Corte dictamina que empleados públicos deben volver a trabajar

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El Gobierno anunció la semana pasada que se instruiría el retorno gradual de los empleados públicos al trabajo presencial, ante lo que la Anef (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) se opuso terminantemente arguyendo que “esta medida amenaza el derecho a la vida e integridad psíquica y física de los funcionarios públicos“.

Bajo este mismo argumento los empleados públicos interpusieron cinco recursos de protección que buscaban actuar contra la circular del Gobierno. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por medio de fallos divididos rechazo estas presentaciones, declarándolas inadmisibles.

Los recursos fueron interpuestos por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación de Abogadas Feministas, la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Federación de Asociaciones de Salud Pública.

El fallo dictado por el tribunal compuesto por los ministros Jessica González, Rafael Andrade y Dobra Lusic determina que “lo reclamado recae sobre una decisión de la administración central en ejercicio de sus funciones, cuyo contenido y aplicación del mismo deberá ser discutido por los mecanismos jurisdiccionales correspondientes”.

Mientras tanto en Concepción la Anef también presentó un recurso similar, que igualmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

Los empleados fiscales deben retornar a sus lugares de trabajo dado que continúan recibiendo un sueldo promedio de 1 millón quinientos veinte mil pesos sin estar cumpliendo con sus labores. Usuarios de los servicios del Estado reclaman que todo trámite hoy, o tarda más del doble del tiempo establecido, o sencillamente no se realiza ya que además las oficinas públicas, presenciales o virtuales, no están atendiendo todos los días como sucede, por ejemplo, con el Registro Civil.

Existen situaciones muy complicadas para  los usuarios, nos señala Solange Torres que solicitó hace prácticamente dos meses un certificado de “similitud de nombres” a esa repartición. “Ese trámite puede tardar hasta dos semanas, de acuerdo a lo que ellos mismos indican. Sin embargo ya han pasado casi 60 días desde que se presentó y no solamente no está el documento solicitado, sino además nadie contesta los teléfonos para conocer los avances del proceso”.

El retorno gradual, tal como está establecido en la circular del Gobierno, se hará con sistemas de turnos tal como ocurre en muchas empresas del sector privado, para resguardar la seguridad de los funcionarios. Aun así los empleados fiscales siguen negándose a regresar al trabajo y se encuentran realizando fuertes campañas contra el Gobierno por las redes sociales y los medios, además de llamados a paro nacional.

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