Diputado (RN) Eduardo Durán pide al gobierno suma urgencia a modificaciones a Ley de Insolvencia y Reemprendimiento

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  • El parlamentario, quien presentó un proyecto con este objetivo, y evalúa incluir otros cambios, aseguró que muchas personas y empresas podrían salvar su situación al acogerse al proceso en mejores condiciones.

 

La pandemia por Coronavirus ha sido un duro golpe a la liquidez de grandes y pequeñas empresas en el país. Por estos días, una de las compañías estratégicas del país, Latam Airlines, debió tomar medidas de salvataje para no sucumbir financieramente. Decidió comenzar un proceso de reorganización de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU.

 

Pero si la aerolínea chilena no pudo con la crisis sanitaria la suerte de tantas pymes nacionales es aún más preocupante. Esto, porque durante mayo serían más de 200 empresas las que deberían cerrar sus operaciones de acuerdo a la consultora FK Economics. Además, de acuerdo a un informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) los trámites por procesos de liquidación de empresas en el período enero-abril de este año aumentaron 11,5%. En total, han sido 564 las solicitudes relacionadas a este procedimiento, las cuales se distribuyen con 48,6% en la Región Metropolitana y el otro 51,4% al resto del país.

 

Para evitar que estas dramáticas cifras aumenten, el Ministerio de Economía se encuentra evaluando reformar la Ley 27.720 ante la situación de insolvencia que están viviendo miles de emprendedores, pymes y personas producto del Coronavirus. En este contexto, el diputado de RN, Eduardo Durán, ingresó al Congreso una iniciativa para facilitar este proceso, exigir menos requisitos, y evitar así cualquier tipo de discriminación.

 

“La propuesta presentada en el Parlamento iría en línea con lo que ha planteado el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, quien comentó en la prensa que la iniciativa para modificar esta normativa incluye: facilitar el acceso, ahorrar los costos y ofrecer salidas más rápidas para que las personas y empresas se reinserten en la economía. El tiempo corre en contra para evitar una mayor cesantía y cierre de emprendimientos en este escenario de crisis sanitaria que asola a nuestro país y al mundo”, explicó el congresista.

 

Los pilares del proyecto son:

  • Modificación de los requisitos de admisibilidad del procedimiento como, por ejemplo: relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales.
  • Reducción del monto para declararse en quiebra, ya que actualmente no se condice con la realidad del país. Cambiar el monto de 80 UF (casi $2,3 millones) a tres sueldos mínimos mensuales líquidos (cerca de $760 mil) para evitar la discriminación que hoy se produce con las personas con menos recursos, considerando que más de la mitad de los trabajadores vive con $400 mil al mes.
  • Prohibición expresa de todo tipo de discriminación arbitraria. Con esto se busca evitar todo tipo de discriminación financiera a quien se ha acogido a la ley, especialmente, luego de dictada la resolución de término, no siendo ni pudiendo ser una vía de justificación de ningún tipo de trato menos favorable.

 

El parlamentario oficialista fue más allá y sostuvo que ante la incertidumbre de cuánto durará la pandemia y su impacto en las personas y las empresas es que se vuelve aún más necesario evaluar otras modificaciones.

 

“Debería analizarse expresamente el tema del crédito CAE. Legalmente hablando, dicho crédito debería estar dentro del proceso de Liquidación por propio efecto de la sentencia, pero la Corte Suprema buscó una alternativa para no ser considerados”, precisó el diputado.

 

En lo que respecta a la reorganización que es otro tema aparte, Durán estudia la posibilidad de incluir a los trabajadores y el Fisco para que estos verifiquen sus acreencias, ya que actualmente sólo pueden hacerlo los acreedores garantizados (prenda e hipoteca y valistas).

 

Por último, según el parlamentario, sería pertinente una modificación legal a fin de que las audiencias puedan ser virtuales, pues hoy existe el acta de la Corte Suprema y la disposición de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, pero al volver a la normalidad podría ayudar a ser un proceso más eficaz y rápido.

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