Cronología de la violencia en La Araucanía

Cronología de la violencia en La Araucanía

La Araucanía está viviendo momentos duros, dramáticos, de hondo pesar, de temor, que han mantenido fracturada a la sociedad en la Región, reflejados en la crueldad con que se queman casas, se asaltan predios con animales vivos en su interior y también por los alevosos asesinatos de personas, como el matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes fallecieron el año 2013 al interior de su casa ubicada en un fundo de la comuna de Vilcún, en la región de La Araucanía, a raíz de un ataque con armas de fuego y posterior incendio provocado por un número indeterminado de personas. En todos ellos afectando y violando los derechos humanos de quienes habitan en su territorio, cualquiera sea su raza, condición o situación económica. 

La década de los noventa marcó el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía con la primera toma de fundos y ataques incendiarios y, a partir del año 2000, la tensión ha ido en aumento, sobre todo al analizar los casos de violencia indígena desde el retorno a la democracia, en los cuales se ha visto una tendencia alcista. 

Según un estudio realizado por Libertad y Desarrollo, que contabiliza todos los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a 2012 (1.330 hasta junio de 2015), éstos se concentran especialmente en cortes de camino, incendios, actos violentos, hurtos, manifestaciones urbanas (violentas y pacíficas) y tomas de tierras que son reivindicadas por comunidades indígenas. La violencia en la IX Región es un fenómeno que ha ido recrudeciendo, con las conductas sistemáticas y organizadas de grupos violentistas, que atentan contra el estado de derecho y que han implicado serios daños contra la propiedad pública y privada. 

Según la indagatoria de LyD, mencionada precedentemente, estos acontecimientos, que en su mayoría son liderados por encapuchados, reflejan que “durante 2011 hubo un aumento de actos de violencia en relación con 2010”. Además, aseguran que el 51% de los casos corresponden a ataques “tanto a personas como a personal de Carabineros y daños materiales a la propiedad privada, como destrucción de plantaciones, cercos y puentes, seguido por los incendios (18%), tomas de terreno (12%), manifestaciones urbanas (9%), cortes de camino (8%), y finalmente, la comisión de hurtos (2%)”. 

En enero de 2013, en sesión especial, el Senado analizó la situación en La Araucanía y solicitó al Ejecutivo implementar medidas legislativas y administrativas, condenando de paso, todo acto de violencia en un Estado democrático. En esta sesión, el senador García Ruminot hizo un dramático resumen de los principales hechos de violencia que han ocurrido en la Araucanía y dijo que “entre los años 2008 y 2012 se han producido cerca de 800 delitos denunciados ante Carabineros y fiscales de La Araucanía con expresa connotación indígena: 31, el año 2008; 224, el año 2009; 107, el año 2010; 117, el año 2011; 287, el año 2012. Estadísticas que solo consideran hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, no son hechos aislados. Aquí hay violencia sistemática, atropello sistemático a los derechos humanos de los habitantes de La Araucanía”.

En la misma sesión, el Fiscal Nacional, manifestó las difíciles condiciones que deben enfrentar los fiscales en la zona y mencionó que muchas veces en las investigaciones es difícil hacer seguimientos de inteligencia por la rotación del personal policial. 

En julio 2014 la Multigremial de La Araucanía, desde 2009 expone un “Barómetro”, elaborado en base a las denuncias realizadas ante Carabineros y la Fiscalía, que mide las tipologías, intensidades y tendencias de la conflictividad en la zona, presenta un informe que indica que en las comunas de Ercilla y Angol se registra la mayor cantidad de delitos, tales como usurpación y atentados incendiarios. En el informe se indica que en la primera mitad del año 2014, en la Región de La Araucanía se registraron 106 denuncias formales -que están en manos de Carabineros y del Ministerio Público- por hechos de violencia como usurpación y amenazas, siendo los ataques incendiarios los que más se repiten. Según el estudio, entre 2008 y 2013 ha existido 1038 denuncias por hitos de violencia con connotación indígena, siendo el año 2012 el con más registros (309). El barómetro de conflictos con connotación indígena de enero-junio 2015 emitido por la misma Multigremial, indica que en La Araucanía existieron 152 hitos violentos denunciados en ese período, de los cuales 100 fueron en la Provincia de Malleco y 52 en la Provincia de Cautín. El desglose respectivo por comuna es el siguiente: Ercilla 49, Collipulli 30, Freire 15, Angol 12, Padre las Casas 9, Vilcún 7, Temuco 7, Galvarino 4, Lumaco 3, Victoria 3, Lautaro 3, Loncoche 3, Purén 2, Carahue 2, Curacautín, Villarrica y Gorbea 1. Además hubo 73 incendios con connotación indígena denunciados cuyo detalle es: 38 Bosques, 9 Siembras, 7 Camiones, 7 Casas, 6 Rastrojos, 3 Maquinaria forestal, 2 Galpones, 1 Maquinaria vial. 

A esa fecha, los actores más violentados eran los agricultores, les siguen las empresas forestales – transportistas y dueños de maquinaria agrícola. Un elemento adicional a considerar es que estos hechos de violencia tomaron otra característica; originalmente apuntaban a predios particulares de empresarios agrícolas de la zona, posteriormente fueron las empresas forestales el blanco de ataque, pero en los últimos meses de 2014 y principios de 2015, también ha afectado a pequeños parceleros, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Los afectados generalmente habitan sus tierras hace varias generaciones y han convivido con las comunidades mapuches colindantes sin problemas, estableciendo además vínculos laborales. A pesar de que el clima de violencia en la zona no es nuevo, sí lo es la intensidad y periodicidad con que estos hechos están ocurriendo. 

Según los datos del Catastro de Violencia Indígena elaborado por Libertad y Desarrollo es posible constatar que se generó un aumento de los actos de violencia desde el año 2014 al primer semestre de 2016, con la agravante de que los actos como tomas y expresiones de violencia extrema, definidos como aquellos en donde se genera una vulneración de la propiedad material, física y/o un daño moral a las personas a través del amedrentamiento, incrementaron su frecuencia, cuestión que va de la mano con un aumento en la percepción de vulnerabilidad y temor imperante en la región. 

La ocupación ilegal de terrenos en la Región de La Araucanía es uno de los elementos centrales que desatan y explican la violencia, como muestran los datos del Catastro de Violencia Indígena, de Libertad y Desarrollo que es un instrumento que desde 1990 permite visualizar en términos de tendencia los episodios de violencia desarrollados en La Araucanía, desde enero de 2014 a mayo de 2016 se han producido más de 45 tomas de terrenos, sin considerar que muchas veces éstas se ven acompañadas por robos, actos incendiarios -de los cuales se contabilizan 60 en el mismo período – , que también devienen en actos de violencia extrema, que desde enero de 2014 suman 98 episodios, de los cuales 38 sólo se produjeron entre enero y mayo de 2015. En múltiples casos las tomas o el enfrentamiento directo se produce en circunstancias de terrenos habitados por parceleros. 

La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), con el objeto de visibilizar la situación de las víctimas de atentados incendiarios, indica que según los datos, desde el año 2006 a septiembre de 2015 alcanzan la cifra de 130 camiones quemados. La agudización en los niveles de violencia caracterizaron los más de veinte atentados ocurridos sólo en los primeros meses de 2016, lo que acrecentaron un proceso de deterioro del Estado de Derecho, además de profundizar la sensación de vulnerabilidad en gran parte de la ciudadanía. 

Según el documento Barómetro de conflictos con connotación indígena, emitido por la Multigremial de la Araucanía, del período enero a diciembre 2016, la violencia de connotación indígena presentó una cara no vista antes en Chile; atentados incendiarios contra iglesias, tanto de credo católico como evangélico, la agresión directa a trabajadores forestales y a conductores de camiones fue otro delito grave. A plena luz del día decenas de trabajadores fueron emboscados, maltratados físicamente, recibiendo disparos directos y a sus vehículos de transporte, dejándoles lesiones físicas y psicológicas. Ciento cinco (105) atentados incendiarios fueron denunciados el año 2016; 36 en la región del Bio Bio, 57 en La Araucanía y 12 en la región de Los Ríos. Se incendiaron y denunciaron entre diversos inmuebles y bienes, 19 iglesias, 35 camiones, importante cantidad de maquinaria forestal, infraestructura predial y maquinaria agrícola. Continúa exponiendo este documento que los delitos de mayor gravedad como lo son los incendios, atentados incendiarios y atentados explosivos se mantienen o aumentan en el año 2016, respecto a los años 2014 y 2015. 

