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Entrevista sin tapujos a la diputada Camila Flores (RN), con quien conversamos acerca de la inmigración en Chile, la violencia en La Araucanía, las medidas de control que ha tomado el Gobierno para hacer frente a la pandemia y las implicancias económicas que comienzan a afectar a la ciudadanía.

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• Según el postulante a constituyente por el distrito 13, lo pertinente es enfocarse en programas virtuales de calidad para ir cerrando las brechas de acceso que los estudiantes en situación de discapacidad han vivido en tiempos de pandemia.

Desde que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijera que el regreso a clases regulares será desde el próximo 1 de marzo, diferentes críticas hacia esta medida surgieron por la alta cantidad de casos de coronavirus que está viviendo el país, incluso similar a los meses de junio y julio del año pasado.

Por esto mismo, Matías Poblete, postulante a constituyente por el distrito 13, argumentó que, en vez de estar anunciando clases presenciales, el gobierno debería potenciar los cursos y programas virtuales de calidad y entender que no estamos preparados para volver a la modalidad tradicional, acentuando que son los niños con alguna discapacidad los más afectados.

“Las soluciones posibles que se han presentado en este plan de regreso a clases nos hacen pensar que Chile debe transformar su sistema educativo, desde la educación regular y especial, avanzando en un sistema inclusivo, donde las oportunidades de aprendizaje sean igual para todos y todas, donde la diferencia sea la norma y no la excepción”, argumentó Poblete.

En esa línea, Poblete, quien es educador diferencial con mención en discapacidad intelectual, no se quedó sólo en la crítica al ministro Figueroa, sino que aconsejó enfocarse en nuevas políticas de digitalización para una mejor calidad de clases online, porque dice de esta forma se disminuirían las brechas de inclusión educacional en muchos establecimientos. Al mismo tiempo, expresó su preocupación por los niños y jóvenes que han perdido un año completo debido a la falta de herramientas.

“La pandemia del Covid-19 ha dejado en mayor evidencia las brechas y exclusión que enfrentan las personas en situación de discapacidad. Nuestro país tiene un sistema que se organiza separando la educación regular de la especial. En este sentido, aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales, asociadas a una discapacidad, han quedado excluidos de los procesos educativos en pandemia”, advirtió el aspirante a un cupo en el proceso constituyente.

Según cifras del ministerio de Educación, el 20% de los colegios dice que puede recibir a todos sus alumnos todo el día, otro 20% dice que los puede recibir, pero unos en la mañana y otros en la tarde, y un 40% dice que los puede recibir, pero alternando los días.

Números alentadores, pero que no se explican con la cantidad de contagios que se registran hasta hoy. De hecho, un 52% de las personas rechazan la vuelta a clases presenciales y quiere que se mantenga la modalidad en línea y sólo un 9% quiere el retorno físico a las aulas (Encuesta Cadem).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 15% de la población mundial está compuesta por personas con discapacidad. En nuestro país, según las últimas cifras del Estudio Nacional de la Discapacidad (2015), el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir, más de 2 millones 800 mil personas.

• El parlamentario oficialista presentó en 2019 un proyecto de resolución, el cual fue aprobado y solicitaba al Ejecutivo presentar una iniciativa que contemplara este tipo de rescate.

Luego que el Senado despachara a tercer trámite el proyecto que permite a enfermos terminales hacer retiros de sus fondos previsionales como excedente de libre disposición, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, valoró esta señal que a su juicio es de toda justicia.

“Según cifras del Minsal, hasta 2019 se estimaban unas 46 mil personas con algún tipo de cáncer terminal y esta cifra se duplica al considerar otros casos distintos al cáncer. Estos enfermos viven una realidad dramática ya que además de padecer una larga agonía, deben enfrentar una serie de gastos de gran envergadura, lo cual a su vez trae aparejado las más variadas consecuencias económicas y sociales que terminan siendo absolutamente perjudiciales, por lo que termina siendo un gesto de justicia y empatía que todo afiliado a una AFP con una enfermedad de esta gravedad pueda contar con la posibilidad de retirar sus fondos”, planteó Durán.

