Ex presidente español Rodríguez Zapatero y Grupo de Puebla estarían tras la violencia en América

Ex presidente español Rodríguez Zapatero y Grupo de Puebla estarían tras la violencia en América

De acuerdo a los antecedentes recabados, y tras un audio filtrado desde una reunión del Grupo de Puebla que reúne a la izquierda internacional, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero se encontraría tras la planificación de los ataques y organización de acciones violentas en Latinoamérica y Estados Unidos durante los últimos meses.

La ola de desestabilización de regímenes democráticos en la región  comenzó con Chile el 18 de Octubre y luego se propagó a otros países como Colombia para terminar, en medio de la crisis por el Covid-19, afectando con acciones muy similares a la democracia en Estados Unidos donde, además se replican símbolos utilizados en Chile como el “perro matapacos”, banderas mapuches, alusiones al estallido de violencia en Chile, ataque a policías, destrucción de monumentos, incendio de iglesias, saqueos, robos de supermercados y tiendas, etc.

En las reuniones efectuadas por el Grupo de Puebla se congregan diversas personalidades de la izquierda internacional, y en ella participan además diversos políticos chilenos como José Miguel Insulza, Marco Enriquez Ominami, Esteban Silva Cuadra y diversos referentes del Frente Amplio, algunos de ellos que viajaron recientemente a Estados Unidos para reunirse con dirigentes izquierdistas en ese país. Además, en la última convocatoria de esta organización el actual presidente de Argentina también tuvo una participación polémica al insinuar que era hora que la izquierda Chilena recuperara el poder, criticando al gobierno de Sebastián Piñera.

En su participación del 15 de Mayo recién pasado, Rodríguez Zapatero insistía en la necesidad de “colocar a Estados Unidos en una situación imposible”, destacando que es necesario monitorear cuál sería en efecto político y social en el país del Norte tras las acciones de la izquierda, con el objetivo de dar la vuelta al concepto de “American First” esbozado como emblema por el presidente Donald Trump.

La grabación que involucra al Grupo de Puebla completo se inserta dentro de una noticia publicada por Paul Sfeir para Radio Televisión Martí, en Miami:

AUDIO Completo:

José Luis Rodriguez Zapatero tras violencia en América

En el audio se recogen impresiones de políticos españoles acerca de la gravedad de estos hechos.

Video con las declaraciones del ex mandatario español:

Trump enviará a militares para acabar con los disturbios y violencia

Nuevamente los medios de comunicación latinoamericanos han tergiversado la realidad con lo que está sucediendo en Estados Unidos a raíz de la muerte de un afroamericano en manos de la policía, hecho que la izquierda ha utilizado, una vez más, hábilmente para imponer la idea de que el racismo es parte de las políticas de Estado de la Casa Blanca y de este modo instalar un pretexto en el colectivo para provocar disturbios y atacar violentamente a las fuerzas de orden.

Las imágenes y videos que llegan desde el país del norte muestran una increíble similitud con lo sucedido en Chile a partir del 18 de Octubre de 2019. En diversos estados han ocurrido hechos de vandalismo descontrolado, saqueo de supermercados, tiendas de electrodomésticos, de artículos de lujo, etc., además de incendios y destrucción junto al asalto y daños a monumentos nacionales e iglesias.

Sin embargo la izquierda esta vez se equivoca. Lo que están intentando hacer no se enmarca dentro del espíritu republicano y democrático que siempre ha sido característica de los ciudadanos norteamericanos y, además hoy están gobernados por un presidente que no trepidará en aplicar la justicia con toda su fuerza a los violentistas, agresores y delincuentes que han salido a las calles ante el llamado de la izquierda internacional y algunos sectores demócratas radicales de ese país.

Ante los hechos, el presidente de Estados Unidos anunció durante la tarde de este lunes que desplegará a miles de soldados y policías con amplias facultades para detener los disturbios en Washington DC, añadiendo que “estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para parar los disturbios y saqueos, para parar la destrucción e incendios provocados. Y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley”.

Al mismo tiempo anunció que a partir de las 19:00 locales se impone Toque de Queda advirtiendo que “quien viole la ley será detenido y se enfrentará a cargos criminales. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una presencia policial abrumadora hasta que la violencia haya sido sofocada. Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré al Ejército de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos”.

En varios de sus tweets del lunes, Trump mostró a participantes y organizadores de las protestas y manifestaciones incluyendo a una persona sorprendida en video mientras le pagaba a violentistas y les entregaba instrucciones detalladas de cómo proceder y cuáles serían sus siguientes objetivos. “Ya hemos puesto los ojos sobre ti”, advirtió en uno de sus mensajes.

VIDEOS | La izquierda ataca en Estados Unidos

La muerte de George Floyd, responsabilidad de un procedimiento policial donde existió uso excesivo de la fuerza, se ha transformado en el detonante para una masa de latinoamericanos y afroamericanos que, incentivados por los gritos de revolución de la izquierda mundial, han intentado replicar la violencia que se impuso en Chile a partir del 18 de Octubre de 2019.

En la práctica, George Floyd es el “Catrillanca” norteamericano. El policía causante de su muerte se encuentra arrestado desde el viernes, sin embargo los gritos en las calles de varios estados norteamericanos, acompañados por sendas protestas con carteles, barricadas, saqueos e incendios, rezan “Justicia para Floyd”. Justicia que ya se está aplicando desde el mismo momento en el que ocurrieron los hechos. Entonces ¿Qué pasó realmente?

Ocurrió lo mismo que pasó en Chile. Ocurrió un detonante, una torpeza o un propósito por parte de un policía, y es la justicia quien determinar qué sucedió y aplicar las penas que correspondan. Así es como debe suceder en cualquier país civilizado, donde sus leyes se respeten y hagan respetar. Pero a partir de ese momento la izquierda vio una oportunidad única para introducir su ya ultra conocida estrategia del engaño, haciendo creer a miles de ciudadanos -principalmente afroamericanos y latinos inmigrantes- que “el Estado es un opresor y asesino”. Tal como lo hicieron en Venezuela años atrás, y hace unos meses en Chile.

Esa izquierda encontró eco inmediato en súbditos que se encuentran en el poder en los estados gobernados por activistas “demócratas”, quienes son el símil a nuestra izquierda. Encendidas declaraciones de estos personajes, respaldados por una prensa ávida de noticias en torno al caos, incentivaron a delincuentes y anarquistas a salir a las calles a saquear, incendiar, atacar a la policía con bombas molotov y gritar, cínicamente, “Justicia para Floyd”.

No se explica cómo el robo de televisores, carteras Louis Vuitton y electrodomésticos al por mayor, el incendio de las tiendas, supermercados, la destrucción de infraestructura pública y privada, el ataque a policías y destrucción y daño a monumentos históricos, podrían entregar “justicia para Floyd”.

Sin embargo los delincuentes y violentistas olvidan que se encuentran en Estados Unidos, un país que su presidente prometió que “jamás será socialista”. En los próximos días veremos de qué está hecho Donald Trump y cómo detendrá esta intentona que ha hecho la izquierda para sublevar a las masas, con el afán de imponer su fracasada ideología en un país que recibió a esa misma masa de violentistas con los brazos abiertos.