De 80 denuncias en el año 2014, subieron a 119 en el año 2015 y se mantienen en el 2016 con 105 denuncias. Los actores mayormente violentados respecto a cantidad de denuncias realizadas en el año 2016 fueron los agricultores y comunidades religiosas en La Araucanía. Finalmente, el documento indica que respecto a ubicación geográfica, La Araucanía es la región con mayor cantidad de hitos violentos denunciados, siendo la Provincia de Malleco y la Comuna de Ercilla, las zonas con mayor presencia de violencia de este tipo. Cabe señalar que de las 32 comunas que conforman esta región en 20 de ellas hubo al menos un acto violento de connotación indígena perpetrado denunciado. 

Según el informe de 23 de enero de 2016 de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, se destaca la situación dramática de las víctimas de la violencia rural, optando por poner la reparación de las víctimas en primer lugar y que amerita medidas inmediatas. En su página 13 el informe expresa lo siguiente: “la violencia se ha convertido en un argumento injustificado para agrupaciones que no respetan ni el Estado de Derecho ni los más mínimos principios de derechos humanos, como lo manifiestan centenares de víctimas que no tienen ninguna vinculación respecto a perjuicios históricos cometidos por el Estado y sus autoridades”.

Dentro de las propuestas en materia de reparación de víctimas de la violencia en la región, esta Comisión Asesora Presidencial expone que, la violencia en La Araucanía ha alcanzado niveles que atormentan a la sociedad regional, especialmente en zonas rurales, generando inseguridad en la población, buscando la expulsión de casas y predios a sus habitantes, ocasionando enormes dificultades y, en algunos casos, imposibilitando el trabajo en paz, produciendo daños a las personas y sus bienes, privando de instrumentos de trabajo y transporte y afectando a quienes transitan por ciertas rutas regionales. Este nivel de violencia ha tenido a víctimas de diverso origen y condición social. Deja en claro que no son sólo víctimas de delitos comunes, sino de delitos que tienen una cierta prolongación en el tiempo y que constituyen una violencia con clara finalidad política, llevada a cabo por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos. 

En su página 16, el informe propone, entre otras, las siguientes medidas: 

  • Creación de una comisión de reparación de víctimas de la violencia en La Araucanía. Estaría conformada por un equipo profesional y especializado para atender a las víctimas de violencia en la región. La comisión debería establecer los conceptos básicos, considerando indemnizaciones proporcionales por daños (lucro cesante y daño emergente) y daño moral, asistencia sicológica, beneficio de no pago de contribuciones en predios usurpados o que no pueden producir producto del conflicto, junto con fondos de arriendos y pensiones para los mismos. 
  • Dictar una ley que cree un fondo de reparación a las víctimas de violencia política en La Araucanía, cuya finalidad sería reparar la totalidad de los perjuicios (lucro cesante, daño emergente y daño moral) de las víctimas. 

Los resultados del Barómetro de conflictos de connotación indígena del año 2017 mostraron que la intensidad de la violencia de connotación indígena aumentó por el impacto social, político y económico de los actos realizados. Grupos organizados al margen de cualquier actitud pacífica y dialogante perpetraron durante todo el año atentados incendiarios, demostrando de manera permanente presencia y voluntad de ejercer – a través de la violencia política – grandes daños a diversos actores productivos y trabajadores, en las región del Bío Bío, Araucanía, y Los Ríos. Hubo 60 incendios denunciados en las tres regiones durante el 2017, donde se incendiaron un total de 89 camiones, afectando este año incluso a transportistas extranjeros (un uruguayo y un brasileño). 

En La Araucanía, hubo un aumento de denuncias respecto del año 2016, de 104 a 140 en el 2017. Se denunciaron 43 incendios/atentados incendiarios durante el año, quemando 55 camiones, 7 iglesias, infraestructura predial agrícola, maquinaria forestal, vial, viviendas, vehículos particulares, buses rurales, entre otros. Atacaron a comunidades religiosas rurales, quemando durante el 2017, 7 iglesias más. 

Se han denunciado desde el 2016 y 2017 un total de 28 iglesias quemadas (católicas y evangélicas). En La Araucanía reaparecieron, el 2017, denuncias de delitos “menos graves”; Usurpaciones, Daños y Amenazas. Se denunciaron 19 usurpaciones, en las comunas de Collipulli, Victoria y Labranza donde ingresaron ilegalmente hombres, mujeres y niños de comunidades indígenas que pararon faenas tanto forestales como agrícolas, haciendo salir a trabajadores de las mismas. Reaparecieron en La Araucanía denuncias de Amenazas, 22. Parceleros principalmente de las comunas de Ercilla, Angol y Los Sauces, denuncian hostigamiento de parte de dirigentes y personas violentas de comunidades mapuches del interior de la zona. De manera permanente son amenazados con el fin que se retiren de sus tierras, y familias mapuches puedan ocuparlas, bajo el pretexto de que son “tierras ancestrales indígenas”. Estos parceleros viven en condiciones de vulnerabilidad social, y son en su mayoría adultos mayores. Las amenazas son muy violentas generando situaciones de gran daño psicológico donde “el quedar en la calle sin nada” o “ser quemados como el matrimonio Luchsinger-Mackay” son parte de las amenazas constantemente mencionadas por los hostigadores. 

Según los resultados del Barómetro, en el transcurso de los primeros 90 días de 2018, hubo 40 denuncias de hitos violentos con connotación indígena y ya no sólo en tres regiones del sur de Chile, sino que se expandió a la región de Los Lagos, donde hubo tres atentados incendiarios denunciados en el mes de enero 2018. En La Araucanía, especialmente en localidades de las Comunas de Ercilla, Angol y Collipulli siguen presentes los robos con violencia e intimidación y las Amenazas, por parte de encapuchados armados en zonas con comunidades mapuches, y dirigidos a vecinos/as parceleros no mapuches y a trabajadores de distintos ámbitos productivos (agrícola, forestal, construcción, de telecomunicaciones, transporte público). 

El miedo y temor es parte del diario vivir de familias mapuches y no mapuches en ciertas localidades identificadas hace años en torno a la violencia de connotación indígena. Maltrato físico y serias secuelas psicológicas quedan en los trabajadores directa e indirectamente atacados, incluso secuestrados como ocurrió en el mes de marzo en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, sector aledaño a comunidades indígenas, donde encapuchados asaltaron y robaron a 5 trabajadores en una faena forestal, les apuntaron con armas, les amarraron las manos, les sacaron su calzado, les taparon el rostro y los subieron a una camioneta hacia un bosque. 

La visita del Papa Francisco I, la presión de salida de la cárcel para realizar un “acto religioso” del condenado en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, Celestino Córdova, la presión sobre el juicio contra los hermanos Trangol imputados y condenados por incendio de iglesia, la muerte de Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui en procedimiento policial tras robo de vehículo a docentes rurales, fueron parte de los móviles por los que se perpetraron 124 atentados incendiarios en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos durante el año 2018, según el Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena que realiza la Multigremial de La Araucanía.

El estudio evidenció un aumento en un 107% respecto a los atentados incendiarios del año 2017 (60).  En el año 2018 según lo establecido en las denuncias se quemaron en las cuatro regiones: 57 camiones, 16 viviendas, 15 iglesias más, 10 galpones, 4 cabañas de veraneo, 3 helicópteros, 3 centros de eventos turísticos, 3 bosques, 2 colegios rurales, una sala cuna al interior de una comunidad indígena, un centro de  rehabilitación, dependencias de oficina de buses, una ruca, dependencias de un servicentro en la ciudad de Ercilla, dependencias escolares y de servicio de salud, maquinaria forestal, maquinaria agrícola, maquinaria vial.

Los meses de julio y noviembre del 2018 fueron los que concentraron la mayor violencia en el año, pues la presión pública hacia el Gobierno ejercida simultáneamente por grupos organizados en distintas comunas de las regiones del Bio Bio y La Araucanía, generaron en el mes de noviembre, post muerte de Camilo Catrillanca, un clima donde atentados incendiarios, amenazas, cortes de rutas y de accesos a distintas ciudades, sumaron la más alta cifra de denuncias de hitos violentos con connotación indígena en los 10 años que se realiza el Barómetro por parte de la Multigremial de La Araucanía.

Durante el año 2018 se debió incorporar a las estadísticas del Barómetro, la Región de Los Lagos, ya que se comenzaron a perpetrar ataques incendiarios a contratistas forestales y viales en tres comunas de la Provincia de Osorno. Se evidenció un aumento de un 88% en el número de denuncias realizadas respecto al año 2017, es decir, de 170 se pasó a 319 en el año 2018.

Asimismo, 28 tipos de actores fueron violentados cuantitativamente;  agricultores y pequeños parceleros fueron los mayormente violentados, contratistas y trabajadores forestales, de la construcción, del sector vial, de telecomunicaciones, de transporte público,  empresas privadas, comunidades religiosas católicas y evangélicas, comunidades educativas, transportistas, funcionarios públicos diversos, policías (Carabineros y PDI), municipios, sufrieron incendios, usurpaciones, robos, amenazas, intimidación con armas de fuego, entre otros delitos. Todo esto en 35 comunas del sur del país.

