Lo anterior, se debe al último reporte oficial del Gobierno enfocado en evaluar el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, donde solo una de cada cuatro compañías cumple con cuota mínima de trabajadores con discapacidad.
Un revelador informe publicado por el diario El Mercurio pone en jaque la efectividad de la Ley de Inclusión Laboral en Chile. A casi una década de su implementación, el último reporte oficial del Gobierno enfocado en evaluar el cumplimiento de la norma revela que de un universo total de 6.880 empresas que están obligadas a cumplir con esta exigencia, solo una de cada cuatro cumple con la cuota mínima de trabajadores con discapacidad, alcanzando apenas un 24,8% de cumplimiento real respecto al porcentaje exigido por la normativa.
Ante este escenario, diversos actores vinculados a la inclusión y la labor legislativa manifestaron su preocupación, apuntando a fallas en el diseño de las políticas públicas y a la falta de incentivos efectivos para que la norma no se transforme simplemente en un trámite administrativo o en el pago de multas.
Para Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena de la Discapacidad, los bajos índices de cumplimiento son el reflejo de un error estructural en la política de inclusión. “Los tristes resultados (…) dicen relación con el mal foco que ha tenido la política pública. En todo este tiempo el énfasis se ha puesto en la obligación que tienen las empresas de contratar, sin embargo, existiendo la voluntad de las empresas, lo que se evidencia en las ofertas publicadas, es evidente que no están llegando los candidatos idóneos para aquellas vacantes”, comentó.
En el mismo sentido, Poblete enfatizó que el camino no es solo la imposición, ya que “no por obligar a las empresas a contratar vamos a generar mayores contrataciones. Lo que hoy se requiere es fortalecer el desarrollo de competencias para el trabajo y el acompañamiento mediante metodologías como el empleo con apoyo, además de reconocer y destacar a las empresas que hoy sí están cumpliendo”.
Fiscalización y compromisos pendientes
Desde el Congreso, la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara, recordó que durante la discusión para aumentar los porcentajes de cuota ya se advertía que muchas empresas preferían optar por las medidas subsidiarias (donaciones o multas) antes que la contratación directa.
“Ante este escenario, presenté un oficio al Ministerio de Desarrollo Social solicitándole informe cuáles han sido las medidas que tomaron y los compromisos adquiridos en la Comisión sobre incentivo a la contratación”, afirmó la parlamentaria.
Llamado a una gestión eficiente
Por su parte, la congresista electa por el Distrito 13, Valentina Becerra, calificó la cifra revelada por El Mercurio como una señal de alerta máxima. “A ocho años de su entrada en vigencia, es un fracaso estadístico y una señal clara de que la norma, tal como está, sigue lejos de cumplir su objetivo real”, sentenció.
Asimismo, la también integrante del Partido Republicano, quien asumirá sus funciones legislativas en marzo próximo, adelantó que su gestión pondrá el foco en los resultados: “Desde el Congreso, nuestra prioridad será pasar de la buena intención a la gestión eficiente. No basta con dictar leyes que se quedan en el papel o que terminan en multas que no integran a nadie; necesitamos incentivos reales y una fiscalización que acompañe a las empresas para que la inclusión sea efectiva y no una carga administrativa. Chile no puede seguir esperando otros ocho años para que las personas con discapacidad tengan el lugar que merecen en el mundo del trabajo”.
El debate queda instalado sobre la necesidad urgente de reformar los mecanismos de intermediación laboral y capacitación, para que el 75% de las empresas que hoy no cumplen la norma puedan integrar efectivamente a este segmento de la población a la fuerza productiva del país.
