El asesinato luego de una emboscada del cual fue víctima el Cabo Segundo Eugenio Nain, ocurrido el pasado 30 de Octubre, no es el único que se registra en la zona dominada por el terrorismo y el narcotráfico.

El día 2 de Abril de 2012, el sargento segundo del Gope, Hugo Albornoz, recibió una bala en el cuello mientras efectuaba un allanamiento en una comunidad mapuche de Ercilla, siendo él la primera víctima fatal de la Institución. Sumando a ambos funcionarios, ya se contabilizan 10 asesinatos por parte de grupos terroristas vinculados a la CAM y a comunidades indígenas autónomas.

Solamente en lo que va corrido de este año 2020, 83 funcionarios uniformados han resultado con lesiones de diversa gravedad tras ataques con armamento de guerra, ataques a comisarías y unidades policiales, ataques en medio de procedimientos y, varias emboscadas que han sufrido mientras cumplían sus funciones.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por “El Austral”, de La Araucanía, contabilizando solamente los últimos 8 años han ocurrido 167 ataques contra Carabineros en esa zona. La mayoría de ellos reviste carácter terrorista y aun así el Gobierno y el Legislativo no han aplicado las medidas correspondientes para asegurar la paz en una zona del país que cada día se vuelve más violenta y peligrosa para sus habitantes.

Continúa el terrorismo en la Araucanía, en lo que el Gobierno sigue denominando como actos violentos propios de la delincuencia.

Hoy viernes 30 de Octubre, faltando 5 minutos para las 10 de la mañana, a la altura de Padre las casas en La Araucanía, un vehículo de Carabineros desarrollaba patrullajes de rutina por la ruta 5 Sur luego de desarrollar un procedimiento para devolver un predio usurpado por comunidades terroristas de la CAM, cuando de improviso, a la altura del kilómetro 682 en dirección al norte, el carro policial fue emboscado por aproximadamente 10 terroristas encapuchados que abrieron fuego contra la unidad policial con armamento de guerra.

La patrulla repelió el ataque haciendo uso de su armamento oficial, sin embargo uno o más disparos impactaron el la zona costal al conductor del vehículo, el cabo segundo Naín Caniumil, dejándolo en estado de extrema gravedad.

El uniformado fue trasladado de inmediato al hospital regional de Temuco ingresando a urgencias para ingresarlo a pabellón, lugar en el que lamentablemente falleció a los pocos minutos.

A esta hora se encuentran unidades especializadas en la zona para encontrar y detener a los terroristas que cometieron el ataque y asesinato.

Ante esta situación, como ciudadanos nos preguntamos ¿Cuándo el Gobierno declarará que en La Araucanía sí existen reductos terroristas, que hoy ha iniciado una nueva escalada atentando contra la vida de civiles y uniformados?

El Gobierno posee todas las facultades para enviar al Ejército a la zona, quienes en pocos días podrían terminar con el terrorismo que hoy cobra una nueva víctima. La pregunta es ¿Por qué no lo han hecho aun? Si tenemos que esperar a que comience una guerra civil en la región del sur ¿Quién será responsable directo? ¿Los terroristas o un gobierno que por cobardía frente a las represalias de una izquierda radical, no ha sido capaz de imponer el orden y la paz en un amplio sector de Chile en el que sus habitantes merecen el respeto y las garantías mínimas que el Estado debe proporcionar?

Hacemos un llamado desde los canales digitales al Gobierno de Chile para que reaccione con la visión país que corresponde, a cumplir con su mandato constitucional y con su parte del pacto social que le obliga a garantizar la paz, en lugar de negociar con terroristas.

En momentos en los que Aministía Internacional pretende influir junto a la ONU en el quehacer de Carabineros de Chile, por supuestos excesos por parte de la institución de orden y seguridad chilena para enfrentar los constantes ataques y destrucción de turbas de delincuentes a partir del 18 de Octubre de 2019, y cuando la oposición en el Congreso se ha empeñado en denigrar a la policía con el objetivo de descabezarla y bajar la moral de los uniformados, esta mañana se produce la detención de 10 delincuentes que organizaban los ataques a la subcomisaría de Peñalolén.

Se trata de dos adolescentes y ocho adultos que utilizaban las redes sociales para coordinar las acciones contra la comisaría y conseguir más adherentes para cometer los actos violentos que han provocado varios uniformados con diversas lesiones y más recientemente uno con quemaduras en gran parte de su cuerpo al recibir una bomba molotov el lunes recién pasado.

Los ataques por los que han sido imputados podrían no ser todos los ocurridos contra la subcomisaría y su personal, pero por ahora serán imputados por la menos 20 de éstos, ocurridos desde Agosto a la fecha. Los cargos que deben enfrentar los detenidos son asociación ilícita, lanzamiento de bombas molotov y disparo injustificado.

El fiscal a cargo de las diligencias investigativas es Manuel Guerra, de la Fiscalía Regional Oriente.

Un grave accidente ocurrió esta mañana en la Ruta 5 Sur, a la altura del cruce La Turbina, comuna de Ercilla.