El conflicto, sobre todo en La Araucanía, fue en franca alza cuantitativa y escaló la violencia produciendo un clima de inseguridad en la ciudadanía especialmente a partir de finales del año 2018.

Según la cuenta pública de la Fiscalía Regional de La Araucanía, en violencia rural, durante el año 2019 ingresaron a la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía 65 casos por delitos de mayor connotación (atentados incendiarios, ataques con armas de fuego contra Carabineros o ataques a particulares que dejaron a personas heridas), 16 más que en 2018, lo que representa un incremento de un 33%. En el período observamos un aumento significativo en otros delitos asociados al fenómeno de violencia rural, específicamente el de usurpación sin violencia hacia las personas. De 132 denuncias en 2018 pasamos a 290 en 2019, 158 casos más, lo que representa un alza de un 119%. Estos delitos son castigados sólo con multa, no con penas privativas de libertad, y la ley no permite la detención en flagrancia del infractor, sino sólo su citación, situación que ha abierto un debate en cuando a la necesidad de realizar precisamente alguna modificación legislativa

En la persecución penal de estos ilícitos, durante 2019 un total de 22 personas fueron condenadas por delitos de incendio, robo con intimidación, infracción a la Ley de Armas, receptación o usurpación violenta. Destaca la condena de Jorge Cayupán Ñiripil a cuatro años y un día de presidio efectivo por porte ilegal de arma de fuego, hecho registrado en octubre de 2018, en el sector Muco, de Lautaro y el veredicto condenatorio obtenido por la Fiscalía de Alta Complejidad en contra de Daniel Canío Tralcal por un ataque incendiario que en 2018 afectó maquinaria forestal en la comuna de Lautaro, en el que resultó herido al enfrentarse con Carabineros.

Con el propósito de fortalecer la persecución penal en el ámbito de los delitos relacionados con la violencia rural durante 2019, la Fiscalía de Alta Complejidad lideró dos líneas de trabajo: La primera fue un programa de capacitación al personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que participa en procedimientos asociados a violencia rural, a fin de mejorar sus competencias en el tratamiento de evidencias y resguardo del sitio del suceso, entre otros. La segunda fue una capacitación por parte de analistas de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía a detectives y carabineros de la Unidad de Coordinación Estratégica Macrozona Sur, que funciona al alero de la Subsecretaría del Interior, con el objetivo de incorporar herramientas y metodología de análisis criminal en las estrategias para enfrentar la violencia rural. 

La cuenta pública de la Fiscalía Regional de La Araucanía concluye que en materia de protección a víctimas, actualmente se encuentran vigentes un total de 352 medidas de protección de alta o mediana intensidad, además de otras 74 medidas de intensidad baja, que corresponden a contactos prioritarios con carabineros. En paralelo en el periodo la Fiscalía mantuvo permanentes reuniones con las distintas agrupaciones que representan a las víctimas de la violencia rural para escuchar sus planteamientos, informarles los mecanismos y medidas que implementa la Fiscalía para su protección, además de indicarles los avances en términos generales que mantienen sus investigaciones.

Libertad y Desarrollo llevó a cabo la Encuesta Identidad y Opinión de los Mapuche en La Araucanía, de tipo presencial a hombres y mujeres de La Araucanía que se consideran pertenecientes al pueblo mapuche, en la cual se abordaron temas de Estado y política, cultura e identidad, situación socioeconómica, tierras y vida política. Es interesante consignar que según los resultados de la encuesta de julio de 2019, el 83% de los mapuche cree que las acciones violentas de algunos grupos para recuperar sus tierras no son legítimas y el 94% cree que ello ha afectado su imagen.

Según el Barómetro de conflictos con connotación indígena, confeccionado por Multigremial de La Araucanía, en regiones Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que considera denuncias ante Fiscalías o Carabineros, durante el año 2019 concluye que es evidente la similitud cuantitativa de los delitos perpetrados, denunciados en cada Región entre 2018 y 2019, período en el cual, la cantidad de incendios/ataques incendiarios perpetrados en las 4 regiones, prácticamente es la misma, 124 v/s 121. Las usurpaciones aumentan drásticamente en La Araucanía y aparecen denuncias al respecto en la Región de Los Lagos, además, en La Araucanía en 21 de las 34 comunas se cometen actos violentos con connotación indígena.

Durante el año 2020, pese a estallido social y luego a las consecuencias de la pandemia mundial, la violencia rural no da tregua y continúa con su escalada de terror, una muestra de ello son los siguientes atentados: 

Viernes 03 enero de 2020  Queman camión en la comuna de Collipulli, a la altura del kilómetro 23 de la ruta hacia la localidad de Curaco.

Martes 07 enero de 2020  13 son los vehículos dañados  en Los Sauces en dirección a la cordillera de Nahuelbuta, cerca del sector de Miraflores.

Sábado 18  enero  de   2020  8   máquinas  que  se  ocupan en  faenas forestales y agrícolas resultaron destruidas en el fundo Santa Clara.

Miércoles 22 enero de 2020  Cinco Camiones quemados en el sector Faja Pemulemu, en el fundo Santa Domingo Collipulli.

Viernes 03 enero de 2020  Queman camión en la comuna de Collipulli, a la altura del kilómetro 23 de la ruta hacia la localidad de Curaco.

Martes 07 enero de 2020  13 los vehículos dañados  en Los Sauces en dirección a la cordillera de Nahuelbuta, cerca del sector de Miraflores.

Sábado 18  enero  de   2020  8   máquinas  que  se  ocupan en  faenas forestales   y agrícolas resultaron destruidas en el fundo Santa Clara.

Miércoles 22 enero de 2020  Otros cinco Camiones destruidos en el sector Faja Pemulemu, en el fundo Santo Domingo Collipulli.

09 de febrero, queman   dos  camiones  en la ruta  que une  Victoria  y Traiguén, Al momento del ataque uno de los conductores, que descansaba al interior del camión, resultó con un porcentaje de su cuerpo quemado tras el ataque. Días después, este chofer fallecería producto de las heridas recibidas en este ataque terrorista, convirtiéndose en una víctima inocente de la violencia rural que asola las regiones del sur de Chile.

13 de marzo, quema de cinco camiones al interior de un fundo de la localidad de Mininco.

11 de marzo dos máquinas forestales fueron incendiadas en predio ubicado a la altura del kilómetro 12 de la ruta Cholchol a Temuco.

El 13 de abril, en uno de los hechos más graves, una treintena de personas encapuchadas con armamento de alto calibre, ocuparon la ruta que une Cañete-Tirúa controlándola totalmente, registrándose fuerte tiroteo en la zona y el tránsito suspendido, ya que detonaron un automóvil a la entrada del puente LLeulleu.

Esta es la cronología de los hechos más relevantes que describen cómo la violencia se ha tomado parte del Sur de Chile transformándolo en una zona que pareciera no encontrarse dentro del Estado de Chile.

Las autoridades, a pesar de algunos esfuerzos aislados y no constantes para intentar tomar control en la Región, han sido ampliamente sobrepasadas y los grupos de guerrilleros y terroristas actúan con total impunidad, tal como sucedió en Colombia con las Farc.

Mientras el Gobierno no declare abiertamente la zona como tomada por el terrorismo y actúe en consecuencia utilizando el poder militar para frenar la violencia en la zona, los hechos vividos en las últimas décadas comenzarán a aparecer cada vez con mayor frecuencia más al sur del territorio, tal como ya está sucediendo en Los Ríos y la zona norte de Los Lagos.

 

La persecución y acoso de la izquierda en Chile

Columna de Izkio Redhat

El día Martes, el ministro de Salud Jaime Mañalich vivió en carne propia lo que es el acoso selectivo. Un grupo de twiteros decidió utilizar la plataforma desde hace unas semanas para publicar datos personales de toda la familia del titular de la cartera de salud, en los que se incluía el número de RUT, direcciones y teléfonos. Luego comenzaron a llegar las amenazas directamente a su cuenta Twitter, la que decidió cerrar de inmediato y colocar los antecedentes en manos de la policía de investigaciones.

Esta no es la primera situación similar que viven personas en las redes sociales, en Chile se viene repitiendo desde hace varios años este comportamiento, incrementándose durante el último año debido a la total ausencia de sanciones para los causantes de este delito.

De hecho, Twitter bloquea en forma definitiva las cuentas que cometen este ilícito, sin embargo los delincuentes que realizan este tipo de publicaciones trabajan con pseudónimos anónimos y con nombres y datos falsos, por lo que dar con su identidad para establecer demandas es muy complejo.

