Fiscalía solicita audiencia para formalizar a Senador Ossandón

Fiscalía solicita audiencia para formalizar a Senador Ossandón

Durante esta mañana la Fiscalía Metropolitana Oriente envió un oficio al Juzgado de Garantía de Puente Alto, solicitando una audiencia para proceder con la formalización del senador y ex alcalde de esa comuna, Manuel José Ossandón. Los motivos argumentados son el delito reiterado de tráficos de influencias.

Los hechos denunciados sucedieron entre los años 2017 y 2018, referidos a un negocio relacionado con la extracción de áridos, en el que el actual senador estaría involucrado, de acuerdo a los señalado por su primo y actual alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda.

La denuncia presentada por Balmaceda contra su primo en Noviembre de 2019, acusa a Ossandón de haber intervenido realizando presiones sobre él y otros miembros del concejo municipal con el objeto de dictaminar a favor de la empresa Cavilú SpA, dedicada a la extracción de áridos. Esta empresa pertenece, además, a uno de los hijos del senador.

El alcalde de Pirque además indicó que Ossandón nunca hizo saber a él ni al concejo que su hijo Nicolás Ossandón es socio de la mencionada empresa.

¿Quién controla al Ministerio Público?

En diversas situaciones a lo largo de los últimos años, el Ministerio Público ha sido cuestionado por la ciudadanía ante ciertos procedimientos, sobre todo en aquellos que contienen sesgo político. Sin embargo el accionar tanto de la Corte de Apelaciones como el de la Corte Suprema, en un número importante de resoluciones ha demostrado tener mayor sensatez.

No es el caso de los hechos ocurridos el día 13 de Mayo, cuando una patrulla de infantes de marina efectuaba controles de rutina en la ciudad de Lota, en el marco del toque de queda y las restricciones de desplazamiento asociadas a esta medida de confinamiento por la crisis sanitaria que vive el país.

Al ordenar detenerse a un vehículo de color gris para efectuar el control, ése optó por no hacer caso a las señales de los uniformados, quienes tuvieron que apartarse rápidamente del trayecto del vehículo para evitar ser embestidos. Como respuesta, y en el amplio uso de sus facultades, uno de ellos realizó un disparo con una bala de salva, al aire. Al continuar el vehículo, otro de los marinos disparó hacia el vehículo con su escopeta anti-motines, pegando la bala de goma en la puerta del automóvil. Ninguno de los dos intentos para detener a la persona que conducía rindieron frutos, dándose finalmente a la fuga.

La patrulla se dirigió de inmediato a la comisaría más cercana para dar cuenta de los hechos e interponer la denuncia por intento de homicidio del que fueron víctimas por parte del conductor. El Carabinero que tomó la declaración se comunicó de inmediato con el Fiscal a cargo, quien de forma inexplicable decidió declarar a los infantes de marina como imputados de un eventual ilícito, sin existir absolutamente ningún indicio de que hubiera ocurrido un hecho en ese sentido.

Los uniformados, al darse cuenta que el fiscal los estaba transformando de víctimas a victimarios, guardaron silencio y luego interpusieron un recurso de amparo, que fue favorablemente acogido por la Corte de Apelaciones luego de recibir todos los antecedentes, y que determinó además que el fiscal incurrió en una ilegalidad al transformar en imputados a las víctimas sin  que existiera antecedente alguno para esa decisión.

La Fiscalía decidió no dejar el caso y lo llevó a la instancia superior, la Corte Suprema. En dicha corte, a pesar de que no se desconoce la conducta inapropiada de la Fiscalía, determinó que las atribuciones de investigación son exclusivas del Ministerio Público y, en tal calidad puede libremente atribuir a una persona el carácter de imputado, incluso ante la inexistencia de antecedentes que lo ameriten.

De este modo ¿los ciudadanos debemos entender tras este fallo que la Fiscalía puede inventar delitos e imputar inocentes?

Como medio que espera que los derechos de las personas sean respetados y nadie pueda interponer su poder por sobre los demás de forma arbitraria e inexplicable, cabe no solamente solicitar al Poder Judicial una explicación acerca de este grave caso, sino también conocer los límites que tienen las Fiscalías, los fiscales y, qué pasos debe seguir una persona que estime que sus derechos han sido vulnerados soezmente por la Fiscalía, como ha ocurrido en esta insólita situación.

