Jesuitas culpan a la sociedad por el crimen de Alejandro Correa

Jesuitas culpan a la sociedad por el crimen de Alejandro Correa

Los jesuitas, o la Compañía de Jesús, se han encargado de intentar bajar el perfil al caso del supuesto asesino de Alejandro Correa en Con Con.  A pesar del dramatismo de la situación que le costó la vida a un chileno por parte de un sicario colombiano, los jesuitas siguen insistiendo en quitar responsabilidad al criminal y acusar a la sociedad chilena por no proporcionar condiciones de seguridad apropiadas a sus habitantes.

En ningún momento estos religiosos aceptan que el ingreso sin control de inmigrantes al país trae este tipo de consecuencias, de hecho el director del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña, se ha dado el tiempo para publicar que “una vez más caricaturiza y confunde respecto de nuestra labor”.

No conforme con ello, el director del servicio jesuita a migrantes  continúa evitando abordar su responsabilidad por la falta de apoyo a las autoridades en el cumplimiento de las leyes del país, y expresa que “Sus dichos minimizan la compleja realidad de las personas migrantes, no se hace cargo de los efectos negativos de las propias políticas emanadas bajo su autoridad y omiten el actuar de la propia justicia chilena”, palabras que emite luego de las declaraciones del Director de Extranjería, Álvaro Bellolio, quien ha denunciado a los jesuitas por presentar recursos que buscan permanentemente impedir la expulsión de los inmigrantes con antecedentes penales.

Vicuña y su negocio religioso son uno de los principales beneficiados con las políticas públicas pro-migración descontrolada instauradas durante los últimos años y, bajo el modelo económico de su “causa”, se entiende su obstinación para impedir la migración controlada y obstruir a la justicia chilena en momentos en que se debería aplicar la Ley.

Los Jesuitas no son precisamente un grupo de personas que generen muchas simpatías alrededor del mundo. Ellos han estado siempre vinculados a acciones que atentan contra la sana convivencia dentro de una sociedad y, aunque disfrazan como actos solidarios o de misericordia iniciativas como promover y alentar la migración masiva, el hecho cierto es que esa compañía de dudoso carácter religioso recibe grandes ingresos por esta labor.

De este modo se explica la férrea defensa que los miembros de la Compañía de Jesús realizan en Chile para la migración, de la que viven y acumulan bienes y fondos obteniendo beneficios estatales gracias a su labor. Recursos provenientes de los impuestos de todos los chilenos, incluso del empresario recientemente asesinado por  el sicario colombiano a quien el señor Vicuña defiende con sus discursos de apoyo a todo evento al migrante, y quien además se da el lujo de sentirse ofendido y culpar a los propios chilenos (la sociedad) por este crimen.

Comprendiendo las motivaciones que tienen para alentar de forma tan decidida la migración entre países, promoviendo el traslado de la pobreza de un país a otro y, sin participar en ningún tipo de programa o iniciativa que permita a dichos pobres surgir y progresar en sus propias tierras, es posible entender entonces por qué se encuentran tan fuertemente aferrados en mantener la migración en lugar de aportar al desarrollo. Simplemente se trata de un lucrativo negocio que han aprendido a manejar muy bien, donde los fondos fiscales son “su pan de cada día” y, encontraron sin duda una forma de atraer gran cantidad de esos impuestos hacia sus arcas.

El dirigente del grupo religioso, respecto del crimen que le costó a vida a un ciudadano chileno, afirmó además que “cuando afirmamos que la sociedad falló, estamos diciendo que el Estado y sus instituciones no fueron capaces de garantizar la seguridad de quienes ocupan un territorio, y luego cuando se exigen explicaciones, en lugar de abordar las razones estructurales, se hace uso de chivos expiatorios para eludir la responsabilidad que le compete”.

Luego, sin reconocer en ningún momento que un país tiene derecho a regular la migración, Vicuña señaló que “Utilizar el trágico asesinato de Alejandro Correa para vincularlo con las causas presentadas por el SJM nos parece abominable”, y continuó acusando que “tenemos un trabajo de más de 20 años en Chile, nos parece una falta de respeto que se tergiverse, caricaturice y presente una imagen falsa de nuestra labor”.

En su impulsiva e inexperta juventud, es muy probable que este señor Vicuña aun no haya madurado lo suficiente para comprender que la migración es un derecho, pero las leyes de cada nación también y, cura o no, deben respetarlas y hacerlas respetar. Sobre todo si va a usar nuestros impuestos para su negocio.

 

Se espera fuerte ola migratoria hacia Chile para el 2021

Dentro de los países de Latinoamérica, Chile se proyecta como el que se podría recuperar de mejor forma a partir del 2021, cuando la pandemia por Covid-19 sea, es de esperar, sólo un mal recuerdo.

Esta proyección, que es respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), atraerá a miles de extranjeros para llegar como migrantes desde países de la Región que en su mayoría estarán viviendo serias dificultades y altos niveles de pobreza.

De acuerdo a lo expresado en este sentido por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, Chile está necesitando una nueva legislación para enfrentar esta situación que, tomando en consideración que el país no estará en ningún caso en su mejor momento, tendrá serias dificultades para recibir a cientos de miles de migrantes.

El problema de la solidaridad entre países en una situación inédita como la actual es que un país en dificultades puede colocar en serias dificultades a otras naciones. Al recibir a una gran cantidad de migrantes que llegan a un país en el que los índices de cesantía también serán altos, el Estado se debe hacer cargo de algún modo de proporcionarles las necesidades básicas como vivienda, alimentación y salud.

Lo que propone el Gobierno es que no se desate una ola migratoria como la vivida entre 2017 y 2018, cuando ingresaban 400.000 personas por año, pues de acuerdo a un estudio reservado en manos del Ministerio del Interior, esas cifras podrían repetirse e incluso aumentar a contar del próximo año. Así, el proyecto de discusión inmediata que se discutirá este lunes en el Senado busca que el arribo de los extranjeros sea seguro y controlado, llegando a cifras de entre 100.000 y 200.000 migrantes al año.

Mientras la mayoría de los países están anunciando un cierre de sus fronteras para poder enfrentar de mejor forma los complicados tiempos que se vienen para todos, José Tomás Vicuña, del servicio jesuita para migrantes, se opone a cualquier regulación sosteniendo que “es un error mirar la migración desde un punto de vista económico”. El problema que tienen personas como el señor Vicuña es que él no es quien paga los costos de las políticas públicas que exige, sino los demás chilenos que alimentan al Estado y a los propios jesuitas con sus contribuciones vía impuestos.

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