Fuentes muy cercanas de la brigada de cibercrimen de la PDI, me informaron que tienen acceso a personal de las diferentes redes sociales en sus países de origen para requerir antecedentes que les permita llegar a quienes cometen estos ilícitos que, cuentan con penas importantes en nuestra legislación. En los casos más graves se comunican con la plataforma para investigar direcciones IP y otros antecedentes que les permita trazar la ubicación e identidad del antisocial, lo que usualmente se debe hacer por medio de requerimientos judiciales para que la plataforma pueda proporcionar la información requerida sin contravenir sus condiciones de privacidad de datos.

Hace una semana, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, también fue objeto de amenazas de muerte. Esta vez se trató de un joven padre de familia que ofreció su automóvil como pago a quien “se echara a este ….”, refiriéndose al mandatario en términos violentos y completando su “oferta” con descalificaciones y mentiras propias de un sector que no argumenta, sino que agrede. En este caso la PDI pudo dar rápidamente con su paradero y en este momento el criminal enfrenta un proceso judicial que le puede costar varios años de cárcel efectiva.

Quien se mantuvo por cuatro días como Ministro de Las Culturas, fue el señor Mauricio Rojas. Su corta duración en el cargo se debió a una declaración de varios años antes cuando expresó que el museo de la memoria es un montaje, refiriéndose al uso político que de esta entidad hace la izquierda chilena. Sin embargo lo que más molestó a esa misma izquierda es que Rojas, antes de ser un crítico del sector, era militante de izquierda. Sus redes sociales se repletaron de insultos y amenazas de todo tipo, convirtiéndose en otra víctima más del acoso y violencia que ejercen las personas del Partido Comunista y todos los partidos del Frente Amplio, en general, junto a sus seguidores.

Fernando Villegas, ex panelista de Radio Agricultura, fue otra víctima de las “funas” de fanáticos del sector más violento de nuestra sociedad. No solamente recibía decenas de amenazas a diario, sino que todo el “ruido” provocado en las redes sociales ante una falsa acusación, le costó su trabajo.

Hoy comenzó a circular un inquietante video de alta factura, elaborado por un grupo denominado “Colectivo Matapacos”. Evidencia un financiamiento generoso para su realización. En este, las amenazas de muerte son para varias autoridades, y llaman directamente a quemar todo si “no se les entrega dignidad”, sea lo que sea que eso signifique para ellos. En las imágenes muestran al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ahorcado y colgando de uno de los brazos de la virgen del cerro San Cristobal en Santiago, junto a otras autoridades que no se alcanzan a identificar.

Además, el mismo video, muestra la cabeza del presidente Sebastián Piñera luego de accionar una guillotina, “empalada” y luego quemada frente a una multitud de millones de personas en las calles de Santiago, que grita consignas comunistas mientras comienzan a quemar el Palacio de La Moneda.

El video alude a un “estallido social 2.0”, e indica que ahora el enemigo para la siguiente etapa serán las autoridades y los políticos. El mensaje que entrega este video se sale completamente del marco de la Ley y de las mínimas reglas de convivencia. Aunque algunos internautas sospechan que los contenidos que muestran están creados únicamente con el objetivo de crear una nueva sensación de caos y miedo en la ciudadanía, hay que entender que este tipo de material difundido en las redes sociales en realidad está llamando a las masas a movilizarse y muchos de ellos creen que hay que seguir al pie de la letra lo que ahí se sugiere, pues lo toman como meta. De ahí que un simple video puede constituir una peligrosa amenaza para la vida de las personas, o para la estabilidad de un país completo.

La izquierda sigue trabajando a pesar del Covid-19. Las amenazas a las autoridades o personajes de notoriedad pública que se han declarado “no de izquierda”,  se han transformado en una constante en el comportamiento de estas personas cuyo único argumento es la violencia e intentar callar a quienes no piensen como ellos.

La pregunta que nos hacemos 95% de los chilenos (algunos más, otros menos) es: conocido lo que pasó desde el 18 de Octubre en adelante y cómo todo comenzó a arder (literalmente) en Chile al ver que el Gobierno no actuaba con decisión para detener una violencia inédita en sudamérica ¿Va a cometer el mismo error esta vez el ejecutivo, permitiendo que terminen de derribar a Chile completo?

Como le dije al editor de este medio, agradezco siempre ser tan, tan desconocido, que mi nombre no aparece ni en True Caller ID y mi cuenta en Twitter aún no tiene foto de perfil…

Estallido de violencia y Covid-19: Enjoy en peligro de quiebra

El directorio de la empresa Enjoy inició el día de ayer un procedimiento de reorganización judicial debido a la complicada situación financiera que vive la operadora de casinos a consecuencia de los embates económicos que les han golpeado fuerte primero por el estallido de violencia vivido desde el 18 de Octubre pasado y hoy por el Covid-19 que impide la llegada de clientes a sus instalaciones en diversas ciudades donde cuentan con concesiones.

Hoy la mesa de accionistas debía reunirse en una Junta Extraordinaria de Accionistas que fue suspendida a última hora. En una declaración, señalaron que “el directorio ha considerado que no están dadas las condiciones para que los accionistas de la compañía cuenten con antecedentes claros y objetivos, que les permitan determinar el monto de capital que se  requiere para que la Compañía, considerado la reprogramación de sus pasivos y la modificación de los términos de los permisos y licencias de operación, pueda operar de manera viable”.

Lo que espera la mesa de accionistas es poder responder a los acreedores, hacer una reestructuración de pasivos, recuperar la normalidad operacional y establecer un calendario de pagos responsable.

El anuncio fue efectuado por medio de un hecho esencial entregado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en cuyo texto se informa que luego de la llegada del coronavirus las salas de casinos fueron cerradas por las autoridades en todo el país y, además debieron cerrar sus operaciones en las ciudades de Punta del Este y Mendoza.

El comunicado agrega que los efectos provocados por la violencia vivida en el país entre el 18 de Octubre y Marzo de este año, fue un elemento de alta incidencia en la baja de las actividades turísticas, gastronómicas, hoteleras y por supuesto también para los casinos de juegos, hechos que obligaron a Enjoy a cerrar sus puertas en reiteradas ocasiones.

Todo lo anterior “ha generado un fuerte impacto financiero, “reflejado en  pérdidas en los resultados del negocio durante el último trimestre del año 2019 y un  empeoramiento importante en la situación financiera de Enjoy desde entonces. De manera  que las condiciones de normalidad, que son un absoluto necesario para la correcta ejecución del plan de negocios de la empresa, no están presentes, y no sabemos por cuánto tiempo ni con qué profundidad” señalaron en el comunicado.

La empresa informó que han intentado dar soluciones a los acreedores reprogramando deudas, sin embargo algunos de ellos no han estado dispuestos a negociar en buenos términos para resolver los pagos, sin ajustar las acreencias a los flujos esperados. Señalaron que  “a lo anterior se agrega la incertidumbre natural que implica la extensión de la pandemia y los posibles efectos negativos que, superada o no la pandemia, podría  implicar la reanudación de los disturbios sociales”, hechos de violencia ampliamente difundidos en las redes sociales por un sector político y que se iniciarían nuevamente a contar de este 27 de Abril.

 

La Revolución Enferma (Alexis López)

Por Alexis López Tapia – 01/04/2020

 

De acuerdo con cifras oficiales, desde el 18 de octubre pasado a la fecha se han registrado 13.812 “eventos”, es decir, delitos subversivos, entre los que se consideran 5.824 casos de desórdenes en lugares públicos; 1.088 saqueos; 1.075 daños a propiedad pública y privada; 379 incendios y 5.446 delitos de otro tipo.

Por estos hechos, se han realizado un total de 25.529 detenciones; 14.971 por desórdenes; 5.325 por saqueos; 1.029 por daños; 246 por incendios y 3.958 por otros delitos. De estas detenciones, 24.954 corresponden a chilenos, 133 a colombianos, 132 a peruanos, 69 venezolanos, 46 bolivianos, 27 ecuatorianos, 23 argentinos, 15 dominicanos, 8 haitianos y otros 122 detenidos de diversas nacionalidades, entre ellos cubanos, brasileños, paraguayos, chinos e incluso ugandeses, totalizando 575 detenidos extranjeros.

Entre los detenidos, 4.668 han sido menores de edad, 3.276 por desórdenes; 630 por saqueos; 129 por violar el toque de queda; 280 por daños; 79 por maltrato de obra a Carabineros; 8 por tener órdenes judiciales pendientes; 236 por otros motivos y 39 por ley de armas. La mayor parte de ellos han quedado en libertad sin sanción alguna, precisamente por ser menores de edad.

Los principales lugares afectados por estos hechos han sido 1.026 locales comerciales de diverso tipo; 473 supermercados, algunos de ellos saqueados varias veces; 434 edificios públicos; 313 establecimientos educacionales; 262 estaciones de metro, algunas de ellas completamente destruidas y otras atacadas varias veces; 235 bancos y entidades financieras; 77 buses, 67 servicentros y 983 otros lugares, entre ellos, más de 60 templos de diversos credos religiosos.

