Corte Suprema declara que Síndrome de Down no es enfermedad, aseguradora debe entregar cobertura

Corte Suprema declara que Síndrome de Down no es enfermedad, aseguradora debe entregar cobertura

Un padre interpuso ante la Corte Suprema un recurso de protección contra Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A., el que fue acogido por la Tercera Sala, la que estableció que dicha condición no es una patología y, en consecuencia la aseguradora deberá entregar la cobertura a las enfermedades del hijo del demandante.

En esta inédita sentencia, la Corte declaró un actuar arbitrario de la compañía, señalando que  “debe otorgar la cobertura pactada en el contrato suscrito y al cual se ha hecho referencia, respecto de los gastos relacionados con las atenciones de salud del niño aludido, en condiciones de igualdad, disponiéndose, específicamente, el reembolso de los gastos asociados a los siniestros denunciados números 726226 y 726229 sin considerar, a dichos efectos, su condición de persona con síndrome de Down como una enfermedad preexistente”.

En consecuencia, el fallo determina que el Síndrome de Down corresponde a una anomalía congénita, que “constituye una condición de la persona que estará presente en su desarrollo”, descartando de este modo que corresponda a una enfermedad.

En la sentencia, los magistrados señalan que “Las máximas de la experiencia permiten sostener que, en lo que respecta al ámbito jurídico, un individuo con síndrome de Down no puede ser calificado como enfermo, toda vez que su condición es una diferenciación en su conformación genética que da lugar a una variante más dentro de la diversidad natural y propia de la naturaleza humana, pero que en caso alguno lo puede situar en la categoría de lo patológico ni menos aún en una posición de menoscabo de su dignidad, en la cual se le debe considerar en condiciones de igualdad, con mayor razón en el campo jurídico y en la plena adquisición y goce de sus derechos”.

El padre, en el contrato, había declarado asma e hipotiroidismo como enfermedades preexistentes de su hijo, y al respecto la Corte determinó que “es necesario subrayar que por las mismas razones no estaba en caso alguno compelido a informar y declarar que su hijo había sido diagnóstico previamente de síndrome de Down, toda vez que al no ser esta una patología resultaba improcedente mencionarla en la declaración de salud”.

De este modo, la compañía aseguradora se encuentra obligada ahora a entregar cobertura al hijo afectado por el síndrome, sin que existan instancias superiores en el país que puedan reevaluar la resolución.

¿Quién controla al Ministerio Público?

En diversas situaciones a lo largo de los últimos años, el Ministerio Público ha sido cuestionado por la ciudadanía ante ciertos procedimientos, sobre todo en aquellos que contienen sesgo político. Sin embargo el accionar tanto de la Corte de Apelaciones como el de la Corte Suprema, en un número importante de resoluciones ha demostrado tener mayor sensatez.

No es el caso de los hechos ocurridos el día 13 de Mayo, cuando una patrulla de infantes de marina efectuaba controles de rutina en la ciudad de Lota, en el marco del toque de queda y las restricciones de desplazamiento asociadas a esta medida de confinamiento por la crisis sanitaria que vive el país.

Al ordenar detenerse a un vehículo de color gris para efectuar el control, ése optó por no hacer caso a las señales de los uniformados, quienes tuvieron que apartarse rápidamente del trayecto del vehículo para evitar ser embestidos. Como respuesta, y en el amplio uso de sus facultades, uno de ellos realizó un disparo con una bala de salva, al aire. Al continuar el vehículo, otro de los marinos disparó hacia el vehículo con su escopeta anti-motines, pegando la bala de goma en la puerta del automóvil. Ninguno de los dos intentos para detener a la persona que conducía rindieron frutos, dándose finalmente a la fuga.

La patrulla se dirigió de inmediato a la comisaría más cercana para dar cuenta de los hechos e interponer la denuncia por intento de homicidio del que fueron víctimas por parte del conductor. El Carabinero que tomó la declaración se comunicó de inmediato con el Fiscal a cargo, quien de forma inexplicable decidió declarar a los infantes de marina como imputados de un eventual ilícito, sin existir absolutamente ningún indicio de que hubiera ocurrido un hecho en ese sentido.

Los uniformados, al darse cuenta que el fiscal los estaba transformando de víctimas a victimarios, guardaron silencio y luego interpusieron un recurso de amparo, que fue favorablemente acogido por la Corte de Apelaciones luego de recibir todos los antecedentes, y que determinó además que el fiscal incurrió en una ilegalidad al transformar en imputados a las víctimas sin  que existiera antecedente alguno para esa decisión.

