Legítima Defensa ¿Quién impide el derecho?

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Enrique Romo

Quizá el problema más grande que los chilenos honestos tienen hoy es no contar con el derecho de defenderse en forma contundente contra ataques que amenacen su integridad física, la de sus familias y vecinos, y su propiedad.

Una cierta perversidad ha buscado c-o-n-f-u-n-d-i-r (de fundir todo junto), es decir mezclar cosas que no son equivalentes y hacerlas equivalentes.

Esto comienza con el hecho que se confunde la protesta como expresión del derecho de expresión (que en ningún caso es absoluto), que se torna violenta con el derecho de expresión. Primero, no se considera que el ocupar una calle ya es una violación del derecho de libre transito de los demás, así como el crear desordenes y generar violencia que es una violación del derecho a una existencia tranquila, segura y pacífica. Cuando el Estado que tiene la obligación de defender los derechos de todos los ciudadanos, no lo hace hay una violación de los derechos humanos por omisión.

La historia perversa de la aplicación de los derecho humanos en este país, demuestra como se protege a los que realizan tanto actos de ocupación de espacios públicos, como actos de violencia, bajo el concepto del derecho a la protesta y de expresión que, en esta perversa versión, no permite una represión robusta y eficaz, porque inmediatamente le da paso a la denuncia de violación de los derechos de aquellos que cometen estos actos, poniendo en total segundo plano a la mayoría de los ciudadanos que deben sufrir la incomodidad, violencia, inseguridad e intimidación, sin que la ley los ampare, sin que el Estado se ponga de pie y desafíe la lectura tan parcial e injusta que los organismos -dichos especializados- en DDHH que favorecen tan claramente a los violentos y usurpadores que por casualidad siempre, eso es, 100% de las veces, son partidarios de políticas radicales de izquierda que creen que es legitimo chantajear y amenazar al gobierno legítimamente electo, e incluso lograr el poder por la fuerza, violando cada uno y todos los artículos de la constitución que rige al país.

Segundo, se confunde la “buena voluntad”, con no neutralizar decididamente actos de violencia que amenazan la integridad y propiedad de ciudadanos en la 9ª Región; por tener de alguna manera, o según alguna interpretación de sendos convenios firmados sin pensar en las consecuencias que tanto la firma de estos convenios como su aplicación, tienen sobre la gran mayoría de los ciudadanos en esa región. Cuando lo que se produce es idéntico a actos de terrorismo o de guerra, solo hay una opción y esa es usar todo el poderío armado del Estado para eliminar tales manifestaciones perjudiciales para personas, propiedad y desarrollo económico y social de la región.

Tercero, en actos de violencia a todas luces delictuales, sin motivación política, el sistema de justicia parece imponer los mismos criterios que en las circunstancias ya descritas más arriba, con el objetivo de reprimir eficazmente estos comportamientos tan dañinos para la comunidad. En todos estos casos se deja ver el fracaso del Estado como garantízador de los derechos de la ciudadanía.

¿Como corregir esta situación?

Lo fundamental es entender que los derechos no pueden ser “absolutos” sino acotados y dependientes de las consecuencias y motivación de los actos que hemos descrito con anterioridad.

Debe ser establecido que la garantía de mantener los derechos personales e individuales -es decir, derechos civiles, que se han dado a llamar derechos humanos, que de nuevo confunden los derechos naturales con lo que hoy son derechos asociados a actividad política militante y a derechos personales leídos como absolutos en el caso de delincuentes- deben ser garantizados por el estado o cualquier institución nacional o internacional, SOLO Y SOLO SÍ la persona que reclama tales derechos y recibe protección a los mismo por parte del Estado, NO VIOLE LA LEY CON SUS ACCIONES CONTRA LOS DERECHOS DE TERCEROS O LA PROPIEDAD DE ESTOS.

Los radicales pondrían el grito en el cielo ante tal propuesta, pero hay que preguntarse ¿existe otra forma de mantener un orden social razonable y ventajosos para todos, sin que el Estado puede actuar sin las limitaciones que observamos en estos días y que ofenden, incomodan y dañan profundamente a la gran mayoría de los ciudadanos de este país?

Las calles no son para ocuparlas arbitrariamente y sin autorización. La propiedad publica o privada, no existe para ser mancillada, destruida o dañada en cualquier forma que sea; y las regiones no existen para ser escenario de rebeliones o insurrecciones violentas y asesinas sin que el Estado intervenga con toda la fuerza de la ley.

Esta es la primera parte de la legitima defensa, es decir la defensa del Estado a favor de sus ciudadanos. La segunda parte, es la de los ciudadanos para ejercerla con el objeto de defender su persona, su familia y su propiedad.

Queda claro que la legitima defensa es interpretada de una manera totalmente desprendida de la realidad de las cosas. Falsas “proporcionalidades” entre contundencia del ataque y contundencia de la defensa parecen jugar un rol muy desventajoso para los ciudadanos honestos.

Si me atacan con un cuchillo y me defiendo con un revolver ¿he usado fuerza excesiva? Esta supuesta proporcionalidad es verdaderamente una perversidad. La interpretación no considera el estado mental y la motivación de lograr el objetivo del delincuente. ¿Importa entonces cómo y con qué uno se defienda y, más aun: ¿importa cuál sea el desenlace resultante en contusiones o heridas serias o incluso en el deceso del atacante?

No, no debería importar. Porque de acuerdo a lo propuesto, el atacante en el momento de actuar, debe perder todos sus derechos. Incluso el derecho a la vida, por lo que sea cual sea el resultado de la escaramuza, el que se defiende no tiene por que comparecer ante tribunales para justificar su acto de defensa, ni aquellos que puedan representar al atacante, herido o muerto, tampoco tienen ningún derecho de extraer compensación o resarcimiento alguno del que se defendía para frustrar el cometido del delincuente.

Este tema ha sido discutido inextenso en Italia y en España, donde la idea de la proporcionalidad de la defensa parece tener (o haber tenido) una importancia critica en la defensa de los que actúan en defensa propia. Mas aun, la evidencia sobre la delincuencia en ciudades americanas demuestra que, en aquellas ciudades y estados donde la segunda enmienda se hace valer y las personas tienen derecho a tener y portar armas, el numero de casos de asalto o robo violento es significativamente inferior a aquellas ciudades o estados donde se imponen limitaciones a la posesión y uso de armas de fuego.

En Chile, el control de armas ha sufrido modificaciones que han limitado el acceso a poseer y portar armas. Esto, sin duda deja a muchas personas en indefensión. Y mas aun, las limitaciones de su uso para legítima defensa, también hace que peligre la vida de personas honestas a favor de los derechos de delincuentes, violentistas o terroristas que no deberían tener validez de acuerdo a lo propuesto en este articulo.

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