La siguiente es la galería de videos que registran los actos de todos aquellos que gritan “Justicia para Floyd”.

“Querellas contra quienes resulten responsables” o, normalización de la violencia

Carta de Gabriel Ormeño M.

Importantes y reconocidos expertos en Economía, Desarrollo Social, Educación, por mencionar algunos, son coincidentes en expresar enorme preocupación por el tema Orden Público, una vez terminadas las medidas excepción vigentes con motivo de la Pandemia que afecta al país y al mundo.

Para algunos de ellos, si la autoridad no tiene capacidad para restablecer el Orden Público, es muy difícil visualizar normalidad en retomar el crecimiento y desarrollo del país.

Con el apoyo, a lo mejor no apreciado en un inicio por diversos sectores políticos, se han ido creando las condiciones para que los subversores del orden, los violentistas, actúen impunemente.

Quienes organizan y dirigen esas ilícitas actividades tienen el convencimiento que son dueños de los espacios públicos, y que nuestra indefensa democracia está atada de manos. Lo ocurrido en El Bosque es una demostración de ello.

Lo anterior, queda en claro con la multiplicidad de acciones de propaganda a través de las RRSS. Más aun después del ataque con explosivos y munición de guerra en Tirúa, donde el personal salvó la vida gracias al blindaje del carro. Allí fueron vulnerados los derechos humanos de pacíficos pobladores, mas aún del personal de Carabineros que actuó, pese a las descalificaciones e impedimentos para el uso legítimo de las armas, a que tienen derecho.

En cualquier país, donde rijan normas civilizadas de convivencia se respeta el Estado de Derecho. El Fiscal habría montado un operativo de captura masivo, aislando sectores, allanando, deteniendo etc. como lo hizo EE.UU. después del atentado en la maratón de Chicago. Acá se interpuso una ridícula querella,  que caerá en manos de Jueces y Fiscales que, en su casi totalidad, actúan impulsados por ideologías que promueven tales actos. Todo esto, al país ya le parece normal. Estamos enfermos como sociedad. Nos convencieron que a la violencia anarquista y marxista de un grupo de descerebrados,  no es lícito oponer suficiente fuerza legítima para defender nuestra institucionalidad y forma de vida.

Para superar la anómala situación que enfrenta el país, Carabineros precisa imperiosamente que se exprese con claridad y energía dentro del marco legal el respaldo jurídico político, así como los medios suficientes para enfrentar la violencia sediciosa ya anunciada y, que se viene ya no en etapa de alteración del orden público, sino que en fase de alzamiento armado, para lo cual necesita imperiosamente el respaldo del Gobierno.

Por todo ello es importante decir que la grave situación que enfrenta el país, supera con largueza la responsabilidad de Carabineros de garantizar el orden y la seguridad pública interior, ya que, por una parte se ha aplaudido las acciones vandálicas y por otra además de quitarle a Carabineros todos los resguardos legales, tales como eliminar del catálogo de delitos el maltrato de obra a Carabineros de Servicio, o las Ofensas, se ha observado una concomitancia entre los subversores del orden y los medios de comunicación.

Se han imputado hechos que luego se demostraron falsos contra personal de la Institución y, a pesar de haber quedado tal falsedad en evidencia en los Tribunales, no hay retracto alguno de aquellos que con tanta facilidad mintieron y vejaron al funcionario policial, y a la Institución toda.

El esfuerzo de conocidos sectores anárquicos y violentistas, con el apoyo de muchos medios de prensa, apunta a desmoralizar a los integrantes de la Institución, siendo víctimas de ello muchas veces sus familias, como también los hijos en los colegios. Si no hay una acción pronta, definida y enérgica, con certeza en el día de mañana todos seremos responsables de haber destruido una Policía con la calidad profesional que hasta hoy ostenta Carabineros de Chile.

Aquí hay responsabilidad del Presidente, sus Ministros y quienes Gobiernan este país.

Gabriel Ormeño Melet

Asociación Gremial de Victoria-Malleco pide renuncia a Gonzalo Blumel

Debido a la creciente violencia ejercida por parte de grupos guerrilleros que practican el terrorismo en la macrozona sur del país, la noche del Jueves la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria-Malleco decidió hacer llegar una solicitud de renuncia al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

De acuerdo a lo que expresan en el comunicado, las autoridades, fiscalías y juzgados han tenido una paupérrima respuesta ante los atentados perpetrados a lo largo del tiempo en la zona, donde la quema de camiones, buses de pasajeros, fundos y maquinaria agrícola es constante y últimamente se ha visto agravada la situación por cercos de terroristas disparando contra quienes necesiten acceder a zonas que éstos se han tomado como propias y fuera del Estado de Derecho.

En los atentados registrados ayer, incluso cortaron la ruta 5 Sur, dejando al país dividido en dos por varias horas.

A continuación la declaración pública completa:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante los gravísimos hechos de violencia registrados ayer en Ercilla y Collipulli, La Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria-Malleco manifiesta:

  1. Desde hace 20 años la actividad agrícola se ha visto afectada por hechos de violencia como usurpaciones de campos, incendios provocados a siembras en pie, amenazas, baleos y un clima creciente de amedrentamiento por parte de grupos violentistas terroristas que operan en la macrozona sur del país.
  2. Desde enero de este año la violencia ha ido en aumento, tanto en cantidad como en gravedad. Sumado a ello, la gran mayoría de los agricultores de nuestra zona fueron extorsionados para permitirles cosechar, bajo amenaza de quema de sus siembras o de dispararles a ellos y sus trabajadores.
  3. La denuncia de hechos de violencia ha tenido una paupérrima respuesta de parte de autoridades, Fiscalías y Juzgados. La investigación rara vez tiene resultados y menos aún castigo legal; las leyes tienen falencias que permiten la impunidad de los culpables; y el Poder Ejecutivo se ha dedicado sistemáticamente a quitarle poder a Carabineros y a prometer y no cumplir ante nuestra petición de un Estado de Derecho que no existe en esta zona del país.
  4. El Ministro de Interior y Seguridad Pública se ha escudado en declaraciones tibias y en pedirnos paciencia y confianza en su “estrategia”, la cual ha demostrado ser un verdadero imán para atentados cada vez más seguidos y violentos. También ha usado como excusa la necesidad de mejor legislación, así como de reformas a Carabineros de Chile, las que nos parecen orientadas solamente a quitarle aún más atribuciones de las pocas que pueden ejercer. Sus palabras demuestran claramente la misma intención que hemos visto antes: navegar el problema sin asumir riesgos para esperar que un próximo Gobierno se haga cargo.
  5. Ante la inútil estrategia que ha liderado el Ministro del Interior y Seguridad Pública para enfrentar con fuerza el flagelo del terrorismo que asola el sur de Chile asumiendo los costos políticos que sean necesarios para lograrlo, como Gremio de Agricultores consideramos que el Sr. Blumel claramente no ha estado a la altura del cargo que ostenta y por lo mismo consideramos fundamental que dé un paso al costado, pues como ciudadanos merecemos a alguien con las capacidades y fuerza necesarias para cumplir lo prometido por el Presidente Piñera en cuanto a enfrentar y terminar con el terrorismo en La Araucanía y Arauco.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE VICTORIA-MALLECO

14 DE MAYO, 2020

La izquierda chilena: un estorbo en el camino

Columna de Izkio Redhat

Cómo no recordar con natural romanticismo esas palabras, esos gestos y cariños mutuos que se proporcionaban Gobierno y la izquierda a partir de aquel memorable 18 de Octubre cuando esa misma izquierda, aleonaba a sus fans para que salieran a las calles, tomarse los espacios públicos cada día, cada tarde, cada noche, y  algunos más aventurados, saquear lo que encontraran a su paso y de yapa, incendiar estaciones de metro, supermercados, fabricas, lo que fuera porque “Chile despertó”.

