Entre los condenados por DDHH hay 29 enfermos severos

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El Jueves 2 de Abril, el Ministro de Justicia Hernán Larraín envió un veto al “Proyecto de Ley humanitario” para permitir que los “reos de menor peligrosidad” con más de 65 años de edad y aquellos que presenten patologías crónicas puedan cumplir el resto de sus condenas en sus domicilios y de esta forma descomprimir las cárceles del país, en medio del escenario del Covid-19. Lo que busca Larraín es de este modo evitar que se siga adelante con el recurso enviado al Tribunal Constitucional por discriminación contra los condenados por delitos de Lesa Humanidad, principalmente aquellos que se encuentran en Punta Peuco.

Lo que sucede es que un grupo de senadores de Chile Vamos se opuso a aprobar este proyecto por discriminar a 22 reos que se encuentran en Punta Peuco y 7 en Colina I, ya que el proyecto de Ley, tal como ha sido enviado, los excluye mientras sí es aplicable a delincuentes violentos como los “primera línea” a quienes ya se les habría concedido el beneficio. Ante esta iniciativa, el ministro de Justicia en lugar de considerar esto optó por agregar nuevos tipos de delito por los cuales no se podría acceder al beneficio de pena conmutativa (asociación ilícita para narcotráfico, violencia intrafamiliar y por control de armas. De este modo el ministro intenta “empatar” la situación para que la decisión de no incluir a los reos por DDHH no pueda ser considerada discriminatoria.

Se trata de 29 personas en total, todos presentan enfermedades como bronquitis obstructiva crónica, cáncer de páncreas, cólon, demencia senil y alzheimer además de otras enfermedades.

Ante esta situación de discriminación, la Iglesia Anglicana de Chile ha presentado un Recurso de Amparo dirigido contra el Presidente Sebastián Piñera, el Ministro de Justicia Hernán Larraín, el subsecretario de justicia Sebastián Valenzuela, y el director nacional de Gendarmería Christian Alveal Gutiérrez, “al poner en grave peligro la vida de las referidas personas, todos adultos mayores de 65 años, con graves enfermedades de base, al rechazar la solicitud de modificación en la ejecución penal, conmutando su pena privativa de libertad por una reclusión domiciliaria total, o en subsidio, la posibilidad real de poder ser trasladados a sus casas a fin de no colapasar los hospitales o clínicas”.

Agregan que, al dejarlos expuestos al contagio en los centros penitenciarios, debido al estado de salud en que se encuentran y a su avanzada edad, se los está condenando a una probable pena de muerte.

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