24 septiembre 2021

¿Control o Dictadura? Contraloría valida ingreso ilegal a domicilios bajo el pretexto de la pandemia

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El ente autoriza que personal de la Seremi de Salud pueda ingresar a los domicilios sin previo aviso ni orden judicial, pasando por encima de todo orden jurídico en el país.

 

El viernes 16 de abril, durante la noche, la Contraloría General de la República estableció, por medio de un dictamen, que los funcionarios de las Seremis de Salud en el país están facultadas para ingresar a cualquier recinto privado -incluidos los domicilios particulares- con el objeto de realizar fiscalizaciones sanitarias. Esta facultad estará vigente mientras dure el estado de excepción y se puede ejecutar aun si los propietarios u ocupantes del inmueble no les otorgan autorización, y no requieren orden judicial, según determinó el Contralor Jorge Bermúdez.

La única limitante establecida por la Contraloría es que estos funcionarios solo podrán acceder a los recintos privados acompañados por la policía (PDI o Carabineros de Chile).

Esta resolución responde a requerimientos efectuados por el senador Alejandro Navarro y los representantes de la “corporación de los derechos del pueblo” Raúl Flores Castillo y Gino Giuras Viguera “solicitando un pronunciamiento sobre la facultad que, en el contexto de la emergencia sanitaria generada por COVID-19, tendrían las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud para ingresar a recintos privados a fin de efectuar fiscalizaciones sanitarias sin la autorización de sus moradores, con auxilio de la fuerza pública”, señala el dictamen.

En el dictamen, el contralor agrega que “En este contexto, dado que ha sido el propio legislador el que ha encomendado a la autoridad sanitaria la fiscalización del cumplimiento de la normativa sanitaria, otorgándole la facultad expresa de inspeccionar cualquier lugar o recinto, con auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario, cumple señalar que no se advierte irregularidad en el ingreso de funcionarios de una secretaría regional ministerial de salud a recintos privados, sin la autorización de sus dueños, con sujeción a la citada normativa”.

El punto 5 del Artículo 19 de la Constitución de la República de Chile indica expresamente que se garantiza “la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.

Con este dictamen, el Estado se convierte en un régimen autoritario, que prescinde de las autorización de jueces para ingresar y allanar domicilios. Una práctica común que solo se da en países gobernados por dictaduras. La resolución de la Contraloría no establece límite alguno al actuar de los funcionarios de la Seremi de Salud. La autorización incluso autoriza a que estos funcionarios puedan solicitar apoyo para ejercer esta tarea a funcionarios de otros servicios públicos, transformando de este modo a cualquier empleado fiscal en un agente del Estado autorizado a realizar allanamientos en los domicilios sin previa autorización judicial.

VER DICTAMEN COMPLETO DE LA CONTRALORÍA:

contraloria_allanamiento_no_judicial

 

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