El Gobierno, paralizado. La izquierda, gozando del esperado espectáculo, todo saliendo de maravilla y de manual, porque contaban con delincuentes habituales, prontuariados, dispuestos a lo que fuera a cambio de cerveza, unas jaladitas, y cuantiosos botines atraco tras atraco, con la garantía de una férrea defensa por parte de la sucursal INDH en caso de ser atrapados por las represoras fuerzas de orden dirigidas por “la dictadura de Sebastián Piñera”.

Todo, todo iba bien. Marzo sería un mes simbólico y al mismo tiempo definitivo. A partir del 8 de Marzo, el día de la mujer, estos atentos feligreses de las cúpulas del partido comunista y frente amplio habían sido llamados a incrementar la violencia, a “quemar el país”. Y de pronto, ocurrió lo inesperado. No, no se trata de que el presidente de Chile hubiera decidido aplicar las leyes y hacer valer el Estado de Derecho, o exigiera a esos líderes cumplir con el “acuerdo por la paz firmado (versión 1 y versión 2) y aislaran a sus fanáticos para proteger a la población civilizada, o el mismo mandatario hubiera revelado los nombres de cada uno de los líderes opositores que se encontraban ocultos tras la organización de la insurrección.

No, lo que ocurrió es que finalmente apareció el “enemigo” inesperado, un coronavirus letal para la población, arrasando vidas a su paso como una ola negra proveniente del norte, que no perdona a nadie.

“Todo se derrumbó”, les cantaría en la cara el cantante mexicano Emmanuel, si fuese chileno, claro.

A partir de entonces el escenario cambió por completo y, la izquierda tuvo que “guardarse”. No lo hicieron de buena gana, por cierto que no. Pero finalmente tuvieron que aceptar lo inevitable: la pandemia que azotaba el mundo entero con miles de inesperadas muertes, había llegado a Chile tras cinco meses de destrucción del país y sus instituciones.

No es un bocado fácil de digerir luego de tanto esfuerzo, la izquierda invirtió mucho tiempo y dinero para  adoctrinar a millones de jóvenes y organizar esta revolución que les permitiría tomar por la fuerza el poder que no obtuvieron en las urnas.

Yo lo veo como una catapulta muy costosa que lanzó un certero tiro contra el blanco pero, alguien movió el blanco justo antes de que el misil llegara a destino. Aun me pregunto cómo lo verán aquellos que invirtieron tanto dinero y tiempo  y ver truncados sus planes a último momento, cuando ya se habían gastado gran parte del presupuesto.

El oasis de calma llegó y permitió a los más ingenuos, esa secta de adoctrinados seguidores del buenismo que “entendía y apoyaba a los pacíficos manifestantes”, comenzar a enterarse que jamás hubo 280 personas que perdieron globos oculares, fueron 4 y estaban participando en violentos ataques a Carabineros.  Que el fotógrafo Gatica, quien perdió la vista en ambos ojos, no era fotógrafo finalmente y, estaba participando en ataques a Carabineros cuando, luego se descubre que queda ciego por la participación de sus propios compañeres. Que el estudiante de medicina no fue violado por Carabineros y, que se trata de un mitómano compulsivo, además de ladrón de supermercados. Y así un largo etcétera.

Ahora estamos bajo los efectos de una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país y, mientras el Gobierno y la mayoría de las personas se esfuerzan por lograr que exista la menor cantidad de fallecidos posibles, y que no aumenten los contagios de forma explosiva para poder tratar a los enfermos, tenemos a una izquierda frustrada, casi perdida y desfinanciada para iniciar su “estallido 2.0”, atacando cada palabra y cada medida proveniente del Gobierno o el ministro de Salud.

Tenemos un Congreso con exceso de parlamentarios, la mayoría de esa misma izquierda. Podríamos esperar que el Congreso, ese lugar habitado por seres divinos, dioses del Olimpo chileno, que fueron elegidos por “el pueblo” para velar por nuestro bienestar, estuvieran trabajando a toda máquina, día y noche… por nuestro bienestar. En lugar de ellos dedican su trabajo legislativo a entorpecer al Gobierno para que no tenga éxito en su batalla contra el virus y las graves consecuencias económicas para nuestra sociedad.

Y es que el Gobierno continúa siendo “el enemigo”. La muerte de la población les sirve para demostrar que “el Gobierno lo hace mal”. Esas muertes, mientras más sean, son sólo “daño colateral” para conseguir sus propósitos. Porque realmente jamás les ha importado la vida o el bienestar de las personas.

Vemos a la oposición de la mayoría de los países alineadas con los Gobiernos, trabajando juntos y con un discurso de unidad. El caso de Portugal es probablemente el más emblemático. En Chile en cambio, la oposición -principalmente el partido comunista y el frente amplio- se han transformado en la piedra en el camino para todas las medidas que se plantean. Un verdadero estorbo. esa izquierda equivale a ese “amigo” que al verte caer en desgracia va y además de meterte el dedo en la llaga, te roba.

Que agradezcan esos políticos que yo no soy el presidente de este país. Porque de serlo, hace tiempo hubiese aplicado toda la Ley sobre cada uno de ellos: cada diputado y senador que ha traicionado su juramento y ha usado sus cargos para intentar derribar la democracia, también para cada uno de los “oficialistas” que han permitido que esto pase. Cada líder opositor que traiciona a todos los chilenos al justificar la violencia para disculpar la pega mal hecha por quienes tienen la obligación constitucional de trabajar para resolver los problemas de la sociedad. Y, a quienes votaron por ellos, los enviaría a barrer calles y a reconstruir todo lo quemado, pintarrajeado y destruido por sus “líderes”.

La moral, la vocación de servicio público definitivamente no son parte de las cualidades de estos personajes. Y como no están dispuestos a trabajar para ayudar a resolver algo en lo que todos esperamos soluciones y apoyo, deberían apartarse y permitir que quienes sí se esfuerzan todos los días para permitir que la situación País, la salud y la economía de las personas, puedan avanzar sin el estorbo que ellos representan.

Izkio Redhat

 

El Chile de hoy mirado desde afuera

Paul Sfeir
Periodista de la Oficina de Comunicaciones del
Departamento de Estado de EEUU para Cuba y el Caribe – OCB
Para La Vereda

Estimados lectores de La Vereda,

A partir de este primer encuentro, intentaré contarles cómo vemos a nuestro Chile desde el extranjero, desde EEUU, en un ejercicio que busca ser un complemento para generar a Uds. una idea de panorama mas amplio sobre la realidad de nuestra nación.