De igual modo, a la fecha se han realizado 542 ataques a cuarteles de carabineros, con 152 cuarteles involucrados, 61 de ellos en la Región Metropolitana, los que concentran 376 ataques, destacándose la Subcomisaría de Peñalolén, con 64 ataques; la 54ª Comisaría de Huechuraba, con 61 ataques; la Subcomisaría de Padre Hurtado, con 50 ataques; la 20ª Comisaría de Puente Alto, con 20 ataques; la 55ª Comisaría Suboficial Cristián Vera Contreras, de Pudahuel Sur, con 20 ataques; la 7ª Comisaría de Renca con 13 ataques y la Tenencia Renaico con 10 ataques, por mencionar algunas de las más atacadas.

Durante marzo, y pese a la Emergencia nacional por la pandemia de Coronavirus que se desató este mes, se ejecutaron 61 ataques a cuarteles, con un promedio de 2,4 ataques diarios.

Paralelamente, desde el 18 de octubre 792 vehículos de carabineros han sido atacados, entre ellos 38 autos de apoyo; 45 buses; 19 buses tácticos; 428 furgones; 24 jeeps; 25 carros lanza-agua; 8 retenes móviles; 26 motos todo terreno, 167 radio patrullas y 12 vehículos de otro tipo.

Finalmente, desde el 18 de octubre se han realizado 4.294 manifestaciones, concentraciones, marchas y protestas a nivel nacional, con una asistencia calculada de 5.666.313 personas, un promedio de 1.319 personas por manifestación.

En todos los hechos señalados, 33 civiles han fallecido por diversas causas: 12 por incendio, la mayoría en supermercados saqueados; 2 por inhalación de humo; 8 por atropello de vehículos; 5 por impactos balísticos y 6 por otras causas como paro cardiorrespiratorio, traumatismo, electrocución, inmersión o causas indeterminadas.

De igual modo, desde el 18 de octubre a la fecha, han resultado lesionados un total de 1.501 civiles de acuerdo con los correspondientes certificados de lesiones: 534 por perdigones, 43 por proyectil balístico, 50 por impacto de bombas lacrimógenas y 874 por otras causas.

Del total de lesiones a civiles, 86 de ellas son por trauma ocular, el 5,73% de los casos; 10 de ellos con pérdida de visión, el 0,67% del total de lesionados. Y respecto de lesiones generadas por impacto de perdigones u otro impacto balístico, se han registrado 577 lesionados, 54 de ellos con trauma ocular. Casi el 85% de estas lesiones fue calificada por los médicos tratantes como fuera del rango de gravedad, es decir, 487 casos del total. En la mayoría de los casos de mayor gravedad, Carabineros ha instruido respectivos sumarios para investigar los hechos.

En este mismo período, del 18 de octubre a la fecha, un total de 4.810 carabineros ha resultado lesionado, 18 de ellos con resultado pendiente; 20 con pronóstico reservado; 4.105 con lesiones leves; 405 con lesiones menos graves y 262 con lesiones graves.

De ellos, 125 han resultado heridos por impacto balístico; 1 con pérdida de ojo; 52 con traumatismo encéfalo craneano; 82 con quemaduras; 33 con trauma ocular; 11 con laceraciones; 154 con fracturas; 27 con fracturas dentales; 166 con heridas contusas; 138 con heridas cortopunzantes; 436 policontusos y 2.838 con contusiones de diversa gravedad.

Así, por cada civil que ha resultado herido en los últimos 5 meses, al menos tres carabineros han resultado heridos a su vez, totalizando esos 4.810 efectivos.

De ellos, 3.066 carabineros han sido afectados en la Región Metropolitana, 314 en Valparaíso; 314 en Antofagasta; 251 en BioBío; 144 en Los Lagos; 131 en la región del Maule; 109 en la Araucanía y los demás en las restantes regiones. De ellos, 4.317 carabineros heridos han sido hombres, y 493 mujeres.

Por su parte, la Policía de Investigaciones informa que 18 cuarteles de la PDI han sido atacados y dañados desde el 18 de octubre a la fecha, y 88 detectives han sido lesionados por ataques o en funciones de resguardo del orden público a nivel nacional. El 26% de los vehículos institucionales resultó con algún tipo de daño producto de ataques.

Del 18 de octubre al 24 de enero pasado, la PDI realizó 4.801 procesos investigativos, y se detuvo a 9.490 personas por diversos delitos, de entre los cuales el 34% tenía antecedentes policiales previos. El 40% de los detenidos fue por delitos de robo y receptación. 77% de los detenidos pasó a control de detención, y se incautaron 248 vehículos y 158 armas durante ese período.

Finalmente, cabe consignar además, que al menos 10 cuarteles de las Fuerzas Armadas han sido atacados desde Octubre, entre ellos el Regimiento Carampangue en Iquique; el Regimiento N°23 en Copiapó; el cuartel N°2 de la Escuela de Ingenieros Tejas Verdes, en San Antonio; el cuartel Cavancha de la Fuerza Aérea de Chile, en Iquique; el Regimiento Colchagua en San Fernando; el Regimiento N°23 en Copiapó atacado por segunda vez; la Gobernación Marítima de Valparaíso; la Gobernación Marítima de Valdivia y un intento de penetración a la Base Aérea de Iquique, entre otros.

En efecto, un informe oficial del Ejército reporta que se han atacado al menos 12 cuarteles en 39 ocasiones desde octubre a la fecha, algunos en más de una ocasión, incluyendo la Comandancia General; el Regimiento Copiapó ya citado; el Regimiento Chillán; el Regimiento Colchagua; Chacabuco; Victoria; Yungay; la CM Coyhaique; el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército; el CDO de la VI División en Iquique; la Brigada Motorizada N°4 en Arica y la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores” en Pozo Almonte. En la mayoría de los ataques se registraron daños en dependencias, rotura de vidrios, lanzamiento de bombas molotov, lanzamiento de pintura e incluso ácido al personal, bengalas, rayados, e incluso robos de menor cuantía al interior de los cuarteles. En la mayoría de los casos los hechos fueron denunciados a Carabineros y PDI para dar con el paradero de los autores.

El total de 4.898 efectivos de Carabineros y la PDI que han resultado afectados en los 162 días transcurridos desde el 18 de octubre hasta ayer viernes 27 de marzo, arrojan un promedio de 30 funcionarios heridos al día, en el cumplimiento de su deber.

Así, la magnitud, amplitud, frecuencia y gravedad de los hechos que hemos consignados no tiene paralelo en toda nuestra historia. De hecho, se trata de un proceso de insurrección revolucionaria absolutamente inédito, incluso a nivel mundial.

Y es que -como lo hemos venido señalando en este canal desde nuestro primer video del 17 de noviembre pasado-, lo que ha venido ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre no es ni un “Estallido Social”, ni mucho menos resultado espontáneo de una “Crisis Social”.

Además de que ambos conceptos son politológicamente impropios, simples eufemismos y sofismas absurdos para no llamar a la insurrección revolucionaria en curso por su verdadero nombre: Revolución Molecular Disipada. Y en particular, el intento majadero por intentar justificar el que todos estos hechos fueron provocados espontáneamente por una “Crisis Social”, resulta totalmente falso, y completamente insostenible frente a los hechos.

En efecto, en septiembre pasado el Gobierno se aprestaba a anunciar que el crecimiento esperado para el año 2019 llegaría a un 3,5%, reflejando un claro repunte en la economía que durante el Gobierno de Michele Bachelet había resultado seriamente afectada.

La cesantía del trimestre julio-septiembre de 2019 fue de sólo un 7%, 0,1 puntos menos que en el mismo período del año anterior y menor al promedio de los últimos 20 años, donde ha sido de un 9,5%. Desde noviembre de 2019 a enero de 2020, la cesantía se elevó a un 7,4%., llegando a un 8,8% en el Gran Santiago. Las proyecciones indican que la tasa de desocupación podría sobrepasar el 10% en junio de este año, sino antes.

Según datos oficiales, un 30% de las empresas en Chile declararon haber sufrido daños desde el 18 de octubre a la fecha. De estas, 8 de cada 10 fueron Pymes.

Finalmente, el crecimiento del país en 2019 se terminó situando entre un 1,8 y un 2%, precisamente por la magnitud del impacto económico de la insurrección revolucionaria en curso desde octubre.

A lo anterior, debemos agregar que, según todos los análisis, la pandemia del Coronavirus está provocando una grave recesión a nivel mundial.

En Chile, estamos a punto de caer en Recesión Técnica, y se estima que el Producto Interno Bruto, el PIB, podría caer en un 4% este año. De hecho, según datos del Banco Central, el PIB se contrajo un 2,1% el último trimestre de 2019, a partir del 18 de octubre.