En 2019 el parlamentario presentó un proyecto de resolución, el cual fue aprobado, y que tenía como finalidad precisamente que el Ejecutivo presentara una iniciativa que contemplara el retiro de dinero para enfermos terminales.

“Como legisladores tenemos que hacer posible que cotizantes que están enfrentados a una situación de enfermedad terminal, donde el horizonte de vida no es más allá de 6 a 7 meses, puedan hacer uso de sus ahorros en las AFP, fondos que son de su propiedad. Cada vez estamos más cerca”, aseveró el diputado.

Al proyecto que ahora será analizado en la Cámara Baja, se introdujeron normas para la implementación en el tiempo de transición, y se dejó constancia de que el retiro de estos fondos no va a significar un impuesto oneroso ni va a afectar los recursos necesarios para los enfermos terminales. De este modo, quedan liberados de impuestos los retiros de hasta los 40 millones de pesos de los excedentes de libre disposición.

El proyecto de ley garantizará los recursos necesarios para financiar una renta temporal por 12 meses igual a la Pensión Básica Solidaria (PBS), una cuota mortuoria de 15 UF (436 mil pesos) salvo aquellos del PBS y las pensiones de sobrevivencia en el caso que el afiliado tenga beneficiarios de ésta.

• El parlamentario de Chile Vamos oficiará a la Seremi Metropolitana, al ministerio de Salud y a las municipalidades, donde se concentre la mayor cantidad de casos de contagios, de manera de poder cumplir con protocolos más estrictos, y así frenar el rápido avance de la enfermedad.

Los permisos de vacaciones y algunas medidas sanitarias que han “favorecido” el descanso mental de la población, las cifras de contagios, sobre todo, en regiones no da tregua. Es por esto que el diputado Jorge Durán (RN) se concentró en los lugares de esparcimiento, donde se han desarrollado mayor número de aglomeraciones, tomando la decisión de oficializar a diversas entidades gubernamentales y municipales para exigir mayor regulación en el cumplimiento de las normas sanitarias.

“El personal que está siendo destinado a fiscalizar no está dando abasto. Los hospitales en Antofagasta y Valparaíso colapsan, y es sumamente necesario poner atención a las fiscalizaciones, más aún que ahora la ciudadanía está de vacaciones y la movilidad aumenta considerablemente. Los municipios y el Gobierno Central deben destinar más personal en las tareas de fiscalización, porque claramente no se está haciendo un buen trabajo o bien podría ser mucho más riguroso”, exigió el parlamentario.

Segundos después, Jorge Durán, quien además, es integrante de la Comisión de Salud comentó que oficiará en las próximas horas a la Seremi Metropolitana, al ministerio de Salud y a las municipalidades. “El oficio busca conseguir un conteo de las fiscalizaciones diarias, como también si existen protocolos y si éstos se están cumpliendo adecuadamente. Al mismo tiempo, saber si estamos contando con el número suficiente de personas a cargo de fiscalizar”, detalló. A reglón seguido, expresó que los reportes diarios y/o semanales serían un documento fundamental para llevar un registro ordenado de esta labor.

“Es importante conocer si los pubs, restoranes, negocios establecidos, centros comerciales, farmacias, entre otros, están cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes. La población debe estar informada y así conocer la realidad país, y tener conciencia de lo que significaría infringir una norma sanitaria”, sentenció el diputado.

Según cifras de la Seremi de Salud Metropolitana al 18 de este mes, las inspecciones desplegadas han permitido cursar infracciones en 2.472 empresas, 1.985 sumarios se han abierto a tiendas comerciales, que han recibido 164.647 visitas de inspectores. A personas, se han abierto 2.924 procesos por no portar los permisos temporales, incumplir las cuarentenas o no usar mascarillas (444 casos). Y eso, sin contar los 11.454 expedientes iniciados contra viajeros en cordones y aduanas sanitarias.