Hace un par de días, fue publicado en redes sociales un video del que se identifica como autor un elemento o agrupación autonombrada “colectivo matapacos”.  Un despliegue de tecnología audiovisual que trae a la memoria la forma en que la agrupación terrorista Estado Islámico (ISIS – EI) promocionaba sus actos criminales e invitaba a las mentes febriles pero débiles de jóvenes en todo el mundo, a integrarse a esa despiadada facción terrorista para una doble función; cometer asesinatos de forma impune y ser la carne de cañón que encubriera  y protegiera a los jerarcas de ese colectivo criminal.

Este video no busca algo muy diferente; atraer a jóvenes a conspirar y delinquir. Intentar agruparlos también en forma de carne de cañón para defender a una élite de jerarcas que se están beneficiando económicamente de romper un orden establecido (la República) para que la fortuna de unos pase a manos de otros: nada nuevo… Esto, debo hacer énfasis, no significa que la migración de las fortunas de vencedores a vencidos vaya a desparramar algo de mejoras a los estratos menos beneficiados. El reclamo (histórico y legítimo por cierto) de los menos afortunados continuará, como en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

A la concepción del nuevo orden regional que traen estos intentos de demolición del Estado en Chile, debemos agregar la nueva triada que reinicia sus actuaciones en América Latina; Cuba/Venezuela/Irán. Tres países con regímenes sancionados debido a las características opresoras sobre sus propios pueblos, expansionistas (al intentar subvertir el orden en otras naciones) y sus acciones narco-terroristas que están actuando en todo el sub continente.

La intromisión de células terroristas (inicialmente) en el sur del país (y ahora en todo Chile) con el fin de adiestrar en técnicas de ataque y uso de explosivos a los pueblos indígenas para la “resistencia” por parte de agrupaciones narco-terroristas como FARC y los colectivos venezolanos, o el accionar documentado por organismos de seguridad y defensa del país de individuos nacionales y extranjeros en las calles de Chile, destruyendo propiedad de todos los ciudadanos, tanto la pública como la privada, son mas carga para una democracia que viene herida desde el 18 de octubre del 2019. Pero esto no comenzó ahí.

Hace algún tiempo, un grupo de elementos de esos que son “inconvenientes” para cualquier institución  seria de la sociedad, realizaron un desfalco en una de las estructuras mas sólidas de la nación; Carabineros de Chile. Desde ese momento, los medios de comunicación (quiero pensar que casi todos sin querer), comenzaron una campaña de descrédito monumental sobre la institución y  surtió el efecto esperado por los actuales subversivos; que las personas les perdieran el respeto a quienes por tantos años han sido un puntal de la nación y el Estado en términos de seguridad interna. Ahí comenzó el golpe de estado a la decencia en Chile.

El video en cuestión es la prolongación de una incitación al odio y a la violencia y sin duda constituye la continuación de la obra de destrucción que obedece a la orden de seguir manteniendo a la sociedad civil enfrentada con las instituciones de la República para desestabilizarla.

Estamos en medio de un proceso conspirativo que usa la subversión a su favor; un movimiento muy bien planeado y financiado (con dinero empapado de sangre) y que se vale de los eternos engañados que creen que de verdad recibirán algo gratis en su vida.

Pienso que una pandemia no puede ser el “ministro de seguridad nacional” mas eficiente que tenga un gobierno. Creo que es momento de tomar muy en serio la premisa de que la democracia es el único sistema que tiene los mecanismos para destruirse a si mismo, y es muy probable que los verdaderos demócratas de Chile no estén queriendo ver ese detalle.

MEO dice que Sebastián Piñera se asustó con la reunión del “Grupo de Puebla”

“El oficialismo parecía más unido que nosotros y Sebastián Piñera se asustó al ver que la izquierda está más unida que nunca”, fue una de las frases del eterno candidato a la presidencia Marco Enriquez Ominami, quien se hace llamar MEO popularmente.

En declaraciones efectuadas en una entrevista dada a El Mercurio de Valparaíso, el hijo del terrorista fundador del MIR, Miguel Enriquez, se refirió a la reunión que sostuvo el “Grupo de Puebla” hace una semanas, convocada por el propio estudiante de cine quien además se evidencia orgulloso de haber convocado a Alberto Fernández, ex presidentes de latinomérica, ex ministros de la Región y de España, así como a varios referentes de la izquierda chilena.

En la reunión virtual, el presidente argentino Alberto Fernández inició la cita llamando a la izquierda chilena a “unirse para derrotar al Gobierno”, frases que fueron fuertemente criticadas en la oportunidad por el Gobierno de Sebastián Piñera, puesto que no es usual que presidentes en ejercicio realicen llamados de esta clase para que se derrote a los gobiernos legítimamente electos en países vecinos.

Como si se tratara de un juego entre niños, MEO continuó con declaraciones como “Haber tenido 40 líderes del sector, entre senadores, diputados, dirigentes de 11 partidos-desde la Dc al FA- y ex ministros de Lagos, Frei y Bachelet, fue muy impactante”

Para finalizar advirtió que “La cita progresista con Fernández es el primer paso para lograr la unidad. Anuncio que vienen más cosas, no quiero adelantar, pero este es el primero de varios pasos más”.

Estas declaraciones se dan en medio de un escenario que ha estado marcado por diferentes llamados de la izquierda chilena a tomar el poder por medio de la violencia, haciendo directa referencia a un “estallido social 2.0” apenas termine la pandemia.

Cronología de la violencia en La Araucanía

La Araucanía está viviendo momentos duros, dramáticos, de hondo pesar, de temor, que han mantenido fracturada a la sociedad en la Región, reflejados en la crueldad con que se queman casas, se asaltan predios con animales vivos en su interior y también por los alevosos asesinatos de personas, como el matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes fallecieron el año 2013 al interior de su casa ubicada en un fundo de la comuna de Vilcún, en la región de La Araucanía, a raíz de un ataque con armas de fuego y posterior incendio provocado por un número indeterminado de personas. En todos ellos afectando y violando los derechos humanos de quienes habitan en su territorio, cualquiera sea su raza, condición o situación económica. 

La década de los noventa marcó el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía con la primera toma de fundos y ataques incendiarios y, a partir del año 2000, la tensión ha ido en aumento, sobre todo al analizar los casos de violencia indígena desde el retorno a la democracia, en los cuales se ha visto una tendencia alcista. 

Según un estudio realizado por Libertad y Desarrollo, que contabiliza todos los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a 2012 (1.330 hasta junio de 2015), éstos se concentran especialmente en cortes de camino, incendios, actos violentos, hurtos, manifestaciones urbanas (violentas y pacíficas) y tomas de tierras que son reivindicadas por comunidades indígenas. La violencia en la IX Región es un fenómeno que ha ido recrudeciendo, con las conductas sistemáticas y organizadas de grupos violentistas, que atentan contra el estado de derecho y que han implicado serios daños contra la propiedad pública y privada. 

Según la indagatoria de LyD, mencionada precedentemente, estos acontecimientos, que en su mayoría son liderados por encapuchados, reflejan que “durante 2011 hubo un aumento de actos de violencia en relación con 2010”. Además, aseguran que el 51% de los casos corresponden a ataques “tanto a personas como a personal de Carabineros y daños materiales a la propiedad privada, como destrucción de plantaciones, cercos y puentes, seguido por los incendios (18%), tomas de terreno (12%), manifestaciones urbanas (9%), cortes de camino (8%), y finalmente, la comisión de hurtos (2%)”. 

