Municipios de Chile destinan millonarios recursos a reparar daños por vandalismo, rayados, mobiliario destruido e incivilidades. El debate se reabre tras el anuncio del Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno.
Hay una cuenta que casi nunca aparece en el debate público, pero que todos los vecinos terminan pagando: la cuenta del vandalismo, de los rayados, de las luminarias destruidas, de los paraderos dañados, de las plazas abandonadas y de los espacios públicos que deben ser reparados una y otra vez con recursos municipales.
No se trata solo de una molestia urbana. No se trata solo de una pared rayada o de una banca rota. Se trata de millones de pesos que salen del presupuesto comunal y que, por lo mismo, dejan de estar disponibles para seguridad, áreas verdes, deporte, programas sociales, iluminación, patrullaje o mejoramiento de barrios.
Según datos recopilados por Emol desde distintos municipios, algunas comunas destinan cifras millonarias cada año para enfrentar los efectos del vandalismo y las incivilidades. El caso más evidente es Ñuñoa, donde la municipalidad informó recursos superiores a los $2.182 millones adicionales durante 2026 para reparar daños en el espacio público y reforzar la seguridad comunal. A eso se suman cerca de $144 millones anuales destinados solo a limpieza de graffitis.
En Santiago, la situación también es grave. De acuerdo con cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito citadas por el medio, durante 2025 se registraron 8.998 incivilidades en la comuna. Entre ellas, más de 3.000 casos vinculados a daños, además de consumo de alcohol y drogas en la vía pública, desórdenes y otras conductas que afectan directamente la convivencia.
Desde el municipio de Santiago se informó que se destinan aproximadamente $900 millones anuales a la atención de emergencias, eventualidades e incivilidades. Es decir, casi mil millones de pesos al año que no se están usando para mejorar la comuna, sino para reparar el deterioro que otros provocan.
Providencia, por su parte, informó un gasto de al menos $1.067 millones anuales en recuperación de espacios públicos dañados, limpieza de rayados y reposición de mobiliario urbano. Su alcalde, Jaime Bellolio, advirtió que cuando un sector se deteriora, también transmite inseguridad. Y ese punto es central: el vandalismo no solo destruye infraestructura; también cambia la forma en que las personas viven, transitan y se sienten en sus propios barrios.
En Independencia ya opera desde diciembre de 2025 un registro comunal denominado “Cero Incivilidad”, que contempla multas de entre 1 y 5 UTM y pérdida de beneficios comunales. Según el alcalde Agustín Iglesias, ya existen más de 100 personas incorporadas a ese registro, principalmente por consumo de alcohol o drogas en la vía pública, ruidos molestos, riñas, ocupación indebida del espacio público y fiestas clandestinas.
El debate volvió a instalarse luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara en su Cuenta Pública la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades a nivel nacional. La medida busca establecer consecuencias concretas para quienes dañen espacios públicos o cometan conductas que afecten la convivencia, incluyendo eventuales restricciones al acceso a ciertos beneficios estatales.
La propuesta ya generó debate político. Algunos alcaldes valoran la medida porque, según plantean, durante demasiado tiempo las incivilidades fueron tratadas como hechos menores. Otros advierten que las sanciones deben ser proporcionales y respetar la igualdad ante la ley, evitando que terminen afectando de manera desigual a personas según su condición socioeconómica.
Pero más allá de esa discusión, hay un hecho difícil de negar: hoy son los vecinos quienes están pagando la cuenta.
Cada rayado que se limpia, cada luminaria que se repone, cada plaza que se recupera y cada muro que se vuelve a pintar implica recursos públicos. Y esos recursos no salen de una caja abstracta del Estado. Salen del bolsillo de los contribuyentes, de las patentes, de los permisos, de los impuestos y del presupuesto que debería estar destinado a mejorar la calidad de vida de las familias.
El problema de fondo es cultural e institucional. Durante años se instaló la idea de que rayar, destruir, ensuciar o apropiarse del espacio público eran faltas menores, casi expresiones tolerables de descontento o simple desorden urbano. Pero cuando esas conductas se repiten, cuando no tienen consecuencias y cuando el municipio debe reparar una y otra vez lo mismo, la ciudad completa termina pagando.
Y paga dos veces.
Primero, con dinero público. Después, con pérdida de seguridad, deterioro del entorno y normalización del abandono.
El espacio público no pertenece al gobierno de turno ni al alcalde de turno. Pertenece a los vecinos. Pertenece a las familias que caminan por una plaza, a los niños que usan un parque, a los adultos mayores que necesitan una vereda limpia y segura, a los comerciantes que ven cómo se deteriora su barrio, y a los contribuyentes que financian la reparación de daños que nunca debieron ocurrir.
Por eso, la discusión sobre el Registro de Vándalos e Incivilidades no debería reducirse a una pelea ideológica. La pregunta de fondo es mucho más simple: ¿quién debe pagar por la destrucción del espacio común? ¿El vecino que trabaja, paga impuestos y cuida su barrio? ¿O quien destruye, raya, rompe y vuelve a su casa sin asumir ninguna consecuencia real?
Chile necesita recuperar el principio básico de responsabilidad. La convivencia no se sostiene solo con discursos. Se sostiene con normas claras, sanciones efectivas y una señal inequívoca: lo que es de todos se cuida. Y quien lo destruye, responde.
Cuando el vandalismo queda impune, no gana la libertad. Gana el abuso. Y cuando la ciudad se deteriora, no pierde el municipio. Pierden los vecinos.
