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En la primera vuelta de la campaña presidencial, en noviembre de 2021, Gabriel Boric ofreció indulto a los presos por el estallidos delictual (denominado estallido social por los octubristas). Esta posición fue ampliamente criticada por la sociedad chilena, por lo que al pasar a segunda vuelta e iniciar su nueva campaña, Gabriel Boric aseguró que que nadie que haya quemado iglesias o saqueado lugares podría obtener un indulto presidencial.
Ayer 30 de diciembre, Gabriel Boric decidió romper nuevamente su palabra y hacer un “cierre de año” magistral, anunciando la liberación de 12 condenados por diversos delitos graves y pasando por encima del poder judicial. Además, otorgó indulto también a un violento asaltante de bancos perteneciente al FPMR que ya había sido condenado con anterioridad por los mismos delitos.
Efectos políticos de los indultos
Gabriel Boric probablemente apuesta con estos beneficios a complacer a un sector de la población que aun cree que el octubrismo es un movimiento necesario, y que no ha sido capaz de aceptar que Chile entró en una espiral de decadencia social y económica que aun se mantiene a partir del 18 de octubre de 2019, producto de la violencia y los delitos ocurridos precisamente a partir de esa fecha por parte de cientos de delincuentes como los que fueron indultados en esta oportunidad.
Chile Vamos, el PDG y Republicanos decidieron, de hecho, bajarse de la mesa de acuerdos de seguridad ante la actitud de Gabriel Boric, y probablemente el acuerdo en el ámbito de un nuevo proceso constituyente que habían alcanzado, también se verá afectado al romperse la confianza en la palabra presidencial. Durante la próxima semana con seguridad podremos ver algunas consecuencias en este escenario.
Lo cierto es que en este momento el Gobierno de Boric ha perdido credibilidad y ubican al mandatario como una persona en la que no es posible depositar confianzas.
Detalle de delincuentes indultados
Juan Bastián Olguín Rivera, de 31 años, había sido privado de libertad por el delito consumado de incendio, hecho que ocurrió en octubre de 2019, en plazas de peajes de Curicó. Según la imputación que realizó entonces el Ministerio Público, Olguín Rivera y otros cinco sujetos, “concurrieron a la caseta de peaje ubicada en la Ruta 5 Sur kilómetro 191, ingreso a la Avenida España de Curicó, comenzando a causar daños a dicho lugar, lanzando diversos elementos contundentes para, posteriormente, proceder a quemarla”.
En tanto, Bastián Ignacio Campos Gaete, de 22 años, había sido condenado en mayo de 2021 a las penas efectivas de 3 años y un día y 61 días de presidio, en calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado, respectivamente. En la oportunidad, el tribunal dio por acreditado, que aproximadamente a las 22.10 horas del 26 de noviembre de 2019, “personal de Carabineros recibió un comunicado de Cenco para concurrir al supermercado Santa Isabel de calle 14 de febrero N°2455 de esta ciudad, ya que desconocidos se encontraban forzando las cortinas metálicas e ingresaban a dicho local desde donde sustraían especies. Al llegar personal policial sorprenden a Bastián Ignacio Campos Gaete saliendo del supermercado, encapuchado y con una mochila en su espalda y, producto que el piso estaba mojado, resbaló y cayó de costado al suelo siendo reducido en el lugar”. “Al realizar una revisión de la mochila que portaba en su interior se encontró 3 botellas de pisco marca Mistral, especies que fueron sustraídas del supermercado y además una botella de vidrio marca Corona de 355 cc y en su parte superior un paño de color rojo, en cuyo interior contenía un líquido que resultó ser un combustible, derivado de hidrocarburo, elementos que en su conjunto son conocidos como bomba molotov, procediendo a la detención del imputado”.
