¿Quién controla al Ministerio Público?

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En diversas situaciones a lo largo de los últimos años, el Ministerio Público ha sido cuestionado por la ciudadanía ante ciertos procedimientos, sobre todo en aquellos que contienen sesgo político. Sin embargo el accionar tanto de la Corte de Apelaciones como el de la Corte Suprema, en un número importante de resoluciones ha demostrado tener mayor sensatez.

No es el caso de los hechos ocurridos el día 13 de Mayo, cuando una patrulla de infantes de marina efectuaba controles de rutina en la ciudad de Lota, en el marco del toque de queda y las restricciones de desplazamiento asociadas a esta medida de confinamiento por la crisis sanitaria que vive el país.

Al ordenar detenerse a un vehículo de color gris para efectuar el control, ése optó por no hacer caso a las señales de los uniformados, quienes tuvieron que apartarse rápidamente del trayecto del vehículo para evitar ser embestidos. Como respuesta, y en el amplio uso de sus facultades, uno de ellos realizó un disparo con una bala de salva, al aire. Al continuar el vehículo, otro de los marinos disparó hacia el vehículo con su escopeta anti-motines, pegando la bala de goma en la puerta del automóvil. Ninguno de los dos intentos para detener a la persona que conducía rindieron frutos, dándose finalmente a la fuga.

La patrulla se dirigió de inmediato a la comisaría más cercana para dar cuenta de los hechos e interponer la denuncia por intento de homicidio del que fueron víctimas por parte del conductor. El Carabinero que tomó la declaración se comunicó de inmediato con el Fiscal a cargo, quien de forma inexplicable decidió declarar a los infantes de marina como imputados de un eventual ilícito, sin existir absolutamente ningún indicio de que hubiera ocurrido un hecho en ese sentido.

Los uniformados, al darse cuenta que el fiscal los estaba transformando de víctimas a victimarios, guardaron silencio y luego interpusieron un recurso de amparo, que fue favorablemente acogido por la Corte de Apelaciones luego de recibir todos los antecedentes, y que determinó además que el fiscal incurrió en una ilegalidad al transformar en imputados a las víctimas sin  que existiera antecedente alguno para esa decisión.

La Fiscalía decidió no dejar el caso y lo llevó a la instancia superior, la Corte Suprema. En dicha corte, a pesar de que no se desconoce la conducta inapropiada de la Fiscalía, determinó que las atribuciones de investigación son exclusivas del Ministerio Público y, en tal calidad puede libremente atribuir a una persona el carácter de imputado, incluso ante la inexistencia de antecedentes que lo ameriten.

De este modo ¿los ciudadanos debemos entender tras este fallo que la Fiscalía puede inventar delitos e imputar inocentes?

Como medio que espera que los derechos de las personas sean respetados y nadie pueda interponer su poder por sobre los demás de forma arbitraria e inexplicable, cabe no solamente solicitar al Poder Judicial una explicación acerca de este grave caso, sino también conocer los límites que tienen las Fiscalías, los fiscales y, qué pasos debe seguir una persona que estime que sus derechos han sido vulnerados soezmente por la Fiscalía, como ha ocurrido en esta insólita situación.

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