• La Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD) dio a conocer un informe de las problemáticas a resolver a nivel nacional, siendo el proceso constituyente el primer paso para terminar con la discriminación y crear nuevos espacios de inclusión.

A casi cuatro meses de que comience la elección de los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna,  la Fundación Chilena para la Discapacidad publicó el informe “Constitución y Discapacidad: Propuestas para el debate constitucional”, cuyo propósito fue convertirse en un insumo y referente técnico para las discusiones constitucionales que se aproximan, desde el punto de vista de la inclusión y participación de las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD).

Los objetivos de esta publicación son relevantes no sólo para gente con discapacidad, sino que para aquella persona interesada en cambiar de fondo la actual Constitución: “Gracias a este informe nos podemos acercar al enfoque de derechos a la mayor cantidad de personas posibles, con o sin discapacidad, y abrir el debate en cuanto a los derechos que hoy se contemplan y los que podrían consignarse en una nueva Carta Magna”, explicó Matías Poblete, presidente de la organización.

Para ordenar los conceptos de este estudio se consideraron dos líneas de trabajo: análisis de derecho comparado y sistematización de material empírico vinculado a demandas concretas de PeSD y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) vinculadas a la discapacidad.

En este sentido, FChD relevó 11 ámbitos o dimensiones como propuestas para el debate constitucional: dignidad humana, toma de conciencia, reconocimiento a la diversidad humana, discapacidad como concepto abierto a variadas circunstancias, entre otros puntos relevantes.

Ahora, ¿por qué es tan importante que gente en condiciones de discapacidad estén involucrados en proyectos como la construcción de una nueva Constitución?: “La constitución consagra de manera transversal la temática de discapacidad en cada uno de los derechos que se van a considerar, involucrando el bienestar de todos los chilenos y chilenas”, enfatizó Poblete.

Gran parte de los chilenos ha tenido una primera cercanía con la Carta Fundamental chilena desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas de octubre de 2019, por ello FChD ha buscado, desde entonces, realizar un aporte al debate cívico en torno al nuevo texto, realizando encuentros ciudadanos y estudios de diversa índole, disponibles para todo público en formato digital en https://www.fchd.cl.

• El país se ha posicionado como referente en el continente en ciencias y tecnologías, no obstante, tiene mucho camino que recorrer en materias como un Estado digitalizado y educación en TICs.

El Congreso Futuro es un evento de gran importancia en el cual personas reconocidas en algún ámbito de estudio tanto científico como humanista exponen a la ciudadanía sobre problemáticas a las que la sociedad se enfrenta o se enfrentará en un futuro cercano. En esta décima edición totalmente virtual la temática central fue en torno a habitar en incertidumbre producto de la crisis sanitaria y otras situaciones y catástrofes que ocurren en el planeta.

Uno de los organizadores del principal evento de divulgación científico-humanista en Latinoamérica y el hemisferio sur es el Senado de Chile, por lo que conocer la perspectiva de uno de sus integrantes sobre esta actividad resulta interesante. El senador independiente, Kenneth Pugh, evaluó positivamente su impacto, no sólo por el posicionamiento mundial, sino además por el aporte que entrega a los legisladores para su labor.

“Vivimos momentos difíciles producto de una pandemia mundial y una recesión económica global, junto a una gran desestabilización social, por lo que reflexionar sobre esto es fundamental para poder enfrentarlo y así, juntos, crear un mejor futuro. Chile se posiciona como un líder de opinión, con seguidores de este Congreso Futuro en todo el mundo y permitiendo a los parlamentarios visualizar aspectos a cubrir con nueva y mejor legislación. Es un valioso instrumento para el desarrollo de nuevas políticas públicas, especialmente, para innovar sobre aquellas que la crisis sanitaria ha fracturado o sobrepasado”, afirmó el senador.