El 13 de abril de 2021, Jordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años, fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, por los delitos de daños calificados (540 días de reclusión menor en su grado mínimo); receptación (300 días de presidio menor en su grado mínimo); delito frustrado de homicidio cometido en contra de un funcionario de la PDI (cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo). En total, más de siete años. La acusación del Ministerio Público en contra de Santander Riquelme y otros tres sujetos, apuntaba a los hechos del 3 de marzo de 2020, quienes a eso de las 03:50 horas “se movilizaban en el automóvil marca Toyota, modelo Yaris, color blanco”, que conducía Santander, “quienes procedieron a dirigirse a las dependencias de la Fiscalía Local de San Antonio, donde procedieron a efectuar disparos con pistola, disparando balines de acero contra la mampara de vidrio del edificio, quebrándola en su totalidad”. Luego, señala el texto de la audiencia, a eso de las 05:07, los entonces imputados se trasladaron “al cuartel de la PDI, donde del mismo modo procedieron a disparar balines con pistola y lanzar balines de acero”. Esta acción, se repitió nuevamente en la Fiscalía antes señalada como en las oficinas de la PDI. Posteriormente, a eso de las 08:15 AM, los entonces imputados fueron controlados por personal de la PDI, donde Santander “procedió a embestir con ánimo homicida al funcionario Hugo Gutiérrez Herrera”, para darse a la fuga.
Luis Arturo Castillo Opazo, de 37 años, fue condenado a siete años y cuatro meses por una serie de delitos cometidos en el marco de las manifestaciones ocurridas entre octubre y noviembre de 2019. En un comunicado público del 25 de septiembre de 2021, su defensa, Verardo Rojas, sostuvo que “en el plano personal, Luis es un joven que reconoció su participación en los hechos investigados, consciente de haber cometido actos que excedían las legítimas demandas sociales y con el firme propósito de reinsertarse, una vez que se haya cumplido la pena”.
Por su parte, Felipe Eduardo Santana Torres, de 22 años, fue condenado a siete años de presidio como autor de los delitos consumados de daños, hurto e incendio frustrado de la Catedral de Puerto Montt, ilícitos perpetrados en noviembre de 2019 en dicha comuna.
En tanto, Cristián Marcelo Cayupan Quepil, de 30 años, había sido condenado a 15 años de presidio como autor del delito frustrado de homicidio en contra de funcionaria de la PDI, hecho perpetrado el 21 de octubre de 2019 en la comuna de Pudahuel, en el contexto del saqueo al supermercado Mayorista 10.
Francisco Andrés Hernández Riquelme, de 23 años, había sido condenado a cinco años y un día de presidio en calidad de autor de cinco delitos de arrojar artefacto incendiario en la vía pública contra Carabineros, hechos perpetrados el 11 de diciembre de 2019.
Por su parte, Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, de 25 años, recibió el 8 de junio de 2021, por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, la pena efectiva de 3 años y un día de presidio, por delitos de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municipios; ilícitos perpetrados en marzo de 2020.
Claudio Anatanael Romero Domínguez, de 21 años, fue sentenciado el pasado 17 de marzo de este año a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo por cinco delitos de porte y lanzamiento de bombas molotov y 61 días de presidio por asociación ilícita. Romero Domínguez formaba parte de una organización conocida como “K-Pop”, a la que se le atribuían diversos delitos de desórdenes, daños y lanzamientos de molotov en el sector denominado “zona cero” de Iquique.
Brandon Sebastián Rojas Cornejo, de 22 años, había sido condenado a 5 años y un día de presidio efectivo por lanzamiento de bombas molotov, 61 días por asociación ilícita y 61 días por desórdenes públicos. Al igual que Romero Domínguez, formaba parte de la organización “K-Pop”.
En tanto, Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez había sido condenado en febrero de 2021, en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor por delito consumado de incendio, perpetrado el 8 de noviembre de 2019. Dicho siniestro corresponde a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia de Vicuña Mackenna.
El último indultado por delitos en el marco del estallido criminal fue Matías Elías Rojas Marambio, quien fue condenado a 5 años y un día de presidio como autor de tres delitos de elaboración de artefactos incendiarios.
(Fuente detalle de indultados y delitos cometidos: Emol.com)