En enero de 2013, en sesión especial, el Senado analizó la situación en La Araucanía y solicitó al Ejecutivo implementar medidas legislativas y administrativas, condenando de paso, todo acto de violencia en un Estado democrático. En esta sesión, el senador García Ruminot hizo un dramático resumen de los principales hechos de violencia que han ocurrido en la Araucanía y dijo que “entre los años 2008 y 2012 se han producido cerca de 800 delitos denunciados ante Carabineros y fiscales de La Araucanía con expresa connotación indígena: 31, el año 2008; 224, el año 2009; 107, el año 2010; 117, el año 2011; 287, el año 2012. Estadísticas que solo consideran hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, no son hechos aislados. Aquí hay violencia sistemática, atropello sistemático a los derechos humanos de los habitantes de La Araucanía”.

En la misma sesión, el Fiscal Nacional, manifestó las difíciles condiciones que deben enfrentar los fiscales en la zona y mencionó que muchas veces en las investigaciones es difícil hacer seguimientos de inteligencia por la rotación del personal policial. 

En julio 2014 la Multigremial de La Araucanía, desde 2009 expone un “Barómetro”, elaborado en base a las denuncias realizadas ante Carabineros y la Fiscalía, que mide las tipologías, intensidades y tendencias de la conflictividad en la zona, presenta un informe que indica que en las comunas de Ercilla y Angol se registra la mayor cantidad de delitos, tales como usurpación y atentados incendiarios. En el informe se indica que en la primera mitad del año 2014, en la Región de La Araucanía se registraron 106 denuncias formales -que están en manos de Carabineros y del Ministerio Público- por hechos de violencia como usurpación y amenazas, siendo los ataques incendiarios los que más se repiten. Según el estudio, entre 2008 y 2013 ha existido 1038 denuncias por hitos de violencia con connotación indígena, siendo el año 2012 el con más registros (309). El barómetro de conflictos con connotación indígena de enero-junio 2015 emitido por la misma Multigremial, indica que en La Araucanía existieron 152 hitos violentos denunciados en ese período, de los cuales 100 fueron en la Provincia de Malleco y 52 en la Provincia de Cautín. El desglose respectivo por comuna es el siguiente: Ercilla 49, Collipulli 30, Freire 15, Angol 12, Padre las Casas 9, Vilcún 7, Temuco 7, Galvarino 4, Lumaco 3, Victoria 3, Lautaro 3, Loncoche 3, Purén 2, Carahue 2, Curacautín, Villarrica y Gorbea 1. Además hubo 73 incendios con connotación indígena denunciados cuyo detalle es: 38 Bosques, 9 Siembras, 7 Camiones, 7 Casas, 6 Rastrojos, 3 Maquinaria forestal, 2 Galpones, 1 Maquinaria vial. 

A esa fecha, los actores más violentados eran los agricultores, les siguen las empresas forestales – transportistas y dueños de maquinaria agrícola. Un elemento adicional a considerar es que estos hechos de violencia tomaron otra característica; originalmente apuntaban a predios particulares de empresarios agrícolas de la zona, posteriormente fueron las empresas forestales el blanco de ataque, pero en los últimos meses de 2014 y principios de 2015, también ha afectado a pequeños parceleros, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Los afectados generalmente habitan sus tierras hace varias generaciones y han convivido con las comunidades mapuches colindantes sin problemas, estableciendo además vínculos laborales. A pesar de que el clima de violencia en la zona no es nuevo, sí lo es la intensidad y periodicidad con que estos hechos están ocurriendo. 

Según los datos del Catastro de Violencia Indígena elaborado por Libertad y Desarrollo es posible constatar que se generó un aumento de los actos de violencia desde el año 2014 al primer semestre de 2016, con la agravante de que los actos como tomas y expresiones de violencia extrema, definidos como aquellos en donde se genera una vulneración de la propiedad material, física y/o un daño moral a las personas a través del amedrentamiento, incrementaron su frecuencia, cuestión que va de la mano con un aumento en la percepción de vulnerabilidad y temor imperante en la región. 

La ocupación ilegal de terrenos en la Región de La Araucanía es uno de los elementos centrales que desatan y explican la violencia, como muestran los datos del Catastro de Violencia Indígena, de Libertad y Desarrollo que es un instrumento que desde 1990 permite visualizar en términos de tendencia los episodios de violencia desarrollados en La Araucanía, desde enero de 2014 a mayo de 2016 se han producido más de 45 tomas de terrenos, sin considerar que muchas veces éstas se ven acompañadas por robos, actos incendiarios -de los cuales se contabilizan 60 en el mismo período – , que también devienen en actos de violencia extrema, que desde enero de 2014 suman 98 episodios, de los cuales 38 sólo se produjeron entre enero y mayo de 2015. En múltiples casos las tomas o el enfrentamiento directo se produce en circunstancias de terrenos habitados por parceleros. 

La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), con el objeto de visibilizar la situación de las víctimas de atentados incendiarios, indica que según los datos, desde el año 2006 a septiembre de 2015 alcanzan la cifra de 130 camiones quemados. La agudización en los niveles de violencia caracterizaron los más de veinte atentados ocurridos sólo en los primeros meses de 2016, lo que acrecentaron un proceso de deterioro del Estado de Derecho, además de profundizar la sensación de vulnerabilidad en gran parte de la ciudadanía. 

Según el documento Barómetro de conflictos con connotación indígena, emitido por la Multigremial de la Araucanía, del período enero a diciembre 2016, la violencia de connotación indígena presentó una cara no vista antes en Chile; atentados incendiarios contra iglesias, tanto de credo católico como evangélico, la agresión directa a trabajadores forestales y a conductores de camiones fue otro delito grave. A plena luz del día decenas de trabajadores fueron emboscados, maltratados físicamente, recibiendo disparos directos y a sus vehículos de transporte, dejándoles lesiones físicas y psicológicas. Ciento cinco (105) atentados incendiarios fueron denunciados el año 2016; 36 en la región del Bio Bio, 57 en La Araucanía y 12 en la región de Los Ríos. Se incendiaron y denunciaron entre diversos inmuebles y bienes, 19 iglesias, 35 camiones, importante cantidad de maquinaria forestal, infraestructura predial y maquinaria agrícola. Continúa exponiendo este documento que los delitos de mayor gravedad como lo son los incendios, atentados incendiarios y atentados explosivos se mantienen o aumentan en el año 2016, respecto a los años 2014 y 2015. 

De 80 denuncias en el año 2014, subieron a 119 en el año 2015 y se mantienen en el 2016 con 105 denuncias. Los actores mayormente violentados respecto a cantidad de denuncias realizadas en el año 2016 fueron los agricultores y comunidades religiosas en La Araucanía. Finalmente, el documento indica que respecto a ubicación geográfica, La Araucanía es la región con mayor cantidad de hitos violentos denunciados, siendo la Provincia de Malleco y la Comuna de Ercilla, las zonas con mayor presencia de violencia de este tipo. Cabe señalar que de las 32 comunas que conforman esta región en 20 de ellas hubo al menos un acto violento de connotación indígena perpetrado denunciado. 