Por otra parte, a nivel de aprendizajes que deja el Congreso Futuro Pugh señaló que el caso de Estonia con un robusto Estado Digital en que la protección de datos está garantizada a través de sólidos mecanismos de ciberseguridad debe ser el modelo a seguir para Chile.

“La lección más importante fue la de Estonia, donde gracias a que el Estado y los ciudadanos estaban digitalizados se pudo enfrentar de buena forma la pandemia que afectó a millones de personas que quedaron desconectadas. Se debe garantizar el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado y esto lo he propuesto como reforma constitucional. Chile puede aspirar al 2025 a transformarse digitalmente, pero el gobierno debe liderar de forma clara y decidida este proceso para proveer acceso universal a trámites digitales con el Estado, mediante una plataforma integrada de datos que garantice el principio “sólo una vez” para almacenar en un único lugar considerando todos los resguardos de privacidad de datos y ciberseguridad”, aseveró.

Finalmente, el congresista de la región de Valparaíso indicó que el foco de estos aprendizajes debe estar en la educación para que los estudiantes desde niños dominen las diferentes tecnologías.

“Chile debe invertir más en el “desarrollo basado en el conocimiento”, para eso se deben mejorar los programas de estudio en educación básica para que los alumnos alcancen una madurez digital antes de los 12 años que les permita acceder de forma natural a las tecnologías digitales en red y tal como aprenden a leer y escribir a edad temprana, aprendan a leer y escribir un programa que permita a un dispositivo funcionar. Se requieren nuevas habilidades de siglo XXI y disminuir la enorme brecha de mujeres en tecnologías”, concluyó el congresista.

• Un 52% de las personas rechazan la vuelta a clases presenciales y quiere que se mantengan la modalidad en línea, y sólo 9% quiere el retorno físico a las aulas (Encuesta Cadem).

Luego que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijera que el regreso a clases regulares sería el 1 de marzo, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, lo emplazó a retractarse de esta idea, esto por la alta cantidad de casos que está viviendo el país de personas contagiadas por Covid-19, incluso similar a los meses de junio y julio del año pasado.

“No puede pensarse en volver a clases en marzo cuando el número de contagios va en aumento en forma drástica. Habiendo comunas en cuarentena, y la mayoría de la Región Metropolitana en fase 2, es ilógico pensar en una vuelta a clases presencial”, expresó el diputado Durán, quien integra la comisión de Familia de la Cámara Baja.

Al mismo tiempo, el parlamentario no se quedó sólo en la crítica al ministro Figueroa, sino que aconsejó enfocarse en nuevas políticas de digitalización para una mejor calidad de clases online.

“Si bien, Chile es un país con gran avance tecnológico, existen escuelas rurales muy precarias en temas de conectividad, por eso invito al ministro a que visite estos sectores más alejados de la Capital, a ver si de esta forma pudiera crear plataformas digitales educativas más efectivas y ofrecer a los niños y profesores mejores programas virtuales con clases de calidad online”, argumentó el legislador oficialista.

Según cifras del ministerio de Educación, el 20% de los colegios dice que puede recibir a todos sus alumnos todo el día, otro 20% dice que los puede recibir, pero unos en la mañana y otros en la tarde, y un 40% dice que los puede recibir, pero alternando los días. Números alentadores, pero que no se explican con la cantidad de contagios que se registran hasta hoy.

De hecho, un 52% de las personas rechazan la vuelta a clases presenciales y quiere que se mantengan la modalidad en línea y sólo un 9% quiere el retorno físico a las aulas (Encuesta Cadem).

A la fecha, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 680.740. De ese total, 23.647 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 639.091. Mientras que los casos diarios de las últimas semanas han estado entre los 3.500 y casi 4.500.

• Según la abogada de funeraria Inmemoria, Cher Castillo, el trámite es similar al realizado por los beneficiarios en territorio nacional y será necesario apoyarse en el Consulado del país residente con la documentación actualizada.

