proceso.

La fórmula aprobada durante la tarde del miércoles 4 de Marzo propone que en los distritos impares no puede existir diferencia de más de un candidato de un sexo por sobre el otro. Si llegara a ocurrir esta diferencia, se corregirá quitando de los candidatos al que obtenga menor votación dentro del sexo sobrerepresentado y será reemplazado por quien tenga mayor cantidad de votos dentro del sexo con menor representación.

El acuerdo se logró con un total de 100 votos a favor, entre los cuales se contó con la aprobación de los RN

Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y Ximena Ossandón, y con el del Evopoli Sebastián Keitel.

El mecanismo presentado fue impuesto por la oposición.

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Cronología y Claves Crisis en Chile

Chile… Un país que hasta el 18 de Octubre era el ejemplo a seguir por los demás países latinoamericanos, hoy está convertido en un campo de enfrentamientos movidos y motivados por la ideología, las diferencias políticas y una serie de sucesos que parecen no tener relación entre sí y sin embargo se unen para intentar destruir la institucionalidad de una nación que gozaba de gran prestigio.

El mundo observa con asombro lo que ocurre en Chile: violencia a diario desde el 18 de Octubre cuando todo comenzó con la “evasión” en el pago de los pasajes del Metro por parte de un grupo de estudiantes en diferentes estaciones del ferrocarril subterráneo de Santiago. Ese simple acto de rebeldía, con el transcurso de las horas, se transformó en insurrección civil y hoy enfrentamos un país completamente dividido entre quienes justifican la quema de estaciones del Metro, buses del Transantiago, destrucción de mobiliario público y privado, saqueos e incendios a supermercados, farmacias, locales comerciales pequeños, medianos, grandes, industrias, etc., y quienes entienden que estos actos de destrucción son un peligroso cóctel que une delincuencia y terrorismo.

¿Qué le pasó a Chile? Es la pregunta que se repiten desde el exterior y también entre los propios chilenos que observan perplejos el paso de los sucesos que poco a poco dejan de sorprender.

Chile es una nación que evidentemente tiene problemas, como cualquier país.

  • Pensiones bajas para la tercera edad
  • Un sistema de Salud Pública que no cubre las necesidades reales de su población
  • Educación muy desigual entre lo público y lo privado
  • Abusos de parte del mundo político que insiste en aumentar los impuestos que, aun cuando se dice gravarán a “los más ricos”, terminan afectando directamente a los más desposeídos y a la esforzada clase media
  • Negligencia de los políticos al velar por sus propios intereses al momento de legislar políticas públicas, contratos con privados y negociaciones a través de la Ley del Lobby que permite aprovecharse de los ciudadanos para favorecer a ciertas empresas
  • Indiferencia de empresarios y políticos que llevan los gastos de las personas al límite con excesivos cobros por servicios básicos cuyo alcance debería estar garantizado por el Estado
  • Tamaño exagerado del Estado, con sueldos que superan ampliamente el promedio del chileno medio y en muchos casos sin justificar siquiera el puesto de trabajo
  • Diputados y Senadores que se autoasignan alzas de sus dietas (sueldos) viáticos, bonos, beneficios, etc., dejando a los ciudadanos como meros espectadores de una situación que a todos parece inverosímil pero que finalmente resulta cierta, apabullante y lamentable.
  • Un Poder Judicial que de acuerdo a los casos ya conocidos, falla sin respetar la Constitución y pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas sin que exista para ellos ningún tipo de sanción por actos de prevaricación y otros reñidos fuertemente con el espíritu de la Ley.

De este modo se ha destruido la institucionalidad del país a vista y paciencia de la ciudadanía y de las propias autoridades que no han mostrado interés real en acabar con estas irregularidades que terminan afectando a todas las personas que habitan la nación.

Ante todos estos hechos era de esperar que en cualquier momento ocurriera un levantamiento del malestar ciudadano, y este se expresó el día viernes 25 de Octubre en una de las marchas más masivas de la historia chilena, con una asistencia que se confirmó en poco más de 750.000 manifestantes de todos los sectores políticos. Y es que los motivos de la ira contra “el sistema” eran transversales, todos los chilenos son fuertemente afectados por el comportamiento de los poderes del Estado y las consecuencias recaen directamente en el bolsillo y por lo tanto en las oportunidades.

Es a lo que se le llamó las “Demandas Sociales”.

El Gobierno y el Congreso acusaron recibo. Desde ese día se comenzaron a enviar una serie de proyectos desde el Gobierno para intentar aplacar “la ira del pueblo” que no cesaba en su manifestación violenta para mostrar su completo desacuerdo con el Estado. Ninguno de esos proyectos ha parecido ser suficiente y las movilizaciones que continuamos viviendo en Marzo del 2020 demuestran que el objetivo final jamás fue satisfacer las demandas sociales sino instalar una Nueva Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. La izquierda chilena por medio de varias de sus personalidades se ha encargado con el paso de las semanas de instalar este objetivo como única “demanda social” y las personas olvidaron rápidamente cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a la calle el 25 de Octubre, reemplazándolas en su mente por la “urgente necesidad” de tener una nueva Constitución para el país.

La ingenuidad o entrega del Gobierno es la clave para entender el punto en el que Chile se encuentra. La violencia se ha transformado en un arma de negociación y, aunque el Gobierno ceda ante cada demanda que plantean los grupos que amparan esta violencia, los actos de destrucción continúan ocurriendo y creciendo acompañados de amenazas directas al Gobierno, a las instituciones y a las personas.

Desde ese día de Octubre las personas con capacidad de análisis pudieron prever lo que se venía encima si el Gobierno no reaccionaba adecuadamente. Y no lo hizo. En lugar de imponer el orden con las herramientas constitucionales que posee, prefirió accionar tibiamente negociando día tras día con la izquierda chilena para “conseguir la paz”, Paz que nadie esperaba que realmente llegara a las calles de las ciudades si no se contaba con fuerzas de orden con las armas y el respaldo político y judicial suficientes para enfrentar a verdaderas ordas de delincuentes y terroristas que tienen secuestrado el país y la actividad económica.

La falta de decisión del Gobierno para enfrentar estos actos de insurrección está cobrando y bastante caro, con un IPC al alza mientras la actividad económica decae a niveles históricos y los índices de desempleo comienzan a mostrar una aceleración nunca antes vista.

Existen culpables directos de estos llamados a incendiar Chile. Se trata de políticos con nombre y apellidos conocidos a quienes leemos en las redes sociales incentivando a delincuentes y terroristas para que continúen en la calle en lugar de buscar soluciones para acabar con esta ola de violencia. Pero el principal culpable es el Gobierno de Chile que, con su laxitud para enfrentar lo que ocurre ante su propia nariz en las calles, ha permitido que cuando miramos nuestras calles cada mañana, no sepamos si nos encontramos en un país en plena guerra civil o en un sucio rincón de un país tercermundista.

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