Degradación de las ciudades atentando contra los DDHH de las mayorías

por Enrique Romo

Produce una gran impotencia observar como turbas de -mayoritariamente- jóvenes encapuchados, se han organizado para crear caos y destrucción en nuestras ciudades, pero preferentemente en Santiago, en los alrededores de la Plaza Italia. Y aclaremos, estas manifestaciones que la izquierda llama “pacificas”, impiden que las personas mantengan una forma de vida normal, interrumpiendo el flujo de sus negocios, impidiendo el libre transito en las calles, amenazando la integridad física de peatones y conductores de vehículos, negándoles el uso del transporte público, dejándoles a merced de funas y otros hostigamientos violentos, interfiriendo en el traslado normal a sus lugares de trabajo, destruyendo y severamente dañando propiedad privada y pública, e infligiendo gastos adicionales (que salen del bolsillo de los contribuyentes) para mantener los lugares públicos dañados en buen orden. En suma, una masiva violación de los derechos humanos de los chilenos.

La destrucción sistemática de veredas para “fabricar” proyectiles que lanzan contra propiedades y las fuerzas de orden, hace que los pasajes públicos sean peligrosos y es un daño enorme a los presupuestos de las ciudades. Aun así, el alcalde de Santiago, el Sr. Felipe Alessandri, de manera desafiante ha declarado que todos esos daños serán reparados y que la ciudad será reconstruida para servir de escenario pacifico a la gente respetuosa de la ley.

Sin duda una declaración de principios loable, excepto que, si esos daños fueran producidos por una persona aislada, no cabe duda que la municipalidad se querellaría y haría pagar la destrucción a ese individuo, sorprendido violando la ley. Cuando se “amenaza” a los violentistas barbáricos que asolan la ciudad, independiente de su edad, no se les puede “amenazar” con “reconstrucción’ y “reparación” de los daños. Esa “amenaza” no hace nada para persuadir a los vándalos de no continuar en su afán destructivo, destinado a intimidar a la mayoría de las personas y de presionar para realizar cambios que la mayoría no quiere o simplemente no quiere a costa de la destrucción causada por estos enjambres.

Como el alcalde no tiene potestad ante la policía encargada de controlar los desordenes vandálicos, no puede proferir una amenaza real de meterlos presos y hacerles pagar los daños. El alcalde tampoco tiene potestad ante los fiscales ni el sistema de justicia, encargado de procesar tales actos para alcanzar veredictos que se ajusten al daño realizado.

¿De qué sirve entonces enfrentar las cámaras con actitudes desafiantes, si se es impotente ante tales desmanes y barbaridades?

Para que hablar de las autoridades centrales que son las encargadas de asegurar que la justicia funcione, y que las fuerzas de orden realmente pongan orden. En realidad, no pasa nada…y sin embargo… y sin embargo… cualquier daño físico que pudiera ocurrirle a alguno de estos vándalos como resultados del control ejercido por la policía, resulta en chillidos que se oyen a miles de kilómetros de distancia de parte de los mismos vándalos y de instancias tan sesgadas como inútiles, como son el INDH y la Protectora de la Niñez.

Sin embargo, lo que se esta ignorando a plena luz de día es que esta inacción de parte de las autoridades, la ausencia de castigos ejemplares con cargos monetarios compensatorios adecuados, son ejemplos de abandono de los deberes de la autoridad y, al mismo tiempo violan los derechos humanos de los ciudadanos pacíficos por OMISIÓN. Sí, por OMISIÓN que es tan serio y grave como por COMISIÓN en casos donde haya persecución y maltrato evidente de individuos sobre la base de su ideología política, por ejemplo. Claro está, esto NO se refiere a acciones violentistas que estas personas pudieran cometer, pues estas no entran en el marco de respeto de los derechos humanos (algo sobre lo que el INDH insiste majadera y equivocadamente), sino son más bien parte de las obligaciones de control y legitima represión que el Estado tiene que ejercer para proteger los derechos de la mayoría pacifica de la población en contra de asaltos y violencia desmedida y peligrosa. Y en términos como los que señalan más arriba.

Como ciudadanos que estamos despertando ante una pesadilla barbárica de una izquierda extrema que pretende desarmar al país y apoderarse de la nación chilena por medios totalmente ilegítimos como son las amenazas a las personas, la mentira, y la corrupción narco violentista, tenemos que entender que parte de la lucha que se tiene que dar, parte por reclamar una lectura distinta pero correcta de los derechos humanos, cosa que ha quedado a la deriva y el abandono, pero que urge retomar y establecer como estándar de base para una sociedad pacifica y prospera que anhela la gran mayoría de esta país.

Los chilenos necesitamos internalizar esto y utilizarlo en todos los contextos donde sea necesario: en el trabajo, en discusiones con otras personas, en reclamos a la autoridad, en declaraciones a la prensa, en la educación de los jóvenes, en los templos, en las reuniones comunales, en las reuniones de apoderados, en las juntas de administración, en suma, en todos los contextos donde se pueda sembrar una nueva forma de conciencia que será la base de la convivencia para el futuro de Chile.

Enrique Romo

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