Con la aprobación del segundo retiro del 10% de las AFP aún quedan una serie de dudas en la ciudadanía, especialmente, de los chilenos que actualmente viven fuera del país. Resulta ser que la Ley 21.295 que autoriza este nuevo giro no hace diferencia alguna entre los compatriotas que viven actualmente en el territorio nacional y aquellos que se encuentran en el extranjero. No obstante ello, existe confusión en el procedimiento a seguir para efectuar sus respectivos retiros de fondos.

Para que un chileno que reside en el extranjero pueda retirar su 10% de la AFP debe cumplir con los requisitos comunes que establece la ley, es decir, que no tenga deuda de pensión alimenticia y además que no tenga un cargo público, tal como ministro de Estado o parlamentario, comenta Cher Castillo, abogada de funeraria Inmemoria.

¿Cómo debe hacerlo el beneficiario?

De conformidad a lo informado por la Asociación de AFP existen dos formas de realizarlo: una forma siempre será asistir al Consulado que corresponda y llenar un formulario que se encuentra disponible para descargar desde la página web de la misma asociación de administradoras de fondos de pensiones.

Según la experta, “este formulario debe ser autorizado por el Cónsul y luego el mismo Consulado se encarga de enviarlo a la Superintendencia de Pensiones en Chile, entidad que posteriormente lo remitirá a la AFP que corresponda para que gestione la solicitud y tome contacto con el afiliado-solicitante”.

¿El trámite se puede realizar de manera virtual?

Otro mecanismo que los chilenos residentes en el extranjero pueden utilizar en caso de no poder asistir al Consulado es a través de un enlace que está en la página web de la AFP.

En dicho link se completa un formulario y se realiza una declaración jurada sobre el impedimento de asistir. Además, el solicitante debe dar los datos de una cuenta corriente vigente en Chile y entregar un certificado de residencia actualizado, junto con tener al día la cédula de identidad y las claves de acceso, complementa Castillo.

¿Cómo se cobra el dinero una vez lista la solicitud?

En las AFP se han creado diversas formas de pago para chilenos que residen en el extranjero mediante transferencia electrónica a un banco ya sea de Chile o a una entidad financiera fuera del país.

Igualmente, se puede solicitar la creación de una cuenta 2 en la administradora de fondos de pensiones si no tuvieren cuenta en bancos. Esto quiere decir que la AFP genera una cuenta a nombre del solicitante y posteriormente éste puede pedir su pago.

Finalmente, la especialista recuerda que el monto también puede se cobrado por una tercera persona mediante una Carta-Poder que debe ser autorizada en el Consulado chileno que corresponda.

• Según la parlamentaria, quien representa la zona del siniestro, la quinta región ha sido una de las más golpeadas del país en los últimos años por lo que llamó a no llegar tarde con la ayuda, de cara a resolver adecuadamente todo tipo de catástrofes.

Los últimos incendios en la Región de Valparaíso, el más reciente ocurrido este martes en un sector del Cerro Cordillera y otro de gran alcance el viernes cerca de la Reserva Nacional Lago Peñuelas que obligó a evacuar a más de 25.000 personas de la comuna de Quilpué pone en evidencia la gran labor de bomberos frente a este tipo de emergencias, pero también lo exigidos al momento de actuar rápidamente.

Atenta a esta realidad, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, del distrito N° 6 al que pertenece Quilpué, no sólo reconoció el enorme esfuerzo de los funcionarios de dicha institución, sino que también solicitó al Ejecutivo destinar recursos frescos para apoyar su labor.

“Bomberos es una institución vital cuando se trata de apoyar eficazmente todo tipo de catástrofes y emergencias en el país. Ya lo vimos en los lamentables incendios que destruyeron casas y dañaron miles de hectáreas en la zona que represento, por eso quiero pedir al Gobierno que haga un nuevo esfuerzo y destine más recursos a bomberos para la adquisición de equipamiento”, dijo la parlamentaria oficialista.