Todas estas cifras sólo significan una cosa: hasta antes del 18 de octubre el país no tenía en realidad ninguna “crisis social”. La verdadera crisis social y económica en Chile comenzó a partir de ese nefasto día y se extenderá mucho más allá de este enfermo año.

En efecto, porque con la llegada del Coronavirus, que a este sábado 28 de marzo lleva 1.909 contagiados y seis víctimas fatales, todos los análisis indican que tendremos varios meses en Estado de Emergencia sanitaria y cuyos impactos serán gravísimos a todo nivel.

Este hecho ha logrado imponer finalmente el orden público, después de cinco meses donde el Gobierno fue absolutamente incapaz de cumplir esta obligación fundamental: la cuarentena general, las comunas con cuarentena total, el toque de queda y los llamados a la población a permanecer en sus domicilios han logrado aminorar momentáneamente el proceso revolucionario.

Pero la insurrección no se ha detenido, simplemente ha variado sus objetivos tácticos en función de la contingencia:

En efecto, el pasado jueves 26 de marzo, al menos tres torres de telefonía fueron derribadas con explosivos en el sector de Pichihuillinco, en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco.

Si bien desde octubre pasado, reportes no oficiales daban cuenta de al menos 21 atentados a instalaciones de telefonía, la mayoría se habría tratado de simples sabotajes.

En este último caso, el uso de explosivos marca un punto de inflexión fundamental en el escalamiento del proceso revolucionario, y se está investigando si el ataque está relacionado con el robo de explosivos que se efectuó en una empresa de áridos en Tirúa, en octubre pasado.

Al respecto, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, el general Rodrigo Medina sugirió entonces a las empresas autorizadas para utilizar explosivos, controlar el volumen almacenado de los mismos frente a la posibilidad de robos.

El pasado 27 de febrero, un grupo subversivo a sistémico, denominado “Afinidades Armadas en Revuelta” instaló dos artefactos explosivos que detonaron en el edificio Tánica, ubicado en Santa María de Manquehue, comuna de Vitacura, sin causar lesionados.

Este doble ataque explosivo apunta a ambas partes de esa podrida complicidad; romper, aunque sea por un instante con la cómoda vida pacata de los pudientes y dañar a agentes de la represión con la aniquiladora sorpresa” señaló el grupo por medio de un comunicado publicado en el sitio Contrainfo.

Ambos dispositivos fueron programados con media hora de diferencia para que el primero remeciera la normalidad del barrio burgués y el segundo, de bastante potencia, para que explotara en momentos en que los cobardes violadores del GOPE se hicieran presentes en el lugar, esperando que, por lo menos a uno de ellos, le reventara lo más cerca posible”, agregaron en el comunicado.

Por cierto, debemos señalar que a la fecha no hay ni un Carabinero procesado por Violación, simplemente porque todas las acusaciones que han circulado al respecto en RRSS son absolutamente falsas.

Finalmente, el pasado 12 de marzo, 14 cajas con cerca de 3.000 cartuchos de dinamita fueron sustraídas desde una empresa de explosivos ubicada en el sector de Las Bandurrias, en Rinconada, sin que a la fecha se haya detenido a los autores del robo.

Hasta ahora, salvo el ataque contra las torres de telefonía en Contulmo donde probablemente se utilizó dinamita, no se han registrado otros atentados explosivos contra infraestructura crítica, particularmente contra torres de alta tensión de la red eléctrica nacional, posiblemente porque para derribarlas se requieren explosivos de mayor potencia, como el plástico C4 / RDX, que ya en 2017 se utilizó en el robo a una sucursal del banco BCI en Calama, después de haber sido sustraído desde un arsenal del Ejército. Esta es una de las preocupaciones prioritarias de los organismos de seguridad del Estado.

Otra variación en las acciones subversivas lo constituyen los asaltos realizados por verdaderos comandos delictivos a Bancos, como el efectuado por al menos 7 sujetos contra la sucursal del Banco de Chile, en el sector del Metro Ecuador, Estación Central, donde dos carabineros resultaron heridos a bala y un cliente lesionado, el pasado viernes 20 de marzo, y desde donde se sustrajeron 30 millones de pesos, o el que se efectuó al día siguiente, el sábado 21 de marzo, en la sucursal del Banco Servi Estado del Mall Arauco Express, en Maipú, donde alrededor de 15 delincuentes perfectamente coordinados, lograron sustraer unos 170 millones de pesos.

Así, independientemente de las restricciones de movilidad y manifestaciones públicas producto de la Emergencia nacional por la pandemia de Coronavirus, la insurrección revolucionaria continúa desarrollándose, variando sus objetivos tácticos y sosteniendo una implacable campaña a través de las redes sociales y los medios de comunicación, para desacreditar, atacar e interferir con cualquier medida que tome el Gobierno para contener la pandemia.

En esto último, particular responsabilidad le cabe a los militantes y parlamentarios del Partido Comunista -incluida su militante Iskia Siches, presidente del Colegio Médico-, y del Frente Amplio, donde destaca la virulencia diaria incontenible de Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

Y aun así, pese a toda la evidencia anteriormente presentada, hay quienes siguen sosteniendo que Chile vive una “crisis social”.

Como hemos visto, en realidad se trata de una Revolución en curso, que se aprovechará de la verdadera “crisis social” que se ha generado, precisamente, como resultado de sus acciones.

En efecto, se trata de una Revolución que goza de buena salud, mientras todo el país se enferma.

Porque es una Revolución que enferma, que daña, que envenena, que envilece, que saquea, que incendia, que ataca, que destruye y deconstruye, y que día tras día ha venido actuando para poner a nuestra Democracia en jaque, volviendo a imponernos un Plebiscito que establecieron a través de la violencia y el caos.

Es una Revolución enferma de ansias de poder, enferma de resentimiento, enferma de odio y de violencia. Es una Revolución enferma, mortal para nuestra Democracia, para nuestros hijos y para nuestros nietos.

De todos nosotros, de todo patriota, depende sanar y salvar a la República de esta enfermedad revolucionaria mortal, que sin duda es y será mucho más grave que la pandemia que estamos sufriendo, porque de triunfar, enfermará a todo Chile para siempre.

Los chilenos ¿Entienden lo que se viene para el país?

Indudablemente el COVID-19 está impactando fuertemente al mundo y Chile no está exento de los efectos inmediatos y futuros que golpearán fuertemente los bolsillos de la ciudadanía.

Las cifras económicas que ya se comienzan a observar respecto del primer trimestre, comienzan a mostrar la “punta del iceberg” con aumento en el desempleo, cierres de Pymes, inactividad por parte de los independientes… Esto indudablemente nos lleva a preguntarnos qué pasará en el segundo semestre del presente año, donde se prevén caídas importantes en la actividad de hasta 10% en algunas estimaciones de economistas locales. Las medidas que el Gobierno ha estado tomando para enfrentar esta crisis tienen un horizonte de alrededor de 90 días, asumiendo que en ese período la crisis sanitaria debiera ir en franco declive pero ¿en qué situación estaremos para ese entonces?

Con la proyección de caídas importantes en la actividad, con un proceso plebiscitario en plena actividad, tendremos indudablemente la continuación de las demandas sociales, quizás aún más exacerbadas que para el periodo 18/Oct – Febrero, y de acuerdo con los anuncios de una oposición jamás complaciente, con expresiones aun más violentas.

Solamente miremos el panorama: Chile y el mundo en recesión, alto desempleo, el Estado más endeudado, miles de Pymes desaparecidas y con mayores y nuevas demandas sociales que las que generaron el estallido de octubre 2019.

Sin ser pesimistas, debemos ser realistas: tendremos problemas.

Hoy estamos todos enfocados en contener la crisis sanitaria, el Estado dedicado a utilizar todos los recursos disponibles y endeudándose para contener la pandemia que implica salvar vidas humanas, pero ¿tendremos la capacidad para reconstruir sobre los escombros que quedarán, con demandas sociales pendientes?

El chileno que se ha expresado desde octubre por demandas insatisfechas, el que ha destruido, saqueado y enfrentado a la autoridad con violencia ¿será capaz de entender la situación que se nos viene en el segundo semestre? Analizando el comportamiento de las turbas ¿existe alguna posibilidad que los violentistas depongan su actitud y apoyen la reconstrucción del país?

Todo indica que en el segundo semestre de este año, tendremos problemas importantes: Alta cesantía, caída importante en la actividad, recesión mundial, demandas insatisfechas. Es el caldo de cultivo perfecto para la violencia, el saqueo, el irrespeto a las autoridades de orden y seguridad. Todo amplificado en relación a lo ya vivido en los meses anteriores, debido a nuevas carencias que indudablemente se presentarán.

