En medio de polémica por las declaraciones cruzadas entre la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por la llamada “tómbola vip” y la plataforma Anótate en la Lista que permitiría saltarse la fila a apoderados que paguen para obtener matrículas, las diputadas y diputados del Partido Social Cristiano (PSC) ingresaron un oficio en Contraloría regional de Valparaíso para que fiscalice y determine tanto la veracidad de dichas denuncias como legalidad de dicho soporte tecnológico contratado por el Mineduc.
“Hoy junto a los diputados y diputadas del PSC, Roberto Arroyo y Francesca Muñoz, vinimos a Contraloría para entregar todos los antecedentes que hemos recopilado a raíz de las denuncias contra esta plataforma licitada por el ministerio de Educación, la que reúne a aquellos alumnos que quedaron fuera del sistema de admisión escolar en listas de espera, pero que contendría un servicio premium donde los apoderados pueden pagar alrededor de 109.000 pesos para poder saltarse la lista, lo que la misma ministra Vallejo declaró como algo grave y que vulnera totalmente un derecho constitucional que hoy tenemos como país que es la igualdad ante la ley, y sobre todo, que juega con algo tan importante que es el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que es el derecho a la educación”, señaló la diputada Concha.
En este mismo sentido, la presidenta del PSC agregó que “nos parece que estas denuncias son graves y por eso es que hemos llegado a Contraloría, por lo que esperamos que sea este ente fiscalizador el que pueda esclarecer cómo se han dado los hechos y qué rol cumple esta empresa que se ha licitado para esta plataforma virtual. Además, aquí hay un tema súper importante y es que hay un trato directo que se hizo desde el Mineduc con esta empresa por cerca de 142 millones de pesos, lo que debe ser esclarecido y detallar cómo se ha estado llevando adelante esta política de educación, donde se han vulnerado varios derechos importantes de los menores de nuestro país”.
Por su parte, la diputada Francesca Muñoz, indicó que “esperamos se verifique la legalidad de este contrato que tiene la subsecretaría de Educación y esta empresa informática que está prestando este servicio. Frente a la cruda realidad que estamos viviendo con las faltas de matrículas en nuestro país, efectivamente hay denuncias por parte de sostenedores de recintos educacionales y apoderados que se estaría cobrando un monto económico por hacer más expedito el acceso a las matrículas, lo que nos parece inaceptable y extremadamente grave”.
En tanto, el diputado Roberto Arroyo, manifestó que “este es un desorden más dentro de todos los desórdenes que ha tenido el Gobierno en muchas áreas. En Educación, aparte del tema de la tómbola, que ha traído mucha irregularidad, se suma este sistema que se habría realizado con contrato directo, por lo que nosotros queremos que Contraloría transparente esta situación, y los que sean beneficiado sean los niños y la educación chilena”.