Por motivos aun no aclarados, que podrían incluir según declaraciones de algunos testigos un atentado contra un camión que transitaba por el sector, el vehículo de carga quedó detenido en medio de la carretera. Producto de la densa niebla existente, los vehículos que venían en el mismo sentido se encontraron de improviso con el vehículo mayor comenzando a impactar uno tras otro.

Esto provocó el incendio de varios de los vehículos menores y mayores involucrados en el fatal accidente que hasta esta hora deja dos fallecidos que lamentar, además de 4 heridos de extrema gravedad y otros con lesiones menos graves.

De acuerdo a testimonios de personas que se encuentran en el lugar, dentro de los vehículos en llamas podrían haber más víctimas que no habrían alcanzado a salir.

En este momento se encuentran trabajando en la zona Bomberos de Ercilla y el tránsito se encuentra suspendido en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur.

Un grave atentado terrorista ocurrió esta mañana en Angol. 15 camiones y diversa maquinaria pertenecientes a un empresario de la zona fueron incendiados durante la madrugada, terminando con una empresa que entregaba empleo a decenas de personas. Las pérdidas fueron totales y ahora se espera que, de acuerdo al compromiso adquirido por el Gobierno al finalizar el paro de camioneros hace un mes, se le devuelva el valor de las máquinas al empresario, a costas del erario nacional, es decir con fondos provenientes de los impuestos que todos pagamos en Chile en lugar de detener de una vez la violencia y el terrorismo.

El empresario Gerardo Cerda manifiesta que se encuentra indignado con las autoridades que no han sido capaces, o no han tenido la voluntad para terminar de una vez con el terrorismo en la zona sur del país, afectando gravemente la producción, el emprendimiento y los empleos para la gente de la zona, además de exponer constantemente su vida ante violentistas que no trepidan en disparar para conseguir sus objetivos.

Pasadas casi dos horas desde el atentado, no habían llegado al lugar Carabineros ni ninguna autoridad.

Nota del editor:

Mientras el Gobierno siga permitiendo que el terrorismo sea el dueño de la zona de La Araucanía y Alto Biobío, y se limite a “compensar” económicamente a los propietarios de los camiones cuando los pierden frente a los ataques de los violentistas, la situación continuará empeorando y cada vez ocurrirán hechos más graves, sumando decenas o cientos de muertes de personas inocentes que solo buscan poder trabajar en paz.

El Gobierno no puede pretender que la solución sea compensar el pago de camiones con dinero de todos los chilenos, menos en una época tan complicada como la actual, en lugar de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho y asegurar la paz en todo el territorio nacional. Esto es parte del mandato constitucional que juraron defender, mandato que ellos mismos no están respetando, provocando con esto la muerte de compatriotas y el terror y amedrentamiento de la ciudadanía chilena.

José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (FEDESUR) comunicó esta mañana que “El paro ya está votado y aprobado a nivel nacional, falta definir cómo lo vamos a hacer”.

Esta drástica medida que llama a detener sus actividades a todos los camioneros del sur de Chile, se da en medio de los últimos atentados de los que han sido víctima los conductores y las máquinas. Sobre todo luego de que durante el día de ayer un nuevo ataque incendiario a uno de los camiones culminó con la hija de un conductor herida de gravedad con perdigones en su cuerpo por parte de terroristas que querían impedir que huyeran, cuando el padre conducía la máquina llevando como acompañantes a su familia.

Esta situación, explica el dirigente, fue “la gota que rebalsó el vaso, “El Gobierno, además, ni siquiera reacciona ante eso. No nos han escuchado el señor ministro del Interior, un señor ausente, porque no ha dicho nada sobre lo que sucedió, donde habiendo toque de queda, se le dispara a un camión, y ese camión por casualidad llevaba a su familia, no debería haberla llevado, pero llevaba la familia, y también sale lesionada una de sus hijas, que en este momento está en observación en el hospital”.

La FEDESUR ya había advertido que, si el Gobierno no hacía algo definitivo contra el terrorismo en La Araucanía, el siguiente paso sería el paro nacional. El Ejecutivo no ha tomado medidas y parece tener completamente abandonada a su suerte la zona, donde a diario ocurren atentados contra vehículos de todo tamaño, viviendas, predios y propiedad pública y privada, sin que las fuerzas de orden puedan actuar ya que el Gobierno los tiene atados de manos en el accionar y, si un carabinero intenta utilizar la fuerza para evitar estos actos violentos, es inmediatamente amenazado (sino dado de baja) por el propio Gobierno que parece apoyar a los terroristas en lugar de a las policías.

En cuanto al mecanismo y la oportunidad en que se iniciará el paro, se definirá esta tarde en una reunión a nivel nacional por medio de la plataforma Zoom. El paro, advierten, se realizará desde Arica a Punta Arenas y, no debería comenzar más allá del martes, aunque no descartan iniciarlo esta misma noche.

