Lun. Oct 2nd, 2023
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Según explica el abogado Alejandro Sáiz Blanco, director ejecutivo de Norte Verde SpA, la pena máxima para la empresa por estos delitos es la disolución de la persona jurídica.

 

La corrupción es un fenómeno que afecta gravemente a la sociedad, al Estado de Derecho y a la democracia, por lo que su prevención y sanción es una tarea fundamental para el desarrollo del país.

 

En este contexto, la ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de receptación, administración desleal, corrupción entre particulares, negociación incompatible, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, entre otros.

 

Esta ley busca incentivar a las empresas a adoptar e implementar modelos de prevención de delitos que les permitan evitar o mitigar las consecuencias penales que se derivan de la comisión de ilícitos por parte de sus directivos, empleados o colaboradores.

 

Pero, ¿qué son los delitos de corrupción? ¿cómo prevenirlos? Alejandro Sáiz Blanco, abogado y director de la empresa de reciclaje de metales Norte Verde SpA, nos comenta al respecto.

Definición de los delitos de corrupción

Los delitos de corrupción son aquellas conductas ilícitas que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, o que afectan el patrimonio del Estado o de los particulares.

Sin embargo, los funcionarios de una empresa también pueden incurrir en ellos si es que se comprueba su participación al momento de intentar favorecer a la compañía mediante el ofrecimiento de dinero o beneficios a un funcionario público en medio de un proceso de licitación o fiscalización.

“Los delitos de corrupción afectan gravemente a la sociedad, ya que distorsionan la competencia, impactan el desarrollo económico, y disminuyen la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, debilitando el Estado de Derecho y la democracia”, señala Alejandro Sáiz.

Para entender cuáles son estos delitos, Sáiz enumera seis tipos:

 

  1. Soborno: Delito que comete un particular que ofrece o da a un funcionario público un beneficio económico indebido para que éste ejecute, omita o infrinja un deber propio de su cargo, o ejerza influencia o cometa otro delito funcionario.
  2. Cohecho: Delito que comete un funcionario público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido para ejecutar, omitir o infringir un deber propio de su cargo, o ejercer influencia o cometer otro delito funcionario.
  3. Malversación: Delito que comete un funcionario público que sustrae, aplica a usos propios o ajenos, da una aplicación pública diferente o rehúsa entregar los caudales o efectos públicos o de particulares que tiene a su cargo.
  4. Fraude al Fisco: Delito que comete un funcionario público que defrauda al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos, originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, en operaciones en que interviene por razón de su cargo.
  5. Violación de secretos: Delito que comete un funcionario público que revela los secretos que conoce por razón de su cargo, ya sean públicos o de particulares, o que hace uso de información reservada obteniendo un beneficio económico.
  6. Prevaricación: Delito que comete un juez u otro funcionario judicial que falta a sus deberes al dictar una resolución arbitraria e injusta.

¿Cómo evitarlos dentro de una empresa?

Si bien es cierto que, las definiciones de delitos de corrupción están más enfocadas en funcionarios públicos, el hecho de que el trabajador de una empresa se vea implicado en alguno de los hechos previamente mencionados, puede afectar duramente a su compañía.

 

En este sentido, los castigos para las compañías que se vean implicadas en este tipo de delitos pueden ser multas, prohibiciones de contratar con el Estado, pérdida de beneficios y subvenciones, siendo el peor de todos la disolución de la persona jurídica.

 

“Para evitar que graves sanciones afecten la estabilidad de las empresas, es necesario que estas establezcan un modelo de prevención de delitos. Según dispone la ley, estos modelos las pueden absolver en el caso de que un trabajador sea sorprendido incurriendo en un delito tipificado en la Ley 20.393”, señala Sáiz Blanco.

 

Para conocer más sobre cómo implementar un modelo de prevención de delitos, Norte Verde SpA ha preparado esta serie de video capacitaciones para empresas

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