El caso conocido como “La Muñeca Bielorrusa” se ha convertido en uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años en Chile. Lo que comenzó como un conflicto contractual entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) terminó destapando una red de vínculos, favores, pagos irregulares y fallos judiciales cuestionados que hoy comprometen la credibilidad de ministros de la Corte Suprema, conservadores de bienes raíces, abogados influyentes y exjueces relacionados con investigaciones previas de corrupción.
Pero, sobre todo, este caso ha vuelto a instalar una pregunta inquietante:
¿La justicia en Chile opera al servicio del Estado de Derecho… o al servicio de quienes pueden influir en ella?
Un fallo que encendió todas las alarmas
El origen del escándalo se remonta al litigio entre Codelco y CBM, empresa encargada de maquinaria para el proyecto Rajo Inca, en la División El Salvador. Según la estatal, CBM no cumplió los plazos, registró retrasos superiores al año y enfrentó incluso problemas de seguridad laboral. Esto llevó a Codelco a poner término al contrato y retener garantías millonarias.
CBM recurrió a la justicia. Tras perder en primera instancia y en la Corte de Apelaciones, el caso llegó a la Corte Suprema, donde ocurrió lo inesperado:
la sala presidida por la ministra Ángela Vivanco falló a favor del consorcio bielorruso, revirtiendo completamente los fallos anteriores y obligando a Codelco a pagar millonarias compensaciones.
El giro repentino —y el tiempo inusualmente breve en que se resolvió— desató sospechas inmediatamente.
La caída de Vivanco y el inicio del hilo conductor
La ministra Ángela Vivanco, involucrada previamente en el denominado Caso Audios, fue destituida en 2024. Pero lo que vino después fue aún más grave.
La Fiscalía, liderada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, inició una investigación por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos. El seguimiento de cuentas bancarias, transferencias y contratos simulados reveló movimientos sospechosos entre abogados del consorcio y Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, quien hoy cumple prisión preventiva.
Los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ligados a la defensa de CBM, también fueron enviados a prisión preventiva, acusados de participar en una red de pagos irregulares destinadas a influir en decisiones judiciales de alto impacto económico.
Conservadores, exjueces y vínculos políticos: la red se expande
Uno de los nombres más mencionados en las últimas semanas es el del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado por patrimonios injustificables, pagos a jueces y vínculos con campañas políticas.
A Yáber se le asocian transferencias al exjuez Antonio Ulloa, destituido en 2024 luego de la acusación constitucional presentada por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, protagonista del Caso Audios.
Asimismo, la prensa ha revelado conexiones con figuras del mundo político, entre ellas congresistas que habrían mantenido reuniones, cenas o intercambios de favores con personajes involucrados en la trama, hechos que aún están en análisis por parte del Ministerio Público.
Otro nombre que se suma al escándalo es el del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, actualmente bajo sumario disciplinario luego de que se revelara que participó en un viaje a Europa junto a uno de los abogados hoy imputados. El hecho ha impulsado la discusión de una posible acusación constitucional en su contra.
El diagnóstico más duro: “la corrupción ya no es un fantasma, es una realidad”
La jueza Michelle Ibacache, al justificar la prisión preventiva de los imputados, pronunció una frase que marcó un antes y un después:
“La corrupción en el Poder Judicial dejó de ser un fantasma. Hoy es una realidad comprobable.”
Sus palabras reflejan lo que millones de chilenos perciben desde hace años:
que la justicia opera con dos velocidades, dos estándares y dos sistemas paralelos. Uno para el ciudadano común. Otro para quienes cuentan con acceso, recursos o contactos dentro del aparato estatal.
Un golpe a la confianza institucional
Más allá de los nombres, las formalizaciones o las futuras sentencias, el daño más profundo ya está hecho:
la confianza en el Poder Judicial —base fundamental de cualquier democracia— está seriamente comprometida.
La “Muñeca Bielorrusa” expone un problema que trasciende lo penal. Pone en evidencia:
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la inexistencia de controles efectivos sobre ministros y jueces,
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las redes de poder que operan desde hace décadas,
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la opacidad en notarías, conservadores y cortes,
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y la fragilidad del sistema frente a incentivos económicos y políticos.
Cuando la ciudadanía comienza a sospechar que la justicia puede comprarse, la legitimidad del Estado completo entra en crisis.
¿Y ahora qué?
El desafío para el país es monumental.
Chile necesita reformas profundas al Poder Judicial, no solo administrativas, sino estructurales. La transparencia, la trazabilidad de las decisiones judiciales, la fiscalización de los patrimonios y la forma en que se nombran ministros y jueces serán elementos centrales del debate público que viene.
Pero, sobre todo, este caso es una advertencia:
la democracia se sostiene mientras exista un árbitro confiable.
Cuando ese árbitro —la justicia— se corrompe, la República entera queda en riesgo.
Link a este capítulo en Youtube: https://www.youtube.com/live/aQZ6__rnNDQ