Según el informe de 23 de enero de 2016 de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, se destaca la situación dramática de las víctimas de la violencia rural, optando por poner la reparación de las víctimas en primer lugar y que amerita medidas inmediatas. En su página 13 el informe expresa lo siguiente: “la violencia se ha convertido en un argumento injustificado para agrupaciones que no respetan ni el Estado de Derecho ni los más mínimos principios de derechos humanos, como lo manifiestan centenares de víctimas que no tienen ninguna vinculación respecto a perjuicios históricos cometidos por el Estado y sus autoridades”.

Dentro de las propuestas en materia de reparación de víctimas de la violencia en la región, esta Comisión Asesora Presidencial expone que, la violencia en La Araucanía ha alcanzado niveles que atormentan a la sociedad regional, especialmente en zonas rurales, generando inseguridad en la población, buscando la expulsión de casas y predios a sus habitantes, ocasionando enormes dificultades y, en algunos casos, imposibilitando el trabajo en paz, produciendo daños a las personas y sus bienes, privando de instrumentos de trabajo y transporte y afectando a quienes transitan por ciertas rutas regionales. Este nivel de violencia ha tenido a víctimas de diverso origen y condición social. Deja en claro que no son sólo víctimas de delitos comunes, sino de delitos que tienen una cierta prolongación en el tiempo y que constituyen una violencia con clara finalidad política, llevada a cabo por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos. 

En su página 16, el informe propone, entre otras, las siguientes medidas: 

  • Creación de una comisión de reparación de víctimas de la violencia en La Araucanía. Estaría conformada por un equipo profesional y especializado para atender a las víctimas de violencia en la región. La comisión debería establecer los conceptos básicos, considerando indemnizaciones proporcionales por daños (lucro cesante y daño emergente) y daño moral, asistencia sicológica, beneficio de no pago de contribuciones en predios usurpados o que no pueden producir producto del conflicto, junto con fondos de arriendos y pensiones para los mismos. 
  • Dictar una ley que cree un fondo de reparación a las víctimas de violencia política en La Araucanía, cuya finalidad sería reparar la totalidad de los perjuicios (lucro cesante, daño emergente y daño moral) de las víctimas. 

Los resultados del Barómetro de conflictos de connotación indígena del año 2017 mostraron que la intensidad de la violencia de connotación indígena aumentó por el impacto social, político y económico de los actos realizados. Grupos organizados al margen de cualquier actitud pacífica y dialogante perpetraron durante todo el año atentados incendiarios, demostrando de manera permanente presencia y voluntad de ejercer – a través de la violencia política – grandes daños a diversos actores productivos y trabajadores, en las región del Bío Bío, Araucanía, y Los Ríos. Hubo 60 incendios denunciados en las tres regiones durante el 2017, donde se incendiaron un total de 89 camiones, afectando este año incluso a transportistas extranjeros (un uruguayo y un brasileño). 

En La Araucanía, hubo un aumento de denuncias respecto del año 2016, de 104 a 140 en el 2017. Se denunciaron 43 incendios/atentados incendiarios durante el año, quemando 55 camiones, 7 iglesias, infraestructura predial agrícola, maquinaria forestal, vial, viviendas, vehículos particulares, buses rurales, entre otros. Atacaron a comunidades religiosas rurales, quemando durante el 2017, 7 iglesias más. 

Se han denunciado desde el 2016 y 2017 un total de 28 iglesias quemadas (católicas y evangélicas). En La Araucanía reaparecieron, el 2017, denuncias de delitos “menos graves”; Usurpaciones, Daños y Amenazas. Se denunciaron 19 usurpaciones, en las comunas de Collipulli, Victoria y Labranza donde ingresaron ilegalmente hombres, mujeres y niños de comunidades indígenas que pararon faenas tanto forestales como agrícolas, haciendo salir a trabajadores de las mismas. Reaparecieron en La Araucanía denuncias de Amenazas, 22. Parceleros principalmente de las comunas de Ercilla, Angol y Los Sauces, denuncian hostigamiento de parte de dirigentes y personas violentas de comunidades mapuches del interior de la zona. De manera permanente son amenazados con el fin que se retiren de sus tierras, y familias mapuches puedan ocuparlas, bajo el pretexto de que son “tierras ancestrales indígenas”. Estos parceleros viven en condiciones de vulnerabilidad social, y son en su mayoría adultos mayores. Las amenazas son muy violentas generando situaciones de gran daño psicológico donde “el quedar en la calle sin nada” o “ser quemados como el matrimonio Luchsinger-Mackay” son parte de las amenazas constantemente mencionadas por los hostigadores. 

Según los resultados del Barómetro, en el transcurso de los primeros 90 días de 2018, hubo 40 denuncias de hitos violentos con connotación indígena y ya no sólo en tres regiones del sur de Chile, sino que se expandió a la región de Los Lagos, donde hubo tres atentados incendiarios denunciados en el mes de enero 2018. En La Araucanía, especialmente en localidades de las Comunas de Ercilla, Angol y Collipulli siguen presentes los robos con violencia e intimidación y las Amenazas, por parte de encapuchados armados en zonas con comunidades mapuches, y dirigidos a vecinos/as parceleros no mapuches y a trabajadores de distintos ámbitos productivos (agrícola, forestal, construcción, de telecomunicaciones, transporte público). 

El miedo y temor es parte del diario vivir de familias mapuches y no mapuches en ciertas localidades identificadas hace años en torno a la violencia de connotación indígena. Maltrato físico y serias secuelas psicológicas quedan en los trabajadores directa e indirectamente atacados, incluso secuestrados como ocurrió en el mes de marzo en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, sector aledaño a comunidades indígenas, donde encapuchados asaltaron y robaron a 5 trabajadores en una faena forestal, les apuntaron con armas, les amarraron las manos, les sacaron su calzado, les taparon el rostro y los subieron a una camioneta hacia un bosque. 

La visita del Papa Francisco I, la presión de salida de la cárcel para realizar un “acto religioso” del condenado en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, Celestino Córdova, la presión sobre el juicio contra los hermanos Trangol imputados y condenados por incendio de iglesia, la muerte de Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui en procedimiento policial tras robo de vehículo a docentes rurales, fueron parte de los móviles por los que se perpetraron 124 atentados incendiarios en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos durante el año 2018, según el Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena que realiza la Multigremial de La Araucanía.

El estudio evidenció un aumento en un 107% respecto a los atentados incendiarios del año 2017 (60).  En el año 2018 según lo establecido en las denuncias se quemaron en las cuatro regiones: 57 camiones, 16 viviendas, 15 iglesias más, 10 galpones, 4 cabañas de veraneo, 3 helicópteros, 3 centros de eventos turísticos, 3 bosques, 2 colegios rurales, una sala cuna al interior de una comunidad indígena, un centro de  rehabilitación, dependencias de oficina de buses, una ruca, dependencias de un servicentro en la ciudad de Ercilla, dependencias escolares y de servicio de salud, maquinaria forestal, maquinaria agrícola, maquinaria vial.

