—René Fuchslocher
La liberación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein deja al descubierto uno de los episodios más sórdidos del poder contemporáneo: una red de explotación sexual de menores que operó durante años con total impunidad, amparada por fortunas inmensas, conexiones políticas de primer nivel y un sistema judicial que, en su momento, optó por acuerdos vergonzosamente indulgentes. No hablamos de rumores ni de literatura marginal, sino de registros de vuelos, agendas, contactos, testimonios y evidencias cuya sola existencia debería haber detonado investigaciones exhaustivas y un debate público permanente.
Lo que siguió fue lo contrario. Cobertura intermitente, silencios editoriales, y una clase política que actúa como si el asunto no existiera. En regimenes, sectores y personeros que se autoproclaman guardianes de la moral democrática y de los derechos humanos, esta omisión no es un error: es una señal. Señal de que existen élites situadas por encima del escrutinio y temas que deben ser administrados, no esclarecidos.
Desde el punto de vista jurídico, nadie puede sostener de forma seria que un nombre en un archivo baste para una condena. Pero sí es jurídicamente exigible investigar, transparentar y rendir cuentas. Cuando ni siquiera eso ocurre, el problema deja de ser probatorio y pasa a ser estructural: el derecho cede frente al poder.
Chile no puede observar este fenómeno como un espectador distante. Nuestro país es objeto de intereses estratégicos evidentes: control de territorios australes, Patagonia, agua dulce, proyección antártica y espacios de soberanía escasamente poblados. A ello se suma una cooperación intensa y sostenida en materias de defensa, seguridad e inteligencia con actores externos de enorme capacidad de influencia, relaciones que nunca son objeto de debate público profundo o control democrático efectivo.
Cuando escándalos de esta magnitud son relativizados en los centros de poder global, el mensaje hacia países como Chile es claro: hay alianzas que no se cuestionan, conductas que se toleran y verdades que se administran. Ese mensaje es incompatible con un Estado de Derecho serio.
La consecuencia es directa. Si el sistema político chileno, sus instituciones y sus medios aceptan como normal el silencio frente a redes de abuso protegidas por poder transnacional, no hay autoridad moral para exigir probidad, transparencia ni respeto a los derechos fundamentales dentro de nuestras propias fronteras. La soberanía no se pierde solo por invasión extranjera: también se erosiona cuando se renuncia a enfrentar lo que incomoda a los kingmakers.
Callar frente a esto no es prudencia, sino complicidad o —en el mejor de los casos— rendición anticipada.
