28 noviembre 2021

Municipalidades: ¿Podrían ser utilizadas como herramienta para defraudar, Lavar Activos o Financiar al terrorismo?

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por Fabián Durán

Comenzaré contando un poco de historia respecto de cómo surge la obligación normativa en la que los municipios no cumplen y los Servicios Públicos se encuentran en un cumpli-MIENTO demasiado bajo o casi nulo, creando sistemas casi de papel sólo para ganar los bonos por metas cumplidas, quedando expuestos a ser utilizados como herramienta para defraudar, lavar activos (LA), financiar al terrorismo (FT) o la comisión de delitos funcionario (DF).

Para lograr una correcta aplicación de la Ley N° 19.913, el Gobierno de la Ex Presidenta Michelle Bachelet lanzó en mayo de 2015, la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, con 14 medidas administrativas, se consideró el desarrollo de Sistemas Preventivos Antilavado de Dinero y Anticorrupción en los Servicios Públicos.

A través de los Oficios Circulares N°20/2015 y N°14/2016, el Ministerio de Hacienda distribuyó a todos los Ministerios y Servicios Públicos del Estado, Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades una guía de recomendaciones para la implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el LA y el FA (elaborada en conjunto con la UAF decir qué es la UAF) y una propuesta de Modelo para Formular e Implementar un Sistema de Prevención de LA, FT y DF.

En noviembre de 2016, la cartera de Hacienda solicitó actualizar y/o complementar las matrices de riesgo Institucional, según las directrices del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), relacionadas con la identificación y evaluación de los riesgos asociados al LA, FT y DF. En agosto de 2017, además la Secretaría de Estado informó la necesidad de formular e implementar un Sistema de Prevención del LA/FT/DF, y plasmarlo en un Manual del Sistema de Prevención del LA/FT/DF. Dicho proceso culminó en diciembre de 2017.

Para continuar avanzando en un modelo que se vaya perfeccionando en el tiempo, en agosto de 2018 se solicitó a todos los Ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades, realizar una autoevaluación del funcionamiento de sus sistemas preventivos antilavado y anticorrupción, la que debería plasmarse en un informe de diagnóstico, en el cual se especificarán los niveles de madurez y de capacidad alcanzados en cada organización.

Complementando todas las buenas medidas señaladas en los párrafos precedentes, lamentablemente no se está cumpliendo por parte de los Municipios y en un alto porcentaje de incumplimiento de servicios e instituciones públicas centralizadas. Lo que se puede interpretar es que las normas y procedimientos para una adecuada Prevención de Delitos en el Sector Público y Municipalidades no es prioridad para los jefes de servicios, alcaldes y sus respectivos consejos.

Si sólo una Municipalidad representara su real preocupación por la prevención de delitos y se mostrara como una entidad éticamente correcta con procedimientos vivos y operativos como: un robusto control interno, capacitaciones, canales de denuncia implementados y garantizando la confidencialidad y anonimato para los denunciantes, políticas internas contra el nepotismo, entre otros controles o procedimientos.

Estas buenas prácticas son las que los chilenos demandan y que no se realizan de buena forma, creando el síndrome del “Modelo de prevención de delitos de papel” solo se crea para cumplir y ganar bonos por cumplimiento de metas, pero sabemos que son políticas que no tienen vida pues no salen del cajón del escritorio del encargado de su confección “naciendo sin vida” , pues el interés real no es la prevención de delitos, es el bono o cumplimiento de metas.

La ciudadanía chilena, está cansada de que los recursos públicos no se traten de una forma eficiente y transparente, pues como el dinero no es de las autoridades que lo administran, no se les mueve un pelo frente a la posibilidad de que las Instituciones puedan ser estafadas, utilizadas como herramienta para defraudar, lavar dinero o financiar al terrorismo. (siendo bien pensados…no existe intencionalidad)

¿Cuál será el primer Municipio o Entidad Pública en contar con un sistema de Prevención de Delitos robusto y eficaz? ¿Quién fiscalizará el cumplimiento de lo exigido en las normativas vigentes? No sacamos nada en promulgar normas si nadie las hace cumplir, como la mencionada Circular N°20 que señala que es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) el encargado de velar y revisar el cumplimiento de los procedimientos de Prevención de Delitos, pero por otro lado este organismo de auditoria de Gobierno señala no tener atribuciones en las Municipalidades.

Algunas preguntas que deja esta situación de cero control en esta materia es: ¿Si no es el CAIGG, tampoco la UAF y menos la CGR, quién?; ¿Existe real intención de prevenir delitos funcionarios o cualquier delito relacionado con el LA, FT o DF, en los municipios?; ¿Si no existen sanciones por no cumplimiento, quien cumplirá ?, y por último, ¿es justo que sólo el sector privado sea sancionado por no cumplir normativas vigentes en la materia de prevención de LA y FT ?.

Para concluir, sólo invito a reflexionar sobre lo vulnerable que se encuentran los Municipios al no contar con sistemas de Prevención de Delitos los que están muy alineados con un comportamiento éticamente correcto desde el alcalde hasta el último funcionario del municipio. Actualmente, dejar todo a la autorregulación o tal vez a la UAF y al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), cuando el primero es una especie de león sin dientes para las instituciones público y municipalidades y el segundo se ha dormido en dicho seguimiento, pues a esta última entidad se le encargó evaluar la aplicación del Oficios Circulares N°20/2015 emitido por el Ministerio de Hacienda, siendo el mismo CAIG el que señala no tener en su alcance de acción, la revisión de las Municipalidades y sus Corporaciones. Dicho lo anterior, es relevante destacar que en las distintas líneas de defensas que buscan la no materialización de delitos o riesgos identificados , el mejor control siempre es “preventivo”.

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