Los meses de julio y noviembre del 2018 fueron los que concentraron la mayor violencia en el año, pues la presión pública hacia el Gobierno ejercida simultáneamente por grupos organizados en distintas comunas de las regiones del Bio Bio y La Araucanía, generaron en el mes de noviembre, post muerte de Camilo Catrillanca, un clima donde atentados incendiarios, amenazas, cortes de rutas y de accesos a distintas ciudades, sumaron la más alta cifra de denuncias de hitos violentos con connotación indígena en los 10 años que se realiza el Barómetro por parte de la Multigremial de La Araucanía.

Durante el año 2018 se debió incorporar a las estadísticas del Barómetro, la Región de Los Lagos, ya que se comenzaron a perpetrar ataques incendiarios a contratistas forestales y viales en tres comunas de la Provincia de Osorno. Se evidenció un aumento de un 88% en el número de denuncias realizadas respecto al año 2017, es decir, de 170 se pasó a 319 en el año 2018.

Asimismo, 28 tipos de actores fueron violentados cuantitativamente;  agricultores y pequeños parceleros fueron los mayormente violentados, contratistas y trabajadores forestales, de la construcción, del sector vial, de telecomunicaciones, de transporte público,  empresas privadas, comunidades religiosas católicas y evangélicas, comunidades educativas, transportistas, funcionarios públicos diversos, policías (Carabineros y PDI), municipios, sufrieron incendios, usurpaciones, robos, amenazas, intimidación con armas de fuego, entre otros delitos. Todo esto en 35 comunas del sur del país.

El conflicto, sobre todo en La Araucanía, fue en franca alza cuantitativa y escaló la violencia produciendo un clima de inseguridad en la ciudadanía especialmente a partir de finales del año 2018.

Según la cuenta pública de la Fiscalía Regional de La Araucanía, en violencia rural, durante el año 2019 ingresaron a la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía 65 casos por delitos de mayor connotación (atentados incendiarios, ataques con armas de fuego contra Carabineros o ataques a particulares que dejaron a personas heridas), 16 más que en 2018, lo que representa un incremento de un 33%. En el período observamos un aumento significativo en otros delitos asociados al fenómeno de violencia rural, específicamente el de usurpación sin violencia hacia las personas. De 132 denuncias en 2018 pasamos a 290 en 2019, 158 casos más, lo que representa un alza de un 119%. Estos delitos son castigados sólo con multa, no con penas privativas de libertad, y la ley no permite la detención en flagrancia del infractor, sino sólo su citación, situación que ha abierto un debate en cuando a la necesidad de realizar precisamente alguna modificación legislativa

En la persecución penal de estos ilícitos, durante 2019 un total de 22 personas fueron condenadas por delitos de incendio, robo con intimidación, infracción a la Ley de Armas, receptación o usurpación violenta. Destaca la condena de Jorge Cayupán Ñiripil a cuatro años y un día de presidio efectivo por porte ilegal de arma de fuego, hecho registrado en octubre de 2018, en el sector Muco, de Lautaro y el veredicto condenatorio obtenido por la Fiscalía de Alta Complejidad en contra de Daniel Canío Tralcal por un ataque incendiario que en 2018 afectó maquinaria forestal en la comuna de Lautaro, en el que resultó herido al enfrentarse con Carabineros.

Con el propósito de fortalecer la persecución penal en el ámbito de los delitos relacionados con la violencia rural durante 2019, la Fiscalía de Alta Complejidad lideró dos líneas de trabajo: La primera fue un programa de capacitación al personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que participa en procedimientos asociados a violencia rural, a fin de mejorar sus competencias en el tratamiento de evidencias y resguardo del sitio del suceso, entre otros. La segunda fue una capacitación por parte de analistas de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía a detectives y carabineros de la Unidad de Coordinación Estratégica Macrozona Sur, que funciona al alero de la Subsecretaría del Interior, con el objetivo de incorporar herramientas y metodología de análisis criminal en las estrategias para enfrentar la violencia rural. 

La cuenta pública de la Fiscalía Regional de La Araucanía concluye que en materia de protección a víctimas, actualmente se encuentran vigentes un total de 352 medidas de protección de alta o mediana intensidad, además de otras 74 medidas de intensidad baja, que corresponden a contactos prioritarios con carabineros. En paralelo en el periodo la Fiscalía mantuvo permanentes reuniones con las distintas agrupaciones que representan a las víctimas de la violencia rural para escuchar sus planteamientos, informarles los mecanismos y medidas que implementa la Fiscalía para su protección, además de indicarles los avances en términos generales que mantienen sus investigaciones.

Libertad y Desarrollo llevó a cabo la Encuesta Identidad y Opinión de los Mapuche en La Araucanía, de tipo presencial a hombres y mujeres de La Araucanía que se consideran pertenecientes al pueblo mapuche, en la cual se abordaron temas de Estado y política, cultura e identidad, situación socioeconómica, tierras y vida política. Es interesante consignar que según los resultados de la encuesta de julio de 2019, el 83% de los mapuche cree que las acciones violentas de algunos grupos para recuperar sus tierras no son legítimas y el 94% cree que ello ha afectado su imagen.

Según el Barómetro de conflictos con connotación indígena, confeccionado por Multigremial de La Araucanía, en regiones Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que considera denuncias ante Fiscalías o Carabineros, durante el año 2019 concluye que es evidente la similitud cuantitativa de los delitos perpetrados, denunciados en cada Región entre 2018 y 2019, período en el cual, la cantidad de incendios/ataques incendiarios perpetrados en las 4 regiones, prácticamente es la misma, 124 v/s 121. Las usurpaciones aumentan drásticamente en La Araucanía y aparecen denuncias al respecto en la Región de Los Lagos, además, en La Araucanía en 21 de las 34 comunas se cometen actos violentos con connotación indígena.

Durante el año 2020, pese a estallido social y luego a las consecuencias de la pandemia mundial, la violencia rural no da tregua y continúa con su escalada de terror, una muestra de ello son los siguientes atentados: 

Viernes 03 enero de 2020  Queman camión en la comuna de Collipulli, a la altura del kilómetro 23 de la ruta hacia la localidad de Curaco.

Martes 07 enero de 2020  13 son los vehículos dañados  en Los Sauces en dirección a la cordillera de Nahuelbuta, cerca del sector de Miraflores.

Sábado 18  enero  de   2020  8   máquinas  que  se  ocupan en  faenas forestales y agrícolas resultaron destruidas en el fundo Santa Clara.

Miércoles 22 enero de 2020  Cinco Camiones quemados en el sector Faja Pemulemu, en el fundo Santa Domingo Collipulli.

Viernes 03 enero de 2020  Queman camión en la comuna de Collipulli, a la altura del kilómetro 23 de la ruta hacia la localidad de Curaco.

Martes 07 enero de 2020  13 los vehículos dañados  en Los Sauces en dirección a la cordillera de Nahuelbuta, cerca del sector de Miraflores.

Sábado 18  enero  de   2020  8   máquinas  que  se  ocupan en  faenas forestales   y agrícolas resultaron destruidas en el fundo Santa Clara.

Miércoles 22 enero de 2020  Otros cinco Camiones destruidos en el sector Faja Pemulemu, en el fundo Santo Domingo Collipulli.