Flores, quien ha sido una férrea impulsora por reivindicar los derechos de estos voluntarios, puso énfasis en la amplia ayuda que requieren las unidades de bomberos en Valparaíso, considerando el alto número de focos de fuego que se produjeron en los últimos dos años.

“Con el gigantesco incendio que tuvimos en Quilpué hemos visto la necesidad que tiene bomberos en todo orden, no solamente en cuarteles y carros, sino también en equipamiento para las emergencias de distinto tipo que requieren las compañías especializadas en la región, que es una de las más impactadas del país por emergencias como éstas”, subrayó la legisladora.

La diputada de Chile Vamos fue más allá y reparó en que “no esperemos a que pasen tragedias dantescas, aluviones o terremotos para gestionar a tiempo la inyección de recursos que son urgentes para que esta abnegada organización no se vea sobrepasada y pueda continuar desarrollando de manera profesional su trabajo como siempre lo ha sido”.

Según datos oficiales, entre julio de 2019 y junio de 2020 se produjeron 8.125 incendios que afectaron a 102.000 hectáreas, de los cuales más de 3.500 fueron intencionados y la mayoría se dieron en las regiones sureñas de Biobío y Ñuble y en la central de Valparaíso.

• Ven con buenos ojos la iniciativa del Gobierno para ayudar a la clase media, pero llaman a considerar ciertos aspectos antes de tomar esta decisión.

Recientemente fue promulgada la ley que establece la postergación del cobro de cuotas de créditos hipotecarios con garantía estatal. A raíz de la pandemia y crisis económica, muchas familias han enfrentado dificultades para pagar sus dividendos y es por eso que el Gobierno llegó a un acuerdo con los bancos para crear un mecanismo que facilite la postergación de este tipo de préstamos, incorporando garantías estatales sobre cuotas postergadas.

El mecanismo permitirá posponer hasta el 100% de seis dividendos, incluyendo cuotas que se hayan eventualmente postergado a partir de abril. El Fisco entregará una garantía por las nuevas cuotas retrasadas por las personas. Esta medida entregada por el Gobierno para cubrir las cuotas en caso de incumplimiento y ejecución de la hipoteca fue evaluada por dos expertos en el mercado financiero e inmobiliario, quienes en general la califican positivamente y aprovechan de realizar algunas recomendaciones.

“Tener más herramientas para planificar los flujos del año, sobre todo, después de las implicancias económicas de la crisis sanitaria, es positivo. Esta postergación le va a convenir a las personas que están con problemas de caja y no alcanzan a cubrir sus dividendos. Esta opción les permitirá incorporar en sus pagos mensuales el costo de este aplazamiento o dejarlo para el final del crédito”, explicó Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil.

Por su parte, el contador auditor y público de la Universidad de Santiago, Felipe Obal, aconsejó “postergar el pago de dividendo desde seis cuotas siempre y cuando éste no se convierta en un nuevo crédito, ya que significaría una sobrecarga financiera para el consumidor y no tendría ningún beneficio. Esta medida favorece de forma directa a las personas que se encuentran endeudadas por cinco años o más”.

Tips

El llamado de los analistas es a fijarse bien en los contratos y en conocer el costo final de la postergación. “Las personas deben tener la precaución de leer exhaustivamente los contratos antes de firmar y analizar bien lo que se está ofreciendo para poder discernir con claridad cuál es la mejor opción y si es que vale la pena acceder a este beneficio”, puntualizó  Felipe Obal, quien también es académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Siguiendo en el mismo contexto, Lecaros reparó que “hay que fijarse en el costo final de esta postergación y el interés que voy a terminar pagando en el largo plazo. Por ejemplo, había opciones al principio de la pandemia como las que ofrecía el BCI en que los meses de gracia tenían tasa costo cero para sus clientes, pero no todos los actores de la banca tienen las mismas políticas”.