El proyecto de ley impulsado por diputados oficialistas que busca obligar a empresas con más de 100 trabajadores a contratar al menos un 10% de personas de entre 18 y 28 años, si bien a primera vista podría parecer positivo, la verdad es que no lo es, sino más bien sería negativo para la economía nacional.
Hay industrias que por su nivel de riesgo requieren una experiencia previa, como por ejemplo en la minería, donde los riesgos de accidentes son altísimos. Si ocurre un incidente, la empresa no podrá excusarse de su responsabilidad legal señalando que el trabajador no tenía experiencia, ya que la compañía responde como persona jurídica ante la fiscalización y eventual juicio de accidente del trabajo, pudiendo sufrir multas y condenas judiciales millonarias.
Al mismo tiempo, le quita dinamismo al empleo. Piénsese que ya tenemos una ley en tramitación que busca transparentar las remuneraciones en las ofertas laborales, ley que, si bien facilita la búsqueda de empleo, tiene potencial de generar conflictividad al interior de la organización, así como fomentar la captura de talento por parte de las empresas más grandes, que pueden ofrecer sueldos más altos que las más chicas, privando, en consecuencia, el talento a las Pymes.
También al establecerse una norma de esta naturaleza se fomenta el despido, ya que la obligación existiría sólo respecto de sociedades con 100 o más trabajadores, de manera que las empresas que no quieran correr grandes riesgos contratando personal sin experiencia, podrían reducir su planilla de trabajadores, con tal de no quedar sujetos a tal obligación, es decir, preferir este mal menor.
Así mismo, aumenta los costos laborales dado que la implementación de esta normativa redundará en mayores fiscalizaciones y, en consecuencia, multas aplicables por incumplimiento. Al efecto, el Instituto Libertad y Desarrolló realizó un estudio que estima que para el año 2028, cuando esté completamente operativa la ley 40 horas, los costos laborales para los empleadores se habrán aumentado en un 44%, lo que no necesariamente irá aparejado de un aumento de los beneficios para las firmas en la misma proporción.
Del mismo modo, debe pensarse que esta ley resulta contraintuitiva, dado que las personas que más necesitan empleo son, precisamente, personas de 50 años o más, y no jóvenes de 18 a 28 años, ya que los segundos muchas veces no tienen hijos, y viven con los padres, mientras que los primeros son sostenedores de grupos familiares, como esposo o esposa e hijos, nietos, etc. Además, genera dudas respecto del punto de vista constitucional, dado que afecta el derecho de propiedad de las empresas, consagrado en la Constitución.
Por último, si lo que busca el Estado es fomentar el empleo juvenil y de personas sin experiencia, tiene otros instrumentos, tales como los subsidios al empleo, los bonos y las rebajas tributarias, es decir, el incentivo debería ir asociado a beneficios para el empleador, y no a castigos o limitaciones, que reducen las posibilidades en el empleo de la población en general y, además, aumentan los riesgos operaciones de las empresas, así como legales, producto de las nuevas multas que acarreará su implementación.
