- Por Guillermo Benavides Aguirre, candidato a alcalde por La Pintana.
En los últimos años, Chile ha experimentado un aumento significativo en los niveles de inseguridad, con un impacto particularmente fuerte en la Región Metropolitana. Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también genera un ambiente de miedo y desconfianza que se refleja en las estadísticas más recientes.
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2023 reveló que el año pasado la percepción de inseguridad en la Región Metropolitana alcanzó casi un 90%. Incluso, el índice de victimización se situó en 21,7%, prácticamente sin cambios en comparación con el 21,8% registrado el año anterior.
Los delitos violentos de la Región Metropolitana mostraron un incremento. Un estudio de Corpa Estudios de Mercado reveló que el 53% de los robos en esta región se realiza con violencia, la cifra más alta registrada desde el inicio de estas mediciones en octubre de 2022. Los robos en el transporte público, también, registraron un aumentó del 14% en enero de 2024 al 25% en el periodo de mayo-junio del mismo año. Pero uno de los delitos que más ha alarmado a la ciudadanía es el aumento de las “encerronas y portonazos”. Según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), entre 2020 y 2022 se registraron 1.589 denuncias por la sustracción de automóviles en la Región Metropolitana.
Como es sabido, el aumento de la inseguridad tiene múltiples efectos negativos en la sociedad.
El miedo y la percepción de riesgo afectan perjudicialmente la calidad de vida de los ciudadanos, limitando su libertad y participación en actividades comunitarias. Además, de impactar en la economía de las zonas afectadas, ya que las empresas enfrentan mayores costos operativos para implementar medidas de seguridad, y el turismo disminuye por la percepción de riesgo.
Para enfrentar esta crisis, son necesarias medidas concretas, como aumentar la presencia policial, mejorar la capacitación, el equipamiento de las fuerzas de seguridad, implementar tecnologías de vigilancia, incrementando el número de cámaras y potenciar su capacidad para ofrecer una cobertura más amplia y efectiva.
La creciente preocupación por la seguridad requiere una respuesta integral que además del uso de la tecnología, incluya una mejor la coordinación con las fuerzas policiales y un aumento significativo en los recursos disponibles para la seguridad pública como dotación de efectivos y recursos para las policías, permitiendo una mayor capacidad de respuesta y una presencia más constante en la comunidad con el fin de garantizar una protección efectiva y reducir la criminalidad en las comunas.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente si no se fomenta la participación ciudadana con comités de seguridad vecinales, creando canales de denuncia seguros y eficientes, programas de inclusión social que ofrezcan alternativas a los jóvenes en situación de riesgo.
En definitiva, la crisis de seguridad es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y coordinada con urgencia. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre autoridades, municipios, ciudadanos y el sector privado, se podrá revertir esta tendencia y construir un futuro más seguro para todos, fomentando un sentido de responsabilidad compartida y confianza mutua donde todos los ciudadanos puedan vivir y desarrollarse con tranquilidad.