El COVID-19 nos ha hecho a todos volcar nuestra atención hacia lo urgente.Pero el problema político y social en Chile no ha sido resuelto. Sólo nos encontramos dentro de una nebulosa que ha colocado en una peligrosa e incierta pausa la realidad País, provocando que cuando la crisis sanitaria vaya en declive generará más demandas con un Estado mucho más pobre e incapaz de responder.

No deberíamos esperar dos o tres meses para comenzar a trabajar. Debemos generar desde ya acciones que unan más a los chilenos hacia el bien común ¿seremos capaces?

Jaime Cristi A.

¿Quién está tras la violencia en las marchas?

El 18 de Octubre comenzó en Chile uno de los periodos más violentos que se han vivido a lo largo de nuestra historia. Lo que parecía una evasión planificada por un grupo de estudiantes se convirtió rápidamente en la destrucción simultánea de más de 20 estaciones de Metro con acelerantes, muchas de las cuales a esta fecha aun permanecen cerradas.

Luego comenzaron las marchas que se han venido repitiendo casi a diario durante los últimos cinco meses, y en cada una de ellas inevitablemente hemos sido testigos de diversos actos violentos que comienzan por algo tan simple como grafitear todo lo que tenga superficie útil para ese fin, hasta asaltar locales comerciales, saquearlos, incendiarlos, destruirlos por completo dejando en la calle a más de 500.000 nuevos cesantes hasta la fecha.

La tristemente famosa “Primera Línea” ha sido el principal grupo violentista. Estas personas, la mayoría de ellos delincuentes con antecedentes incluso por homicidio de acuerdo a las fichas de los detenidos durante el último fin de semana, van adelante de las marchas provocado y atacando a Carabineros que son distraídos con estas acciones para no poder ver ni reaccionar ante los actos delictuales que ocurren atrás o a una o dos cuadras de distancia mientras se destruye todo lo que estos antisociales encuentran a su paso.

La prensa tradicional ha insistido en hablar de estas manifestaciones como pacíficas, cuando en cada una de ellas los desmanes y daños producidos superan cualquier ficción de ciudad en guerra. La provocación y ataque contra Carabineros es de un nivel tan brutal, tan cobarde, que estos delincuentes se aprovechan de toda la intervención que han hecho las agrupaciones de Derechos Humanos para impedir que los uniformados puedan responder con sus armas como manda nuestra Constitución.

¿Qué motiva al lumpen a actuar así durante 5 meses?

Diversas fuentes con mayor o menor credibilidad hablan de pagos en efectivo a quienes integran esta “primera línea”, y estos pagos llegarían incluso hasta a una tercera línea. Los montos se diferenciarían por el nivel de daño producido. Es decir, montos bajos (se dice que son $ 20.000) por participar provocando y atacando a Carabineros, y va subiendo si se daña un monumento, se colocan barricadas, daño a mobiliario público, saqueos y destrucción de tiendas, hasta incendiar locales, estaciones de Metro, etc.

También se sugiere que muchos de los pagos se realizan directamente con drogas cubriendo parte o el total de “lo acordado”.

Sin embargo, a pesar de que existen algunos registros en video y fotografías que muestran algún tipo de transacción entre varios de los participantes y otras personas, estas versiones no tienen un sustento seguro pues no se ha detenido a nadie en flagrancia recibiendo o realizando pagos hasta ahora.

Entonces ¿Qué los motiva?

Se trata de dos tipos de segmentos de la sociedad. Por un lado delincuentes, anarquistas, antisistémicos que están todos los días en su labor de provocación a Carabineros y destrucción de la propiedad. Dentro de estos se encuentran jóvenes desde los 12 años de edad hasta adultos con 40 y más años. Y por otra parte  existen personas que siendo estudiantes principalmente y unos pocos que trabajan durante la mañana y en las tardes se unen al lumpen, participan esporádicamente -preferentemente los viernes- durante las tardes y noches en una suerte de “aventura terrorista”. Por eso el perfil de estos últimos corresponde a jóvenes, que buscan la acción y la adrenalina sin pensar en las consecuencias.

El grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores actúa principalmente pensando que con su acción violenta provocarán algún cambio en la sociedad. Corresponde a idealistas que, en su juventud e irresponsabilidad, no son capaces de medir las consecuencias sobre sus actos. Es decir, se suben arriba del carro del idealismo muchas veces sin entender siquiera por qué ni para qué están ahí.

Sobre el primer grupo existe la gran interrogante. Están todos los días de la semana alrededor del sector Plaza Italia (la que han denominado ellos mismos “plaza de la dignidad) vigilando que nadie les quite su conquista territorial. Por las tardes toman una actitud más violenta y atacan a Carabineros sin ninguna provocación. Su objetivo ahí es crear desórdenes para que Carabineros reaccione y de este modo tomar videos y fotografías que luego viralizan al exterior mostrando “la represión del Estado contra pacíficos manifestantes”.

Esta acción es reiterada, día tras día. No se trata de marchas. Se trata de una zona de guerra, y la “primera línea” siente que ha conquistado un territorio que se utiliza para mostrar al mundo un Estado violento, represor y ajeno a las necesidades de la gente.

Se vienen entonces dos interrogantes obvias:

¿A quién le sirve esa estrategia de provocación a Carabineros, para luego victimizarse y mostrar un Estado que “no permite manifestarse” a personas “pacíficas”?

Deduciendo que sí existe un grupo político verdaderamente interesado en mostrar este panorama al exterior para poder llegar al poder derribando todas las instituciones incluida la presidencia, se abre la siguiente interrogante:

¿Quién financia a esta “primera línea”?

Una línea investigativa se dirige directamente hacia tiendas políticas como el Partido Comunista y algunos otros del Frente Amplio. No existen pruebas concretas, pero sí apoyo directo e indirecto a las acciones de estos grupos violentistas. Los políticos de esos partidos han justificado desde el comienzo de los disturbios el accionar de estos grupos de antisociales, y los han utilizado para reemplazar la necesidad de solucionar demandas sociales por la instalación de una nueva Constitución.

Pero han sido cinco meses seguidos de revueltas y la Primera Línea cuenta con un número indeterminado de integrantes junto a la segunda y tercera línea. Esto significa una gran cantidad de dinero, varios cientos de millones de pesos ¿Qué tienda partido político podrá mantenerse tanto tiempo financiando un grupo de guerrilleros urbanos, alimentándolos, pagándoles el transporte, el alcohol y las drogas?

La otra tesis es que se financian por medio de los narcotraficantes, que se han visto muy beneficiados ya que las policías no se encuentran tras ellos en todos estos meses lo que les ha permitido “ampliar su mercado” sin tener el problema de persecuciones ni búsquedas que les impidan llevar adelante su lucrativo negocio.

Y por último, existen sospechas fundadas acerca del destino de los dineros que son robados desde cajeros automáticos, locales comerciales, reducción de especiales robadas en los múltiples y constantes saqueos en todo Chile, y situaciones mayores como el robo ocurrido ayer el en aeropuerto Arturo Merino Benítez con una suma superior a los doce mil millones de pesos.

Es un hecho, los grupos de guerrilleros urbanos que están tras la violencia se alimentan por alguna de las vías mencionadas, o por un conjunto de ellas.

Violencia en las Marchas por el Rechazo

Sin embargo la violencia no es parte solamente de los movimientos que han ocupado la Plaza Italia. Desde comienzos de Febrero se vienen organizando con convocatorias cada vez mayores, marchas por el Rechazo a lo largo de todo Chile.

En la marcha de este último sábado 7 de Marzo que tuvo una asistencia superior a las 12 mil personas, el periodista Rafael Cavada se acercó a la columna de manifestantes que hasta ese momento se desplazaba en completa normalidad y tranquilidad para reprocharles agresivamente su opción por el Rechazo. Luego de unos minutos, algunos de los asistentes reaccionaron con fuerza para pedirle que se retirara del lugar y dejara de molestar a la gente que estaba en su justo derecho a manifestarse en paz.

Ante la negativa del periodista que se encontraba acompañado por dos personas más que apoyaban y alentaban su actuar, de pronto se hizo presente una decena de personas vestidos de forma similar a la forma en que lo hace la “primera línea”, y primero con empujones lo fueron arrinconando hasta botarlo al piso. El periodista se retiró finalmente al interior de un edificio y al regresar, mostraba extensas manchas de sangre en su vestuario, las que no exhibía cuando entró.

En este caso ese grupo llamado “La Vanguardia” actuó motivado por los insultos de Cavada.

Luego de ese incidente, la marcha continuó avanzando con normalidad y, al pasar frente a las torres de Carlos Antúnez y luego pasado Salvador, fueron violentamente atacados por ocupantes de departamentos que desde las alturas le arrojaban a la multitud botellas de vidrio, tomates, huevos, piedras y otros elementos contundentes.