Retorno gradual al trabajo presencial no es del gusto de funcionarios públicos

El día viernes el Gobierno anunció que 60.000 trabajadores del sector público regresarán de forma gradual a las labores presenciales señalando que la vuelta a los lugares físicos se realizará de forma “gradual y en condiciones de reguardo a la salud”.

Ayer sábado en las redes sociales los empleados públicos, liderados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), manifestaron su descontento con la decisión. en las redes sociales señalan que no cuentan con las medidas de seguridad para evitar contagios, y algunos de ellos han comenzado a efectuar llamados para realizar un “paro total” por dos días a fines de Abril.

Los trabajadores, que en promedio ganan sobre un millón y medio de pesos mensuales estén en paro o en medio de una pandemia, llevan casi un mes sin actividades presenciales lo que ha relentizado todos los procesos y trámites necesarios para lograr un retorno a la normalidad en el país.

La ANEF está realizando declaraciones a los medios y en las redes sociales indicando que esta decisión “se trata de una irresponsabilidad criminal”

La Contraloría General de la República, por su lado, indicó a través de su cuenta twitter que “Es efectivo que nuestra institución mantiene su modalidad de trabajo remoto. Las razones esgrimidas se basan en que remótamente(sic) seguimos manteniendo la continuidad del servicio, aunque manteniendo en primer lugar el cuidado de la salud de funcionarios/as”. esta declaración fue posteriormente respaldada por el Contralor Jorge Bermúdez en una declaración pública.

Mientras tanto el Fiscal Jorge Abbott envió un mail a los funcionarios de la Fiscalía en el que instruye que no se respetará este llamado del Gobierno tomando en consideración que “al ser el Ministerio Público una institución autónoma del Estado, la mencionada instrucción no nos resulta aplicable”. Luego señaló que “como lo hice saber ayer a todos los fiscales regionales y durante el día de hoy a todas las Asociaciones de Fiscales y Funcionarios, he resuelto no innovar en el sistema de trabajo vigente en tanto no disponga de los medios y garantías para resguardar la salud de nuestros fiscales y funcionarios, sistema que se encuentra plasmado en el protocolo respectivo”.

 

Grave conductor que intentó atropellar a militares durante toque de queda

En Arica, un sujeto intentó embestir con su vehículo a una patrulla militar que vigilaba el cumplimiento del Toque de Queda decretado a raíz del estado de Catástrofe derivado del Coronavirus.

Alrededor de las 4 de la mañana, el conductor de 34 años de edad circulaba por avenida Diego Portales con Alejandro Azolas, lugar en el que fue conminado a detenerse para el control durante el toque de queda, por parte de una patrulla militar. El infractor no hizo caso a las señales de detención y, para intentar evadirlos aceleró contra los uniformados con claras intenciones de embestirlos. Ante esta situación, los militares efectuaron dos disparos contra el vehículo, dando uno de ellos en el torax del sujeto y el otro en una de sus piernas.

Luego de derivar al conductor a un centro hospitalario de la ciudad, donde se encuentra en estado grave y bajo arresto, se hicieron presentes funcionarios de la PDI y el fiscal Patricio Espinoza, quienes llevan a cabo las diligencias y pericias pertinentes.

Fisco deberá pagar 210 millones a hombre perseguido por la Fiscalía de La Serena

La historia se inicia en Junio del 2012, cuando el padre de familia fue acusado de violación. La fiscalía imputó al hombre como autor de los delitos de abuso sexual agravado y violación impropia contra sus propios hijos. Por estos cargos el ente persecutor mantuvo al acusado durante 18 meses en prisión preventiva hasta que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena lo absolvió de todos los cargos decretando su inocencia.

Entonces interpuso una querella por calumnias contra su ex pareja, causa que no prosperó.

Sin embargo sí avanzó la demanda contra el fisco por daño moral y material por parte del Ministerio Público. El fallo detalla que el ente persecutor mantuvo una conducta tendenciosa en la persecución penal, alejándose del principio de objetividad que debe guiar la investigación, y producto de esto ordenó al Estado a pagar una suma total de $209.845.591.

El afectado alegó que producto de la acusación por la que fue encarcelado, perdió su trabajo, sufrió daños físicos y psicológicos que aun se mantienen, además del escarnio público al que aun se encuentra sometido a pesar de haber resultado absuelto de todos los cargos.

La resolución destaca que la Fiscalía sólo se enfocó durante todo el proceso en las diligencias que inculpaban al acusado, pero no atendió innumerables pruebas y circunstancias que desde el inicio hubiesen demostrado la inocencia del perseguido.

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