El senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, anunció la presentación de un proyecto de ley que crea una “comisión de expertos” para redactar una nueva Constitución ante un eventual triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, el que se votará el próximo domingo 4 de septiembre. La iniciativa del parlamentario propone una comisión mixta de cinco diputados y cinco senadores elegidos por el Congreso, quienes procederán a convocar a una comisión integrada por académicos de reconocido prestigio en ciencias jurídicas y políticas, para que en un plazo de seis meses redacten una nueva Carta Magna.
“Los chilenos sabemos que es posible que el Rechazo gane en el plebiscito de salida, y es por esa razón que luego de conversar con diversos académicos, partidos políticos y senadores, hemos trabajado con mi equipo un proyecto de reforma constitucional para dar la certeza a todos los chilenos que voten por la opción Rechazo que podrá existir una opción diferente con especialistas, académicos y personas que tengan las competencias suficientes para poder redactar una buena Constitución. Sabemos que hoy los actuales constituyentes están haciendo puras chambonadas y nosotros queremos que al país le vaya bien, que se tenga la certeza jurídica de que cualquier chileno va a tener respeto frente a la justicia, tendrá el derecho a emprender o a poder sentirse libre por las calles”, señaló Castro.
En el mismo sentido, el senador agregó que “Chile tiene una tradición de 200 años de democracia y no la podemos perder, esa es la razón por la que he elaborado este proyecto que espero presentar oficialmente próximamente. Si no me acompañan otros senadores, la verdad es que lo presentaré solo para que tengamos una opción y todos los chilenos y chilenas tengamos la tranquilidad de saber que, sobre todos quienes votaron pensando en cambiar la Constitución, se continuará adelante con ese proceso, que es tan importante para sentirnos todos partes de vivir en este mismo Chile”.
Cabe destacar que la propuesta busca también establecer lineamientos que deberían seguir los expertos. Por ejemplo, menciona que lo redactado debe considerar la tradición constitucional chilena, incluir el reconocimiento a los pueblos originarios y “que Chile es un Estado social, y deberá incluir un catálogo de derechos sociales, que reflejarán el deber del Estado de cumplir un rol activo en la provisión de prestaciones sociales”. Asimismo, deberá garantizar “la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, la protección de la naturaleza, el reconocimiento y aseguramiento del agua para consumo humano, la equidad entre mujeres y hombres, el derecho a una pensión digna, y la inexpropiabilidad y heredabilidad de los fondos de capitalización individual”.