La Fiscalía decidió no dejar el caso y lo llevó a la instancia superior, la Corte Suprema. En dicha corte, a pesar de que no se desconoce la conducta inapropiada de la Fiscalía, determinó que las atribuciones de investigación son exclusivas del Ministerio Público y, en tal calidad puede libremente atribuir a una persona el carácter de imputado, incluso ante la inexistencia de antecedentes que lo ameriten.

De este modo ¿los ciudadanos debemos entender tras este fallo que la Fiscalía puede inventar delitos e imputar inocentes?

Como medio que espera que los derechos de las personas sean respetados y nadie pueda interponer su poder por sobre los demás de forma arbitraria e inexplicable, cabe no solamente solicitar al Poder Judicial una explicación acerca de este grave caso, sino también conocer los límites que tienen las Fiscalías, los fiscales y, qué pasos debe seguir una persona que estime que sus derechos han sido vulnerados soezmente por la Fiscalía, como ha ocurrido en esta insólita situación.

Empresa de Daniel Jadué debe pagar millonaria indemnización por incumplimiento

Durante las últimas horas salió a la luz un oscuro antecedente referido al juicio con el que la Municipalidad de Pichilemu demandó a la empresa de arquitectos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadué.

La demanda se interpuso cuando Jadué aún no comenzaba a ejercer su puesto en la municipalidad, y su fondo alegaba el incumplimiento contractual de ésta empresa solicitando una indemnización de 206 millones de pesos, cuando la firma PAC Consultores, propiedad del alcalde, se adjudicó el año 2011 la licitación para desarrollar y ejecutar el proyecto de reconstrucción y ampliación del edificio consistorial de Pichilemu.

El proyecto no fue ejecutado por la empresa. Cuando recién habían iniciado las obras, la empresa hizo saber al municipio que no era posible continuar porque uno de los estudios, el de mecánica de suelos, no había indicado la necesidad de construir un pilote de hormigón con un valor extra de 500 millones de pesos. Este estudio le correspondía a la propia consultora, era parte del contrato suscrito en la licitación pero la empresa de Jadué se defendió aduciendo que el estudio fue encargado a terceros y no era su responsabilidad.

La demanda fue desestimada dándole la razón al ahora alcalde en primera instancia el año 2018 por la Corte de Apelaciones de Rancagua, oportunidad en que los ministros que leyeron la causa fueron Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta. Ambos ministros hoy se encuentran expulsados del Poder Judicial y acusados por corrupción, hechos ocurridos luego de haber participado en la resolución inicial de este caso.

Sin embargo la demanda pasó a la Corte Suprema, donde los ministros resolvieron que los jueces están obligados a apegarse al contrato cuyas bases establecen que quien se adjudica las obras es responsable de todo el proceso del proyecto incluido el estudio de suelos objetado, aun si éste se subcontrata por parte del adjudicatario. Del mismo modo la instancia superior establece que PAC Consultores incumplió el contrato causando perjuicios a la Municipalidad de Pichilemu, por lo que deberá pagar una elevada indemnización al municipio afectado.

Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema

Presidente de la Corte Suprema superpone DDHH a la Ley chilena

Según consigna El Mercurio en su edición de hoy, el Presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva entre otros temas indica que a pesar que la gente pide mayor dureza en los fallos por violencia, aplicarlo se hace complicado porque se debe llegar “a un justo equilibrio” con los procesos que involucran a los “manifestantes”, para quienes se debe velar primero por sus derechos humanos.

Al mismo tiempo el magistrado critica la idea de aplicar mayores penas a personas que pertenezcan a grupos de choque que atacan a la fuerza pública, saquean o destruyan la propiedad, como la primera línea.

“He escuchado que se está pensando tipificar como delito el integrar una primera línea” agrega, llamando a tener cautela en estos aspectos pues en primera instancia hay que imponer lo que dictan los tratados de DDHH antes que nuestras propias leyes. No se refiere a las figuras legales que sí aplican para grupos violentistas que se coluden para saquear, destruir y quemar además de atacar a Carabineros con bombas incendiarias, balines, palos, piedras e incluso con armas de fuego.

En el marco de la apertura del año judicial, Silva manifiesta su preocupación por “la alta tensión entre los manifestantes y los agentes de Estado a cargo de la seguridad de la población”, pero no critica a la Fiscalía por su desinterés en perseguir a estos grupos de encapuchados que transforman cualquier manifestación en un escenario de violencia que afecta directamente los derechos fundamentales de todo el resto de la población en diferentes ciudades del país.

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