El grupo de La Vanguardia se compone de un grupo de personas que decidió formarse por cuenta propia para ir en defensa de las personas que son atacadas en las marchas por el Rechazo, y en ningún caso para actuar con violencia sin que medie provocación. Esas personas son autónomas y no pertenecen a la organización de las marchas como intentó hacer creer el comunicador y director de la Casa por El Rechazo, Gonzalo de La Carrera, en una entrevista a La Tercera publicada el día de ayer en la que deslizó que los organizadores son quienes promueven la violencia en las manifestaciones y que ese sería el motivo por el cual su grupo no participaba en estas manifestaciones, a pesar de hacerlo.

La violencia en las marchas por el rechazo, nos indican desde la Fundación Yo Apoyo a Chile que se ha hecho presente en estas manifestaciones, “proviene siempre desde personas que nos insultan al pasar, y en la última marcha comenzaron a lanzar objetos contundentes desde los edificios  con el peligro consiguiente para la gran cantidad de asistentes”.

Agregan que “Nosotros, a diferencia de los manifestantes en Plaza Italia y otros puntos críticos en cada ciudad del país, nos reunimos para manifestar una opción frente al plebiscito y para pedir que el Estado se haga cargo y restituya el Estado de Derecho. No atacamos a Carabineros, no rayamos nada en las calles, no destruimos mobiliario público ni privado, no incendiamos ni saqueamos el comercio, supermercados, estaciones de Metro, buses del Transantiago, al terminar nuestras marchas todo queda limpio y no amedrentamos a nadie. Todas nuestras manifestaciones son autorizadas, en paz y respetamos estrictamente la democracia y sus herramientas” finalizó.

Min. de Hacienda convoca con urgencia Consejo de Estabilidad Financiera

Ante la debacle mundial en los mercados generada por el avance del Coronavirus y sus consecuencias en el mundo financiero más el quiebre de la OPEP, sumado a la debilitada situación interna producto de la violencia en las calles que ha contraído nuestra economía, Hacienda ha solicitado una reunión urgente al Consejo de Estabilidad Financiera, instancia que está compuesta por el propio Ministerio, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

El mundo financiero nacional está preocupado y monitoreando constantemente la compleja situación del mercado local y de lo que sucede en los mercados internacionales. Especialmente influyen en la situación que afecta a nuestro mercado la violencia que ha debilitado fuertemente nuestra economía, además de factores externos que están afectando a todos los mercados mundiales:   la expansión del coronavirus y la ruptura de l histórico cartel de los países productores y exportadores de petróleo (OPEP), que ha terminado por derribar el commodity hasta llevarlo a niveles históricos de hasta U$ 20 el barríl.

La finalidad de Hacienda para la convocatoria extraordinaria de esta tarde es  precisamente monitorear y analizar la situación local e internacional.

 

En medio de la crisis violentista, licitación de líneas 8 y 9 se declara desierta

Uno de los proyectos más importantes en cuanto a transporte para las personas en Santiago anunciados por el Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública del 2018, era la construcción de dos nuevas líneas de Metro, la 8 y la 9.

La línea 8 está diseñada para cubrir una distancia de 20 kilómetros y entre el Nororiente de Providencia y la comuna de Puente Alto, mientras la línea 9 tendría un recorrido aproximado de 17 kilómetros conectando las comunas de Santiago Centro y La Pintana.

Ambas licitaciones fueron declaradas desiertas debido a los ataques sufridos a la infraestructura de Metro los días 18 y 19 de Octubre de 2019, los que provocaron cuantiosas pérdidas económicas al sistema de transporte subterráneo que están evaluados en cerca de $ 308.320.000.000 pesos chilenos (376 millones de dólares).

En este momento todos los recursos disponibles de la empresa están destinados a la reconstrucción de las estaciones e infraestructura dañadas durante los ataques sufridos por terroristas y lumpen en los primeros días del movimiento violentista. Existen aun varias estaciones que no han podido ser reabiertas y se calcula que algunas de ellas estarán nuevamente en operaciones recién para el 2021.

Son cerca de 1,5 millones de personas quienes se ven perjudicadas por la suspensión de estos proyectos. Todas las licitaciones en curso para el desarrollo de estas dos nuevas líneas fueron declaradas desiertas y no existe fecha de reposición.

Si la violencia no disminuye, el dólar se irá por sobre los $ 838

“La señal que dio la Fed de bajar la tasas es extremadamente potente, porque da cuenta qué están encima del crecimiento”, sostiene respecto del coronavirus el gerente general de la Bolsa Electrónica, Juan Carlos Spencer.

Mientras la violencia tiene tomado Chile, su economía se observa cada día más estancada.

La crisis social primero, y el coronavirus en las últimas semanas, han dejado al peso chileno con una caída de 15,7% desde el 18 de octubre, convirtiéndose en la moneda más depreciada en el mundo dentro del periodo.

Pero si el peso logró bajar tras la intervención del Banco Central a fines del año pasado, en lo que va de este ejercicio ha vuelto a trepar de la mano de la caída global de los precios de los activos, esto producto del coronavirus. En total, la divisa sube $112 desde el 18 octubre.

Para Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, entidad en cuya plataforma se transa el dólar en nuestro país, la divisa ha mostrado altas fluctuaciones producto de cambios de expectativas, entre las que se incluye el coronavirus, pues “es una variable que puede complicarnos mucho”.

A ello, se suma que “tenemos dos meses bastante ajetreados por delante, y de aquí al plebiscito va a estar muy volátil el dólar”, proyecta el ejecutivo.

Según Spencer, “en la medida que la violencia aumente, veremos un dólar muy disparado, más de lo que estuvo en octubre y noviembre, es decir $838”.

Respecto del efecto del coronavirus en el mercado, el gerente general de la BEC sostiene que su impacto dependerá de cómo evolucione el problema, aunque “hay primeros indicios de que esto estaría bajando la tasa de contagiados. Teniendo eso más controlado, el mercado va a tender a calmar”.

“La señal que dio la Fed de bajar la tasas es su súper potente, porque da cuenta de que están encima del crecimiento”, sostiene.

Desde el 20 de enero, fecha en que el coronavirus comenzó a impactar los mercados, el Dow Jones y el MSCI Emergente pierden 9,47% y 9,41%, respectivamente. El IPSA, en tanto, cae 9,9%.

La verdad tras la marcha por el Rechazo

Estuvimos ahí, nadie nos puede venir con cuentos. La marcha comenzó en El Golf y se desplazó por Av. Apoquindo en dirección al Poniente. Se desarrolló en perfecto orden y tranquilidad, salvo por uno que otro insulto o gesto por parte de gente cuya opción es aprobar una nueva Constitución, quienes nos observaban incrédulos desde la vereda hasta que, ya en avenida Providencia a la altura de Nueva de Lyon, un grupo de activistas por el Apruebo nos agredió.

Momento en el que contrarios al rechazo lanzan diversos objetos a los manifestantes desde los departamentos de av Providencia

Primero fueron insultos y poco a poco comenzaron a lanzarnos piedras y otros objetos contundentes.

La Vanguardia (línea de defensa) reaccionó rápida y eficientemente. Acudió a la zona de conflicto y nos defendió de los ataques. Se reagruparon nuevamente y seguimos la marcha.

A la altura de La Concepción, las agresiones hacia nuestra manifestación se hicieron más y más violentas y peligrosas para los manifestantes que nos desplazábamos en paz, sin hacer destrozos, atacar a Carabineros ni rayar la ciudad. Desde las Torres de Carlos Antúnez nos lanzaron tomates, huevos, piedras y botellas de vidrio. Una vez más la Vanguardia rodeó la marcha y nos defendió de los ataques, situación que se repitió nuevamente al llegar a Manuel Montt.

La izquierda en su afán de ocultar la verdad, habla de violencia en la marcha del Rechazo. Lo cierto es que las agresiones siempre llegaron desde su sector, de parte de ellos. Dicen que la Vanguardia ataca y provoca desórdenes, comparándola incluso con la primera línea. Sin embargo en la inmensa manifestación no hubo destrozos, incendios ni saqueos, no se le impidió el paso a nadie ni se agredió a carabineros.

La guinda de la torta fue el “tongo” del señor Cavada. Este periodista en asociación con un camarógrafo que aparece oportunamente llamando “a funarnos la marcha del rechazo”, representan una película digna del séptimo arte. En este montaje se incluye sangre falsa, descubierta porque no se seca nunca ni cambia de color. El historial de agresividad de la supuesta víctima y su profesión lo exponen aun más en este montaje para perjudicar una marcha que se realizaba en completa tranquilidad. De hecho estuve ahí cuando él insultaba y provocaba a viva voz a los manifestantes, algunos de los cuales lo empujaron e hicieron caer al piso para luego retirarse al interior de un edificio y después salir cubierto de “sangre” a buscar medios periodísticos para finalizar su show frente a las cámaras.

Para esto, algunas personas sí son profesionales.

Soledad Fuentes T.

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