Un trágico incidente que ha sacudido las relaciones diplomáticas entre Chile y El Salvador se remonta al 18 de octubre de 2022, cuando un alto funcionario chileno, el Primer Secretario y Jefe de Cancillería de la Embajada de Chile en El Salvador, causó la muerte de un ciudadano salvadoreño mientras conducía un vehículo fiscal. Juan Eugenio Vega Urcelay, al manejar con imprudencia y a alta velocidad, impactó frontalmente a un motociclista, quien falleció en el lugar del accidente.
A pesar de las evidencias que apuntan a una conducción temeraria por parte del funcionario, quien utilizó su inmunidad diplomática para evadir la detención inmediata y abandonar el país en menos de 48 horas, la justicia tardó casi dos años en iniciar cualquier procedimiento. La Fiscalía de El Salvador y la policía local identificaron que el funcionario había perseguido al motociclista antes del impacto, violando así varias normas de tránsito. Sin embargo, el reconocimiento institucional por parte del Estado chileno llegó tarde, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile emitió la Resolución Exenta N° 3 de 2024, destituyendo al funcionario involucrado al validar la gravedad de su conducta.
La entonces Canciller Antonia Urrejola y su Jefa de Gabinete, Carola Muñoz, actual.
Embajadora de Chile en Ecuador, han sido señaladas por la gestión del caso, que ha levantado serias interrogantes sobre la transparencia del proceso y la respuesta del Estado ante actos de violencia perpetrados por sus representantes en el extranjero. Carlos Murillo, abogado salvadoreño y asesor parlamentario de la diputada Rebeca Rodríguez, denunció un claro error jurídico en la forma en que se trató este hecho. Según Murillo, no se trataba de un simple accidente de tránsito, sino de una “cobarde conducta cometido por un individuo que gozaba de inmunidad diplomática.
La familia de la víctima otorgó su mandato para llevar el caso ante la justicia chilena, buscando justicia y evitando que esta tragedia quede impune. La diputada Rebeca Rodríguez, quien se encuentra en Santiago de Chile, manifestó su profunda preocupación por la posibilidad de que este delito quede en la impunidad.
En su calidad de legisladora de doble nacionalidad salvadoreña y chilena, Rodríguez exigió al gobierno del Presidente Gabriel Boric que tome cartas en el asunto, resaltando la vulnerabilidad de las víctimas ante la falta de acción por parte de las autoridades.
Además, presentó una demanda en contra del Estado de Chile y del funcionario responsable. “Claramente existió un abuso a la autoridad del entonces encargado de negocios, el embajador alterno, el señor Juan Vega, y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación, al punto que el culpable regresó a Chile 48 horas después del cometido crimen, claramente evadiendo justicia”, señaló Rodríguez.
En tanto, el abogado Cristián Jara, especializado en Derecho Público, Asuntos Internacionales y socio de JyS Cía. Abogados, indicó que “este caso nos parece especialmente grave porque estamos hablando de un ciudadano salvadoreño que perdió la vida trabajando y porque está Chile involucrado desafortunadamente en ello.
Es muy grave en términos jurídicos y diplomáticos, tanto por la falta de transparencia de la Cancillería de no informar el hecho en su oportunidad como por no haber tomado acciones inmediatas y haberle seguido pagando el sueldo al presunto autor por casi tres años hasta su destitución administrativa, como si nada hubiera ocurrido.
Es triste ver como este gobierno insiste en no asumir su responsabilidad como Gobierno con la familia de la víctima salvadoreña, una familia vulnerable cuyo luto no se le ha permitido hacer en paz”
