22 octubre 2021

¿Crisis Social o Estallido Delictual?

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Nos preguntamos por qué 43 de los 44 detenidos en la Zona Cero en el marco del Estallido Terrorista o Revolución del 18 de Octubre salieron en libertad, luego de una brillante estrategia “Romana” de Carabineros, que rodeó a los violentistas y logró su detención sin precedentes. ¿Fue acaso culpa de la jueza que tomó el control de detención? No. ¿ Fue un error en el procedimiento policial? No, tampoco. ¿Se les violaron los ya tan manoseados DD.HH. a estos criminales ideologizados?, nuevamente tropezamos con una negativa.

¿Por qué? Porque la culpa de que estos terroristas salgan en libertad la tiene el Senado de Chile, el cual aprobó en definitiva una Ley “ Antiencapuchados”, la 21208, que pena las conductas como las que estaban ejecutando estos 44 detenidos, con sanciones realmente bajas.

Por ejemplo tenemos el artículo 268 septies del Código Penal que sanciona a los que hacen barricadas y les exige que estas interrumpan “completamente” la circulación de vehículos o personas y le asigna a este delito una pena de 61 días a 18 meses, de presidio menor en su grado mínimo. Si la persona delinque por primera vez el fiscal los puede suspender o si acepta responsabilidad dejarlo con una pena remitida de 41 días. ¿Qué nos dice esto?, que para el Senado este no es un hecho grave.

Tener nuestras ciudades a merced de terroristas que interrumpen con violencia su funcionamiento es menos grave que varios tramos del hurto o delitos de bagatela. Incluso, si se trata de criminales que están arrojando piedras u otros elementos contundentes, la pena va desde los mismos 61 días a 3 años; la típica pena de 2 grados, ejercicio inútil de punibilidad supuestamente agravada, que tanto gusta al legislador chileno.

En la práctica el criminal se va tranquilo para su casa con una pena mínima, remitida o suspendida. Entonces es por eso que la jueza del caso, Carolina Gajardo no tenía ninguna herramienta para dejar a estos guerrilleros en prisión preventiva y no tiene más alternativa que dejarlos ir. Ello si vemos como funciona la prisión preventiva en Chile al tenor del artículo 140 del Código Procesal Penal, que nos dice qué elementos debe tener el juez presente para determinar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; la gravedad de la pena asignada al delito (delitos con bajas penas, de poca monta, hasta ciertos hurtos tienen más pena); el número de delitos que se le imputare (en este caso era sólo uno) y el carácter de los mismos (los atentados a la autoridad y desordenes públicos parecen no ser relevantes para el legislador, no así el tráfico de drogas, delitos contra la propiedad o sexuales); la existencia de procesos pendientes (muchos primera línea son primerizos), y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla (una turba enorme puede ser calificada como “grupo”, pero es lejos el elemento más débil a considerar.

Por otro lado, el artículo señala que “Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra (para eso la pena debe ser mayor a la de 5 años y un día); cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no (difícil ya que los primera línea muchas veces son primerizos, de hecho en este caso el único que quedó en prisión preventiva lo fue por tener antecedentes); cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otras (lo mismo que lo anteriormente dicho), en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley. (idem anterior)”

Es por ello que seguiremos viendo entrar y salir por la puerta giratoria del Poder Judicial a estos terroristas, que para haberles echado el guante basta con reformar la ya existente Ley 18.314, pero ello exigiría que el gobierno se sincerase y llamara a esta catástrofe nacional por su nombre, Terrorismo.

Ignacio Herrera Mery
Abogado Universidad de Chile.

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