En Chile se ha instalado una peligrosa ilusión democrática: la idea de que cuando un gobierno pierde una elección, automáticamente pierde el poder. La realidad es bastante más compleja —y más preocupante—. Lo que estamos observando hoy es la consolidación de un modelo político que busca permanecer en el Estado incluso después de abandonar el gobierno, transformando la política en un negocio de largo plazo.
Durante los últimos años, y con especial intensidad en la recta final del actual gobierno, se han impulsado normas administrativas y legales que apuntan a blindar cargos, estructuras y redes completas dentro del aparato estatal. A este fenómeno se le ha comenzado a denominar, con creciente consenso ciudadano, como una verdadera “Ley Amarre”.
El Estado como botín anticipado
Lejos de tratarse de una modernización del Estado o de una defensa de la función pública, estas medidas responden a una lógica política clara: asegurar que operadores, militantes y cercanos al oficialismo no puedan ser removidos fácilmente por la próxima administración, aun cuando cambie el signo político del gobierno.
Así, el Estado deja de ser una institución al servicio de todos los ciudadanos y pasa a funcionar como un botín anticipado, donde se reparten cargos, contratos y privilegios antes de entregar el mando.
Fundaciones, ONG’s y financiamiento permanente
Uno de los pilares de este modelo es la proliferación de fundaciones y ONG’s financiadas con recursos públicos, muchas de ellas creadas recientemente, con objetos sociales ambiguos y escasa fiscalización real. Estas estructuras permiten canalizar millones de pesos hacia redes ideológicas afines, garantizando continuidad política y financiera incluso desde la oposición.
No se trata de errores administrativos aislados, sino de un sistema diseñado para no depender del resultado electoral.
Cultura como coartada ideológica
Otro componente clave ha sido el uso del concepto de “cultura” como justificación para asignar cuantiosos recursos públicos a proyectos que, en la práctica, funcionan como plataformas ideológicas. Lejos de promover el patrimonio, la identidad nacional o el acceso ciudadano, muchos de estos fondos terminan sosteniendo circuitos cerrados de activismo político.
De esta forma, se asegura influencia, visibilidad y recursos, aun cuando el control del Ejecutivo cambie de manos.
El engaño al ciudadano
El resultado final es una profunda distorsión democrática. Se le dice a la ciudadanía que habrá alternancia, que “la derecha gobernará” o que “el ciclo político cambia”, cuando en los hechos el Estado profundo ya queda capturado por redes de izquierda que no se someten al voto popular.
El próximo gobierno de José Antonio Kast recibirá una administración condicionada, con estructuras rígidas, presupuestos comprometidos y funcionarios blindados, lo que limita severamente su capacidad real de gobernar.
Recuperar el Estado para los ciudadanos
Este fenómeno no es exclusivo de un sector, pero ha sido impulsado y perfeccionado especialmente desde la izquierda, que aprendió a no depender de las elecciones para conservar poder. La política, así entendida, deja de ser servicio público y se convierte en un modelo de permanencia financiado por todos los chilenos.
Entender esta realidad es el primer paso para debatir seriamente sobre reformas profundas al Estado, transparencia real y una democracia donde gobernar vuelva a depender del mandato ciudadano, y no de redes enquistadas que nunca se van.
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