09 de febrero, queman   dos  camiones  en la ruta  que une  Victoria  y Traiguén, Al momento del ataque uno de los conductores, que descansaba al interior del camión, resultó con un porcentaje de su cuerpo quemado tras el ataque. Días después, este chofer fallecería producto de las heridas recibidas en este ataque terrorista, convirtiéndose en una víctima inocente de la violencia rural que asola las regiones del sur de Chile.

13 de marzo, quema de cinco camiones al interior de un fundo de la localidad de Mininco.

11 de marzo dos máquinas forestales fueron incendiadas en predio ubicado a la altura del kilómetro 12 de la ruta Cholchol a Temuco.

El 13 de abril, en uno de los hechos más graves, una treintena de personas encapuchadas con armamento de alto calibre, ocuparon la ruta que une Cañete-Tirúa controlándola totalmente, registrándose fuerte tiroteo en la zona y el tránsito suspendido, ya que detonaron un automóvil a la entrada del puente LLeulleu.

Esta es la cronología de los hechos más relevantes que describen cómo la violencia se ha tomado parte del Sur de Chile transformándolo en una zona que pareciera no encontrarse dentro del Estado de Chile.

Las autoridades, a pesar de algunos esfuerzos aislados y no constantes para intentar tomar control en la Región, han sido ampliamente sobrepasadas y los grupos de guerrilleros y terroristas actúan con total impunidad, tal como sucedió en Colombia con las Farc.

Mientras el Gobierno no declare abiertamente la zona como tomada por el terrorismo y actúe en consecuencia utilizando el poder militar para frenar la violencia en la zona, los hechos vividos en las últimas décadas comenzarán a aparecer cada vez con mayor frecuencia más al sur del territorio, tal como ya está sucediendo en Los Ríos y la zona norte de Los Lagos.

 

La persecución y acoso de la izquierda en Chile

Columna de Izkio Redhat

El día Martes, el ministro de Salud Jaime Mañalich vivió en carne propia lo que es el acoso selectivo. Un grupo de twiteros decidió utilizar la plataforma desde hace unas semanas para publicar datos personales de toda la familia del titular de la cartera de salud, en los que se incluía el número de RUT, direcciones y teléfonos. Luego comenzaron a llegar las amenazas directamente a su cuenta Twitter, la que decidió cerrar de inmediato y colocar los antecedentes en manos de la policía de investigaciones.

Esta no es la primera situación similar que viven personas en las redes sociales, en Chile se viene repitiendo desde hace varios años este comportamiento, incrementándose durante el último año debido a la total ausencia de sanciones para los causantes de este delito.

De hecho, Twitter bloquea en forma definitiva las cuentas que cometen este ilícito, sin embargo los delincuentes que realizan este tipo de publicaciones trabajan con pseudónimos anónimos y con nombres y datos falsos, por lo que dar con su identidad para establecer demandas es muy complejo.

Fuentes muy cercanas de la brigada de cibercrimen de la PDI, me informaron que tienen acceso a personal de las diferentes redes sociales en sus países de origen para requerir antecedentes que les permita llegar a quienes cometen estos ilícitos que, cuentan con penas importantes en nuestra legislación. En los casos más graves se comunican con la plataforma para investigar direcciones IP y otros antecedentes que les permita trazar la ubicación e identidad del antisocial, lo que usualmente se debe hacer por medio de requerimientos judiciales para que la plataforma pueda proporcionar la información requerida sin contravenir sus condiciones de privacidad de datos.

Hace una semana, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, también fue objeto de amenazas de muerte. Esta vez se trató de un joven padre de familia que ofreció su automóvil como pago a quien “se echara a este ….”, refiriéndose al mandatario en términos violentos y completando su “oferta” con descalificaciones y mentiras propias de un sector que no argumenta, sino que agrede. En este caso la PDI pudo dar rápidamente con su paradero y en este momento el criminal enfrenta un proceso judicial que le puede costar varios años de cárcel efectiva.

Quien se mantuvo por cuatro días como Ministro de Las Culturas, fue el señor Mauricio Rojas. Su corta duración en el cargo se debió a una declaración de varios años antes cuando expresó que el museo de la memoria es un montaje, refiriéndose al uso político que de esta entidad hace la izquierda chilena. Sin embargo lo que más molestó a esa misma izquierda es que Rojas, antes de ser un crítico del sector, era militante de izquierda. Sus redes sociales se repletaron de insultos y amenazas de todo tipo, convirtiéndose en otra víctima más del acoso y violencia que ejercen las personas del Partido Comunista y todos los partidos del Frente Amplio, en general, junto a sus seguidores.

Fernando Villegas, ex panelista de Radio Agricultura, fue otra víctima de las “funas” de fanáticos del sector más violento de nuestra sociedad. No solamente recibía decenas de amenazas a diario, sino que todo el “ruido” provocado en las redes sociales ante una falsa acusación, le costó su trabajo.

Hoy comenzó a circular un inquietante video de alta factura, elaborado por un grupo denominado “Colectivo Matapacos”. Evidencia un financiamiento generoso para su realización. En este, las amenazas de muerte son para varias autoridades, y llaman directamente a quemar todo si “no se les entrega dignidad”, sea lo que sea que eso signifique para ellos. En las imágenes muestran al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ahorcado y colgando de uno de los brazos de la virgen del cerro San Cristobal en Santiago, junto a otras autoridades que no se alcanzan a identificar.

Además, el mismo video, muestra la cabeza del presidente Sebastián Piñera luego de accionar una guillotina, “empalada” y luego quemada frente a una multitud de millones de personas en las calles de Santiago, que grita consignas comunistas mientras comienzan a quemar el Palacio de La Moneda.

El video alude a un “estallido social 2.0”, e indica que ahora el enemigo para la siguiente etapa serán las autoridades y los políticos. El mensaje que entrega este video se sale completamente del marco de la Ley y de las mínimas reglas de convivencia. Aunque algunos internautas sospechan que los contenidos que muestran están creados únicamente con el objetivo de crear una nueva sensación de caos y miedo en la ciudadanía, hay que entender que este tipo de material difundido en las redes sociales en realidad está llamando a las masas a movilizarse y muchos de ellos creen que hay que seguir al pie de la letra lo que ahí se sugiere, pues lo toman como meta. De ahí que un simple video puede constituir una peligrosa amenaza para la vida de las personas, o para la estabilidad de un país completo.

La izquierda sigue trabajando a pesar del Covid-19. Las amenazas a las autoridades o personajes de notoriedad pública que se han declarado “no de izquierda”,  se han transformado en una constante en el comportamiento de estas personas cuyo único argumento es la violencia e intentar callar a quienes no piensen como ellos.

La pregunta que nos hacemos 95% de los chilenos (algunos más, otros menos) es: conocido lo que pasó desde el 18 de Octubre en adelante y cómo todo comenzó a arder (literalmente) en Chile al ver que el Gobierno no actuaba con decisión para detener una violencia inédita en sudamérica ¿Va a cometer el mismo error esta vez el ejecutivo, permitiendo que terminen de derribar a Chile completo?

Como le dije al editor de este medio, agradezco siempre ser tan, tan desconocido, que mi nombre no aparece ni en True Caller ID y mi cuenta en Twitter aún no tiene foto de perfil…

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