En una inédita situación, esta tarde Celestino Córdova comunicó al Gobierno que depondrá su huelga de hambre pues acepta la propuesta efectuada por el ejecutivo para permitir que el falso machi acuda a su casa (a la que denomina “rewe”) para “renovar sus energías” de acuerdo a su “cultura ancestral”.

De este modo, el asesino del matrimonio Luchsinger Mackay podrá estar hasta 30 horas fuera de prisión, luego de dejar atrás su supuesta huelga de hambre que ya llevaría más de 100 días a la fecha.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que el condenado pro el doble asesinato del matrimonio aceptó la propuesta emanada desde el Gobierno, por lo que se sienten satisfechos pues su primera misión es salvaguardar la vida de las personas y cumplir cabalmente con lo dictado desde la ONU a través del convenio 169 firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subsidiaria de la organización in ternacional.

Durante esta mañana la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el abogado defensor de Celestino Córdova, quien pretendía sustituir su condena por arresto domiciliario.

Celestino Córdova es el asesino condenado por el homicicidio del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013, en un ataque a la vivienda de las víctimas en Vilcún,  a quienes disparó e incendió la propiedad con ellos adentro. Hubo participación de otras personas, aunque el único condenado por los hechos fue esta persona, quien alude a su condición de “machi” sin tener antepasados de la etnia mapuche.

El fallo fue decidido por 4 votos a uno, y dicta que “no se reúnen los supuestos del artículo 21 de la Carta Política para acceder al arbitrio impetrado, como quiera que la privación de libertad del amparado no reviste caracteres de ilegalidad, ni tampoco se ha afectado su seguridad individual por actos que emanen de la autoridad penitenciaria”.

Córdova ya cumplió más de 100 días en “huelga de hambre” para exigir beneficios, una huelga de hambre que al parecer no tiene efectos en su salud hasta el momento.

Esta mañana la Comisión de Ética de la Cámara declaró admisible el requerimiento presentado contra Hugo Gutiérrez, diputado del partido comunista, quien se enfrentó a una patrulla de la Armada que lo fiscalizó en plena cuarentena la noche del sábado recién pasado.

Al momento del control, el parlamentario de izquierda se negó a ser sometido a la fiscalización, argumentando que él es “más autoridad que ustedes” y “si ustedes me fiscalizan, yo tendré que denunciarlos en el Congreso”.

Tampoco aceptó entregar la identidad de las personas que lo acompañaban, entre ellos una menor de edad.

El requerimiento fue efectuado por los parlamentarios Miguel Mellado, Frank Sahuermann, Eduardo Durán, Sebastián Torrealba y Camilo Morán, todos ellos de Renovación Nacional. Paralelamente la Fiscalía inició una investigación por posible “abusod e poder” contra el personal que lo intentó fiscalizar y el posible desacato de las normas sanitarias vigentes por la pandemia, colocando en riesgo la salud pública.

Un grupo de casi 500 personas y organizaciones de izquierda enviaron esta mañana una misiva al Gobierno para que se otorgue beneficios extra a los condenados provenientes de la etnia mapuche, entre ellos el que dice ser “machi”, Celestino Córdova, asesino junto a otros terroristas de la pareja Luchsinger Mackay a quienes quemaron vivos dentro de su vivienda el año 2013.

Entre los firmantes de la carta se encuentran las fundaciones Igualdad, Chile 21, Horizonte ciudadano (de Michelle Bachelet), Participa, Centro Democracia y Comunidad, Nodo 21 y senadores como Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste  y Juan Ignacio Latorre.

Otros firmantes son los alcaldes Jorge Sharp, Gonzalo Durán, el ex subsecretario de Justicia Nicolás Mena,  y entre los diputados se encuentran Miguel Crispi, Giorgio Jackson,  Loreto Carvajal, Maite Orsini, Ricardo Celis, y Emilia Nuyado.

La misiva busca que el Gobierno establezca medidas urgentes para salvar la vida de los condenados que hoy se encuentran en huelga de hambre y, en una clara amenaza de extorsión, para “evitar más violencia en la Araucanía”.

De acuerdo a la carta, ellos buscan que el Ejecutivo evalúe el cumplimiento de las penas considerando la “diversidad cultural”, entregando tres propuestas que, según estas personas, se ajustarían al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Proponen que los condenados puedan cumplir las condenas en un centro de educación y trabajo semi-abierto, y que además gendarmería habilite uno de ellos urgentemente y que contenga las condiciones adecuadas para que los delincuentes puedan “cumplir sus condenas con pleno respeto a su cosmovisión cultural y en armonía con los dispuesto en el Convenio 169”.

Además solicitan que el “machi” Celestino Córdova, condenado por asesinato de dos personas, pueda cuimplir su pena en su “rewe”. Cabe mencionar que La Vereda revisó los antecedentes del Registro Civil para el asesino Córdova, donde no aparece ninguna relación de este delincuente con la etnia mapuche. De hecho no está acreditado como procedente de la etnia indígena, revelándose de este modo que es un delincuente no mapuche pero, que se ha escudado tras esa “causa” para cometer delitos de diversa índole incluidos dos asesinatos comprobados.