Plebiscito: La vulneración de los DDHH de los Adultos Mayores

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En el marco de la discusión que se ha iniciado entre políticos de izquierda denunciando la intención del Gobierno de revaluar la fecha del Plebiscito constituyente, originalmente fijada para el pasado 26 de Abril y luego para el 25 de Octubre debido a la crisis sanitaria que afecta hoy al país, la postura y declaraciones de diputados y presidentes de partidos de oposición ha demostrado la falta de comprensión que éstos tienen respecto de la gravedad de la situación que afecta a los chilenos tanto por la propia crisis sanitaria como por los negativos efectos económicos que aun parecen lejanos, pero que serán inevitables.

La izquierda chilena se ha apropiado del concepto de Derechos Humanos. Ha creado una comprensión limitada del alcance de los mismos. La discriminación sistemática y los resultados adversos para un sector político son materia de corrección y acomodo institucional para retirar de agenda los resultados adversos a ese grupo, como ocurre en varios lugares del mundo.

En el caso chileno el grupo afectado es etario, se trata de los adultos mayores. No hay duda que ellos son vulnerables al contagio y deben aislarse especialmente para no exponerse a situaciones de aglomeración, con el objeto de evitar contagios que pueden ser , y de hecho son, letales en su caso.

El voto en Chile se realiza en estaciones con aglomeración, de eso no hay duda. Para quienes son adultos mayores la autoridad les recomienda aislarse so pena de contagio y eventualmente, alcanzar la muerte. La autoridad está diciendo: no puede ejercer su derecho democrático por pertenecer a un grupo vulnerable.

Esto es sin duda un caso de exclusión discriminatoria y una violación a los derechos humanos de esas personas ¿Cuál es el acomodo o remedio a esta situación? Esa es la interrogante. Porque si la autoridad no advierte del peligro y el adulto mayor tiene que ir a votar debido a que los políticos han establecido una fecha para el plebiscito sin considerar las situaciones de riesgo a las que expone a las personas, se contagiará y muy probablemente morirá. Entonces la autoridad es criminalmente negligente y eso ya es materia penal.

Qué solución es la más razonable, es la pregunta ante esta inédita disyuntiva democrática.

Obviamente el aplazamiento “sine die” seria la más aconsejable, hasta que el virus esté extinguido ¿1 año, 2 años? Lo que sea necesario, pero no es propio a la práctica democrática, excluir a ningún grupo sobre la base de alguna característica o vulnerabilidad. En este caso es la vulnerabilidad la que manda y coexiste con el grupo etario del adulto mayor.

¿Se arriesgaría la izquierda a excluir explícitamente a este grupo? ¿Seria presentable ante el mundo? ¿Seria legal? Qué hubiese hecho la ex mandataria Bachelet si esta situación de catástrofe hubiera ocurrido durante su mandato.

Los derechos humanos no son excluyentes, aunque algunos sectores pretendan apropiárselos para su uso y aprovechamiento político, y la izquierda debe comprender que la ciudadanía tiene derecho a ampararse en ellos cuando sus propios derechos son pasados a llevar por decisiones políticas que no están diseñadas para las personas, sino para sus propios intereses ideológicos.

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